ARGENTINA: La minería, filón para la polémica

La minería en Argentina fue una giganta dormida hasta principios de los años 90, cuando un grupo de empresas extranjeras la despertó de un sacudón. Ahora, vecinos de los yacimientos se debaten entre el empleo y el ambiente.

En 1990, eran sólo siete las empresas mineras radicadas en un país que alberga, según datos oficiales, reservas mineras por valor de 55.000 millones de dólares. Para 1998, el número de firmas se había multiplicado por 10. En el medio, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) había lanzado un conjunto de leyes que favorecían las inversiones.

El marco legal favorable, el enorme potencial geológico y la energía barata, conformaron un imán para las inversiones, que crecieron durante la década de cuatro a 500 millones de dólares anuales, en promedio. Con un premio adicional para los inversores: la ausencia de pasivo ambiental. Aún no había nada que mitigar.

Este último beneficio se consumió con las primeras obras, y ahora la resistencia de algunas comunidades es incluso previa a la inauguración de los proyectos. Una nueva Red de Comunidades Afectadas por la Minería reclama que se anulen las leyes que promovieron las inversiones y que se prohíban algunas explotaciones en curso.

Un dirigente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) admitió en diálogo con IPS que algunos proyectos del sector contaminan, pero apuntó que también lo hacen otras industrias, y que en la minería ”hay normas para minimizar los riesgos y para mitigar si se produce algún daño”.

”La minería tuvo algunos accidentes en el mundo, y por eso tenemos reglas para el uso seguro del cianuro, que se utiliza en la extracción de oro, pero si se piensa en prohibir una actividad por el riesgo de accidentes, entonces deberíamos prohibir la fabricación de automóviles”, alegó la fuente, que pidió no ser identificada.

Las constantes denuncias contra grandes empresas mineras por el negativo impacto social y ambiental de sus proyectos resolvieron al Banco Mundial a encargar a un grupo de organizaciones no gubernamentales un estudio sobre industrias extractivas, a fin de condicionar el financiamiento de algunos de sus planes de inversión.

El informe, titulado ”Minería: Quiten las manos de nuestros recursos naturales”, es elocuente desde el título y será presentado a fines de este mes en Washington a las autoridades del Banco. Allí se resume la resistencia de las comunidades locales a muchos de estos proyectos en el mundo, por su carga de contaminación ambiental.

El estudio, dirigido por el ex ministro de Ambiente de Indonesia, Emil Salim, señala además que la industria minera dista mucho de contribuir a mitigar la pobreza y el desempleo, y en cambio suele avasallar los derechos humanos, y en especial los pueblos indígenas cercanos a yacimientos que albergan riquezas minerales.

En Argentina, la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y la Ley de Protección Ambiental fueron las principales normas para garantizar las inversiones de numerosas multinacionales, a las que se recibió con los brazos abiertos aunque habían sido acusadas de contaminar en sus países de origen.

Tributación sin cambios por 30 años, exenciones de impuestos a la importación de bienes de capital e insumos, multas irrisorias por contaminación y un tope de tres por ciento para el pago de regalías conformaban la fórmula de un negocio redondo para las compañías que llegaron en avalancha en los años 90.

Actualmente hay unos 80 proyectos mineros en etapa de exploración, explotación o producción. La mayoría de los yacimientos están ubicados en el eje de la Cordillera de los Andes, el límite con Chile, desde Bolivia hasta el extremo sur del país, y al menos la mitad corresponden a metales, principalmente oro, plata y cobre.

Además, en el último año el precio del oro registró una importante alza, lo que otorgó a ese metal un atractivo adicional para las empresas. La cotización de una onza (32,1 gramos) de oro llegó a menos de 280 dólares tras la crisis financiera del sudeste asiático a mediados de los 90, pero actualmente es 400 dólares.

En paralelo a todas estas ventajas, las exportaciones mineras de Argentina, equivalentes en valor a las tradicionales de carne vacuna, pasaron de 15 a 1.700 millones de dólares en el periodo 1993-2002.

Los proyectos mineros generan empleo y movilizan la actividad económica en regiones marginales de provincias involucradas. Pero aun así comenzaron a surgir cuestionamientos por daños que las empresas provocan en el agua, el aire y el suelo, y en algunos casos la resistencia se planteó antes del comienzo de las obras.

