Productores rurales de todo el mundo presionan para consolidar el concepto de soberanía alimentaria como un desafío a las políticas agrícolas de la OMC, y advierten que la supervivencia de millones de agricultores está amenazada.
La red internacional de pequeños agricultores Vía Campesina insiste en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la necesidad usar el concepto para defender los derechos de los cultivadores.
La soberanía alimentaria es para Vía Campesina el derecho de los pueblos a delinear su propia política agrícola y alimentaria, y a proteger y regular la producción y el comercio agrícola interno.
Los campesinos señalan que el respeto de la soberanía alimentaria es la única forma de aliviar la pobreza y asegurar un desarrollo sustentable en el Sur.
La soberanía alimentaria implica garantizar el derecho a contar con todos los recursos necesarios para producir comida, mayor acceso a la tierra y más control sobre ésta y sobre las semillas, el agua, los créditos y los mercados.
Mientras, la red Seguridad Alimentaria de los Pueblos, una coalición de organizaciones no gubernamentales del Norte y del Sur, divulgó esta semana un comunicado en el que demanda que los temas agrícolas y de alimentación sean excluidos de la agenda de la OMC (Organización Mundial del Comercio).
Los productores proponen crear una red internacional alternativa para negociar una producción sustentable y el comercio internacional de productos agrícolas.
Millones de granjeros en el mundo en desarrollo han estado trabajando duro en los últimos 10 años para consolidar el concepto de la soberanía alimentaria, destacó el analista Raj Patel, del estadounidense Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo FoodFirst (Primero Alimentos).
Un informe divulgado por ese instituto señala que los programas de las agencias internacionales para consolidar la seguridad alimentaria de los países pobres no hacen nada para garantizar que los agricultores tengan tierras productivas o que obtengan precios justos para sus cosechas.
El concepto de seguridad alimentaria quiere decir que cada niño, cada mujer y cada hombre deben tener la certeza de que podrán comer lo suficiente cada día, pero no dice nada de dónde viene esa comida o cómo fue producida, señaló el autor del informe, Peter Rosset.
Por esto, en las negociaciones de la OMC, o las que están en marcha para crear el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Washington puede decir sin temor que, para que los países pobres tengan seguridad alimentaria, es mejor que estos importen alimentos de Estados Unidos y no que los produzcan, señaló.
La idea de conformar el ALCA, un mercado común que abarcaría a 800 millones de consumidores desde Argentina hasta Canadá y que debería entrar en vigencia a fines de 2005, es criticada por los representantes de la sociedad civil.
En su opinión, el acuerdo dará a las empresas estadounidenses y canadienses pleno acceso a las economías pobres de América Latina, sin garantías para proteger el ambiente, los derechos de los trabajadores ni los programas sociales locales.
El Banco Mundial, cuya influencia es clave en el diseño de las políticas de los países del Sur, identifica tres dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos, capacidad económica para su adquisición y estabilidad de la oferta.
El organismo multilateral considera que el libre comercio es la única forma de lograr la seguridad alimentaria en estas tres dimensiones.
Patel discrepa con esta interpretación, y señala que el libre comercio tal cual lo expone el Banco Mundial no existe, debido a los subsidios agrícolas, las tasas disfrazadas y los costos ambientales y sociales ocultos en las políticas liberales.
El libre comercio no existe. El Banco Mundial puede tener todas las teorías que quiera, pero la evidencia indica que los pueblos pobres no son ayudados por la liberalización comercial, dijo.
Vía Campesina señala que, al priorizar el comercio internacional por sobre la producción alimentaria local, la OMC incrementa la dependencia de los países en desarrollo de las importaciones baratas de granos subsidiados del Norte.
Esto hace que cientos de millones de granjeros del Sur se vean obligados a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales.
Patel, un experto en desarrollo rural, explicó que el maíz de Estados Unidos se vende por debajo del costo de producción, gracias a los subsidios del gobierno, y por eso arruina a los plantadores de México, que no tienen forma de competir.
El experto señaló que subsidiar y exportar maíz a México es casi como disparar a los agricultores pobres.
Pero más cruel es decir que el libre comercio garantiza la seguridad alimentaria, añadió.
Patel destacó que cada vez más cultivadores mexicanos demandan el reconocimiento de su soberanía alimentaria y exigen por tanto que se respete el control de su sistema de producción y se proteja a su país de la agroindustria extranjera.
El analista sostiene que la agricultura es un tema que no debe discutirse en la OMC, porque los millones de granjeros que son afectados por las negociaciones no están bien representados.
El experto sostiene que aun cuando organizaciones como Vía Campesina participen de las discusiones en ese foro, no tendrán voz ni voto en los procedimientos, que son de exclusivo dominio de los gobiernos y de las grandes corporaciones.
Hasta que no haya una genuina democracia y transparencia, la agricultura debe estar fuera de las negociaciones, señaló.
