Chamila Bandara, de 17 años, perdió en julio pasado el uso de un brazo por los tormentos que le infligió la policía de Sri Lanka.
Este viernes, tres meses más tarde, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró su preocupación por las persistentes denuncias que recibe de torturas y otros castigos inhumanos y degradantes que aplican policías y miembros de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka.
Me sujetaron las manos por la espalda y unieron los pulgares con una cuerda. De inmediato introdujeron un cabo de fibra entre los dos dedos y me izaron hasta dejarme suspendido de una viga del techo, relató Chaminda ante el Comité.
Cuando me bajaron, las manos estaban entumecidas, agregó. Los médicos diagnosticaron posteriormente que Chaminda, con quien IPS dialogó esta semana, había perdido por completo el uso del brazo izquierdo.
La tortura es casi cotidiana y rutinaria en toda oficina policial de Sri Lanka, sostuvo Sangeewa Lyanage, representante del Centro de Recursos Legales Asiáticos, con sede en Hong Kong.
La policía srilanquesa no conoce otro método de investigación que la tortura, ampliamente extendida y sistemática, dijo.
El británico Nigel Rodley, uno de los 18 expertos independientes miembros del Comité, lamentó que la mayoría de los procesos iniciados contra policías y militares de Sri Lanka, bajo cargos de secuestros y torturas, han quedado inconclusos a causa de las intimidaciones a los testigos.
Muy pocos policías u oficiales del ejército han sido declarados culpables y condenados, a pesar del número de abusos conocidos, insistió el integrante del comité que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El presidente del Comité, Abdelfattah Amor, de Túnez, observó que en Sri Lanka no existe un mecanismo de supervisión de las violaciones del Pacto, en especial cuando agentes gubernamentales perpetran actos de tortura.
Christine Ferrier, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), dijo a IPS que las violaciones persistentes de los derechos humanos en Sri Lanka pueden atribuirse en parte a fallas de las actividades de la policía y del sistema judicial.
El funcionamiento de la policía está sujeto cada vez más a la influencia política y el poder judicial se ve impedido de actuar con independencia, precisó la representante de la OMCT, una institución con sede en Ginebra.
El informe del gobierno de Sri Lanka fue examinado por el Comité en su última sesión anual que concluyó este viernes. Los 150 Estados partes del Pacto tienen obligación de presentar una relación periódica sobre el acatamiento del tratado.
Durante la evaluación del caso srilanqués, el representante del gobierno, Prasad Kariyawasam, y los miembros del Comité subrayaron la importancia de los últimos acontecimientos ocurridos en la nación asiática.
Luego de un conflicto de más de 30 años, en febrero de 2002 se firmó un acuerdo de cese del fuego entre el gobierno y los independentistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil.
Sri Lanka ha gozado del más extenso periodo de paz y tranquilidad en por lo menos dos décadas, dijo Kariyawasam. Sin embargo, el extenso conflicto armado dejó más de 60.000 muertos.
El gobierno de Noruega ha auspiciado las cinco rondas de conversaciones sostenidas por las dos partes en los últimos 18 meses.
Pero el comité de la ONU no llegó a ocuparse de los últimos episodios relacionados con el proceso de paz, desecandenados esta semana por la decisión de la presidenta Chandrika Kumaratunga de destituir a tres ministros.
La jefa de Estado, en aparente enfrentamiento con el primer ministro Ranil Wickremesinghe, suspendió al parlamento por dos semanas e implantó el estado de emergencia.
Sin embargo, este viernes anuló la medida de excepción, mientras Wickremesinghe regresaba al país desde Estados Unidos.
Rodley aclaró que el debate del Comité sobre la situación en Sri Lanka se completó antes de la crisis actual.
Las conclusiones del comité declaran preocupación por el gran número de desapariciones forzadas o involuntarias de personas durante el período del conflicto armado.
El cuerpo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) estimó que el estado de Sri Lanka actuó con incapacidad o mostró inacción para identificar y enjuiciar a los responsables de las desapariciones.
El sacerdote Reid Shelton, de la organización Pueblo Contra la Tortura, dijo que Sri Lanka registra el más alto número de desaparecidos en el mundo en los años recientes.
Shelton aseguró que supera incluso a Argentina donde se denunciaron unas 30.000 desapariciones perpetradas entre comienzos de la década de 1970 y 1983, cuando concluyó la última dictadura militar.
Según Ferrier en Sri Lanka hubo más de 50.000 desapariciones. Además, Colombo no aplicó las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias ni suministró reparación adecuada a los familiares, dijo la activista de la OMCT.
Las organizaciones de derechos humanos de Sri Lanka denunciaron que la impunidad prevalece en todos los casos de violencia contra las mujeres registrados en el país.
Un número elevado de mujeres han sido violadas por soldados o por agentes de las fuerzas policiales, aseveró Kishali Esther Pinto Jaywardene, del Centro por el Imperio de la Ley.
El gobierno no ha atendido los reclamos de las mujeres afectadas por la guerra, sostuvo la activista.
Por otra parte, el Comité de la ONU expresó preocupaciones por las falencias en la aplicación del Pacto que se advierten en Rusia y Filipinas.
El organismo examinó en privado la situación de Guinea Ecuatorial porque ese país africano no envió su informe ni se presentó a las audiencias.