Este mes se realizó en Buenos Aires el I Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería” al que asistieron delegaciones de las septentrionales provincias de Catamarca y Tucumán, las centrales de Córdoba y San Juan, y las australes de Chubut y Rio Negro.

”Queremos mantener a la población alerta y generar conciencia sobre la fragilidad de algunos de nuestros ecosistemas”, resumió a IPS Javier Fernández, del Movimiento Aninuclear de Chubut, que participó de la cita en la capital argentina.

Allí se denunciaron casos de contaminación minera y episodios de hostigamiento a activistas, y se creó la Red de Comunidades Afectadas por la Minería.

Ese grupo incluye a representantes de las seis provincias presentes en el encuentro y de otras cinco: las septentrionales de Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero, y las australes de Neuquén y Santa Cruz.

Pero a la hora de ponerse de acuerdo en el pedido de anulación de las leyes mineras de los años 90, el consenso fue difícil de alcanzar. Y es que en algunas regiones, los proyectos crearon gran cantidad de puestos de trabajo, como por ejemplo en Catamarca.

Esas comunidades prefieren que se aumente el pago de regalías por parte de las empresas, y que se destinen fondos para mitigar el daño ambiental. Es el caso de muchos de los que viven y trabajan cerca de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, la mayor mina de oro y cobre de Argentina.

”Sabemos que la minería involucra recursos agotables, pero justamente por eso se procura ayudar a los trabajadores para que al finalizar las obras puedan emprender otros proyectos, aprovechando las redes de agua o electricidad instaladas para la explotación, y a través de dinero en efectivo como hizo Bajo de la Alumbrera”, aseguró el directivo de CAEM.

Esa mina, explotada por el consorcio australiano Mount Isa Mining, en asociación con empresas chilenas, inglesas, estadounidenses, canadienses y argentinas, es la primera reserva de oro de América Latina, con una producción anual de 20 mil kilogramos de ese metal precioso, y 190 mil toneladas de cobre.

Hubo más de 4.000 personas empleadas directamente en la construcción, y unos 1.000 aún trabajan en la empresa. Pero técnicos de la Universidad de Catamarca ya advirtieron que las reservas de agua subterránea de la zona están contaminadas por los productos químicos usados en el proceso de extracción del mineral.

En la vecina provincia de San Juan hay dos proyectos más nuevos. Uno de ellos es Pascua Lama, que Argentina lleva adelante junto con Chile. Allí la empresa inversora es la canadiense Barrick Gold Corporation, que también tiene la concesión de otro yacimiento cercano, el de Veladero, en la misma provincia.

”Pascua Lama y Veladero juntos representan uno de los distritos auríferos no desarrollados más grandes del mundo”, se entusiasma Raymond Threlkeld, vicepresidente de desarrollo de Veladero. Sin embargo, la empresa ya fue multada por contaminación, antes de iniciar la etapa de explotación del mineral.

Marcos Barragán trabajó en un informe de Impacto Ambiental de Barrick. Pero al alertar a la empresa que lo había contratado sobre la contaminación del agua y los defectos en el tratamiento de residuos, la firma lo despidió y desde entonces trabaja con la Comisión por la Vida contra la Contaminación Minera de San Juan.

Con la información aportada por Barragán, que reveló además contaminación de la misma empresa en Canadá, Chile y Perú, el Consejo de Minería de San Juan confirmó los daños en el suelo y el agua e impuso a Barrick una multa de unos 80.000 dólares, además de intimarla a reparar los efectos ambientales nocivos de su actividad.

En Chubut, en cambio, la comunidad de Esquel, de unos 30.000 habitantes, emprendió una campaña de resistencia a un proyecto minero desde antes de que comenzara la explotación del oro, para exigir que no se autorizara el proyecto de la transnacional Meridian Gold, que ya había realizado algunas perforaciones.

En marzo, los vecinos juntaron 7.000 firmas para convocar a una consulta popular sobre el proyecto de Meridian Gold, que prometía crear unos 300 puestos de trabajo. Autoridades provinciales, municipales y comerciantes estaban a favor de la mina, pero 81 por ciento de la población votó No.

El empresario de CAEM consultado por IPS explicó que en Esquel, donde el proyecto está detenido, la población fue ”atemorizada” por los riesgos del cianuro y por la presumible contaminación sonora que provocarían las detonaciones, en una ciudad que vive del turismo en invierno y verano.

Archivado en:

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe