La comisión técnica que analiza en Bolivia los cambios a la Ley 1689 de Hidrocarburos desestimó la posibilidad de subir las regalías petroleras para el Estado de 18 a 50 por ciento, como pretendían los impulsores de la protesta que derrocó en octubre a Gonzalo Sánchez de Lozada, y propone a cambio buscar un punto intermedio. Los miembros del comité señalan que será difícil llegar a ese 50 por ciento reclamado en las actuales circunstancias, pero además advierten que, de hacerlo, el país "corre riesgo de perder competitividad regional en materia hidrocarburífera, pero también puede ahuyentar al capital privado internacional".
