En el siglo IV antes de Cristo, cuando el actual poder dominante de Occidente apenas balbuceaba en Roma, la monarquía británica dictó las leyes «Molmutinas”, que declaraban sagrados los templos, sus rutas de acceso empedradas y los arados de los campesinos.
Más de dos milenios después, la agricultura de los europeos y de sus descendientes estadounidenses sigue siendo en apariencia un santuario, como el que marcaban esas normas cuyo nombre refiere al rey Dunvallo Molmutius, y goza de inmunidad ante las doctrinas del libre comercio que el mismo Occidente propaga con la globalización.
Por ejemplo, el comisario para la Agricultura de la Unión Europea (EU), el alemán Franz Fischler, acaba de rechazar la posibilidad de una reforma más profunda de la Política Agraria Común (PAC), el régimen de subvenciones que gratifica a productores y exportadores ineficientes del también llamado Bloque de los 15.
Estados Unidos, que levantó la semana pasada las barreras que había impuesto a las importaciones de acero, mantiene en cambio intacta su ley Agraria, un régimen de subsidios a los productores rurales con algunas semejanzas al proteccionismo agrícola europeo.
Esa renuencia de la UE y Estados Unidos, así como de Japón y otros países industrializados, a desarmar el mecanismo de casi 1.000 millones de dólares diarios de protección a sus agricultores amenaza con derrumbar todo el sistema multilateral de comercio construido en las últimas décadas.
Todavía se encuentran estancadas las negociaciones de la llamada Ronda de Doha, acordadas en la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de noviembre de 2001 en esa capital de Qatar y con la liberalización de la agricultura como uno de sus principales objetivos.
El sonado fracaso de la V Conferencia Ministerial de la OMC, realizada en septiembre en el sudoriental balneario mexicano de Cancún, obedeció primordialmente a los desacuerdos sobre la agricultura. Ese tema sigue dominando las negociaciones posteriores a esa reunión.
El diplomático uruguayo Carlos Pérez del Castillo, que preside este año el Consejo General de la OMC, admitió que los 146 países miembros del sistema multilateral reconocen que el logro de resultados positivos en la negociación agrícola favorecerá la concertación de acuerdos en otros temas.
Después del fiasco de Cancún, las delegaciones redujeron las negociaciones a un puñado de cuestiones estratégicas, como son la agricultura, aranceles aduaneros para la industria, el algodón y los llamados temas de Singapur, que incluyen inversiones, competencia, facilitación del comercio y transparencia en las compras gubernamentales.
Pérez del Castillo aceptó esta semana que también están pendientes otros asuntos del programa de Doha que guardan estrecha relación con el desarrollo e interesan en particular a los países del Sur, como son la aplicación de acuerdos comerciales anteriores y el trato especial y diferenciado para las naciones más pobres.
Pero la cuestión agrícola sobresale y en particular la eliminación de todas las formas de subvenciones a las exportaciones es esencial, dijo el delegado uruguayo al reclamar el establecimiento de un plazo para alcanzar ese objetivo.
La ejecución de esa reforma, encabezada por la UE y Estados Unidos, es fundamental para la reducción de la pobreza, pues tres cuartas partes de los indigentes del mundo dependen de la actividad rural, comentó Michael Bailey, asesor político de la organización no gubernamental Oxfam, con sede en Gran Bretaña.
La cuestión de la agricultura volverá el año próximo al comité de la OMC especializado en la materia. Los estados miembros de la institución convinieron reanudar las actividades de los grupos de negociación por tema, que habían sido suspendidas después de Doha.
También volverá a reunirse el comité de negociaciones comerciales, el organismo que supervisa el proceso global de cada ronda. Todo ese mecanismo estará otra vez en movimiento a fines de febrero o en marzo, cuando hayan sido designadas las nuevas autoridades, estimó Alfredo Chiaradia, negociador de Argentina.
La reanudación de los grupos negociadores puede acercar más las posiciones de las partes, pronosticó a su vez el representante de Brasil, Luiz de Seixas Correa, quien coordina en Ginebra las actividades del llamado Grupo de los 20 (G-20) países en desarrollo, surgido antes de Cancún para oponerse a la alianza de europeos y estadounidenses en agricultura.
Seixas Correa reclamó un proceso negociador más interactivo, con menos consultas y redacción de textos, y una definida actitud del trueque al estilo "te doy esto y tu me das eso”.
Respecto de los temas de Singapur, Pérez del Castillo propuso que la negociación se limite a la facilitación del comercio y la transparencia en las compras gubernamentales, excluyendo inversiones y competencia.
Sin embargo, un grupo de 44 naciones en desarrollo, entre las que figuran los 29 países menos avanzados, reclamó también esta semana la eliminación de las cuestiones relacionadas con las compras gubernamentales.
Los restantes países son Botswana, China, Cuba, Egipto, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Malasia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.
Otra organización no gubernamental con sede en Gran Bretaña, el Movimiento por el Desarrollo Mundial (WDM), reclamó a la Unión Europea que desista para siempre de todos los temas de Singapur.
En cambio, el bloque europeo debe presentar una posición que cumpla con sus promesas de una ronda de negociaciones fructífera para el desarrollo, dijo David Timms, vocero de WDM.
