El Congreso de Colombia va camino de aprobar un proyecto antiterrorista que da a los militares amplias potestades represivas, pese a que los críticos insisten en que facilita graves violaciones a los derechos humanos y viola tratados internacionales firmados por el país.
Entre las facultades previstas para las Fuerzas Armadas por la iniciativa antiterrorista del Poder Ejecutivo, cuya aprobación parlamentaria está prevista para este martes, están las de detener personas, allanar domicilios y registrar e interceptar comunicaciones sin orden judicial.
”Por simple sospecha y sin orden judicial, cualquier persona podrá ser detenida por las fuerzas militares en los cuarteles hasta por seis días”, sin controles judiciales ni posibilidad de apelar al recurso de habeas corpus, dijo a IPS una fuente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que pidió reserva de su nombre por razones de seguridad.
Las autoridades militares también tendrán poderes de policía judicial para someter a los detenidos a interrogatorios y realizar censos o registros ”sobre información íntima de todos los habitantes del territorio”, apuntó.
El tratamiento parlamentario del proyecto, presentado como una herramienta para hacer frente a la violencia de organizaciones armadas, se realizó según la CCJ ”de manera forzada y con vicios de procedimiento”.
En ese texto, el gobierno definió como terrorismo la comisión de actos de violencia indiscriminada llevados a cabo por esos grupos, que infunden terror en la población.
La CCJ sostuvo en un comunicado de noviembre que el proceso de aprobación del proyecto, que en esa oportunidad pasaba por su sexto debate en la Cámara de Diputados, fue ”antidemocrático e impuesto por quienes querían aprobarlo a costa de lo que fuese”.
El incidente más escandaloso ocurrió el 29 de octubre, cuando la plenaria de esa Cámara estaba a punto de decidir que el proyecto se archivara y la presidencia de ese cuerpo decidió levantar la sesión por ”falta de compostura” de los opositores a la iniciativa.
Entre esos opositores hay legisladores del mayoritario Partido Liberal, por opinar que el proyecto representa un retroceso en materia de libertades ciudadanas; del izquierdista Frente Social y Político (FSP), y del centroizquierdista Polo Democrático Independiente, por considerar que no es adecuado para enfrentar el terrorismo.
En el último debate sobre el asunto en comisión del Senado, la propuesta contó con 134 votos a favor y 35 en contra.
El senador Carlos Gaviria, del FSP y ex magistrado de la Corte Constitucional, afirmó que la iniciativa viola acuerdos internacionales suscritos por Colombia, y que ”no es necesario que el Estado caiga en el terrorismo”.
En opinión de Gaviria, la Constitución otorga facultades a los poderes Ejecutivo y Legislativo para dictar normas contra el terrorismo sin que se desconozcan los derechos fundamentales.
El director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, afirmó en una carta enviada al Congreso que las medidas permanentes que el gobierno pretende adoptar contra el terrorismo son incompatibles con ”las normas internacionales” que Colombia se ha comprometido a cumplir.
Según Frühling, otorgar funciones de policía judicial a miembros de las Fuerzas Armadas es incompatible con los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, consagrados en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos firmados por Colombia.
Ante esos cuestionamientos, el presidente Alvaro Uribe respondió que ”está bien escuchar al Comisionado y hay que seguir examinando el tema con ellos, pero yo aspiro a que simplemente no adopten la fácil posición de atravesarse, sino que nos ayuden a encontrar caminos”.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) también sostuvo en un comunicado de noviembre que el proyecto vulnera las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos y ”constituye un desacato de las recomendaciones que la comunidad internacional ha dirigido a las autoridades colombianas”.
La CIJ coincidió en que atribuir a los militares tareas de policía judicial a las Fuerzas Militares viola ”normas internacionales sobre protección a los derechos humanos”, así como ”el compromiso adquirido por el Estado colombiano con la Declaración sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Si se aprueba la iniciativa, el Estado colombiano no cumplirá sus obligaciones de prevenir la violación de los derechos humanos de los civiles; realizar investigaciones independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares, detalló.
También se vería obstaculizado el cumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a un juicio justo, con todas las garantías judiciales, ante un tribunal independiente e imparcial; y la de garantizar la existencia y efectividad de un Poder Judicial independiente e imparcial, agregó la CIJ.
La organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional también advirtió al Congreso que de aprobarse la iniciativa se vería menoscabado ”uno de los pilares fundamentales en la protección de los derechos humanos en Colombia”.
Según la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en el país se han registrado en las dos últimas décadas 6.334 desapariciones forzadas de personas en casos en los que están involucrados miembros de la fuerza pública.
