Se dijo hasta que Marquetalia era un nido de terroristas vinculado a la guerrilla colombiana, narró un ex asesor de ese asentamiento irregular, uno de los cientos existentes en Paraguay, como muestra del rechazo que enfrenta el movimiento sin techo cuando trata de resolver su situación por esa vía.
El constitucional derecho a la vivienda digna sigue siendo una deuda social en este país de 5,8 millones de habitantes, donde estimaciones privadas indican que el déficit de viviendas alcanza a 450.000 unidades, con un crecimiento anual sostenido de unas 15.000.
La falta de una certera respuesta oficial para atender esta realidad augura convulsiones sociales, advirtieron expertos consultados por IPS.
Es que la historia de estas organizaciones de familias sin techo está llena de momentos críticos, violencia, manipulaciones y hasta corrupción, explicó a IPS Ramón Azuaga, uno de los primeros abogados que asesoró al movimiento en materia de derechos civiles.
Azuaga indicó que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) era común que los habitantes de los primeros asentamientos urbanos fueran utilizados como fuerza de choque contra sus opositores a cambio de dádivas y prebendas.
Los terrenos ocupados de modo irregular se situaban mayormente entonces a la vera del río Paraguay, tanto dentro de Asunción como en sus alrededores.
Posteriormente, con la complicidad de punteros' (dirigentes barriales) políticos, las ocupaciones llegaron a los espacios públicos, como plazas, calles y terrenos fiscales, agregó.
Fue sólo después de 1989, tras el derrocamiento de Stroessner, que las familias sin vivienda comenzaron a organizarse y así nació, entre las primeras, la Coordinadora de Pobladores de Zonas Inundables, que fuera asistida por el Comité de Iglesias, la Pastoral Social católica y la Misión de Amistad, recordó el experto.
Para Azuaga, el origen de esos y todos los asentamientos posteriores se deben a la inmigración rural a las zonas urbanas, la falta de trabajo, el cierre de fábricas y el empobrecimiento de familias que son desalojadas de los inquilinatos.
A ellos se les agregan personas que resultaron víctimas de la especulación inmobiliaria y que fueron irradiadas de las zonas urbanizadas por los cada vez más altos costos de los servicios, comentó a IPS el sociólogo Tomás Palau.
Una investigación realizada por la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, a pedido del Ministerio de Educación, las invasiones de propiedades urbanas por grupos sin techo se circunscriben casi únicamente a la periferia de Asunción.
Precisamente, hasta octubre existían en Paraguay 223 asentamientos irregulares, 99 de los cuales se ubicaban en el meridional departamento Central, donde se encuentra la capital paraguaya, que a su vez concentra en sus alrededores 73 de esos predios usurpados. De esa cifra se destacan 42 nucleos con más de 50 habitantes, que suman 35.595 personas.
Los demás asentamientos corresponden a invasiones realizadas por grupos de campesinos sin tierra, fenómeno que se desarrolla exclusivamente en zonas rurales.
Así, la única respuesta hasta ahora del gobierno al requerimiento social fue la creación del Consejo Nacional de la Vivienda, que financia ampliaciones de construcciones ya existentes, construye o compra las llamadas viviendas económicas y de interés social, destinadas a familias de muy escasos recursos.
En todos los casos la ayuda consiste en la concesión de créditos con bajos intereses para la compra o construcción de viviendas, modalidad que permitió apenas unas 19.000 soluciones habitacionales en todo el país hasta este año.
En 1996, otro plan vio la luz bajo la coordinación del Ministerio del Interior. El denominado Programa de Regularización de Asentamientos del Area Metropolitana, con 30 millones de dólares asignados para la compra de terrenos.
Con esos fondos se otorgaron 23.903 soluciones habitacionales, cifra que incluyen 5.544 legalizaciones de tenencia de predios donde ya se habían asentado las familias.
Estaba claro que se pretendía controlar a las organizaciones sociales a través del órgano represivo (el Ministerio del Interior a cargo de los organismos de seguridad ciudadana), precisó Azuaga.
El experto entiende que ello dio como respuesta la conformación del Consejo Nacional de Organizaciones Populares, una organización bastante combativa, pero que luego también fue manipulada por el gobierno (Conop), y su desprendimiento de 1998 el Conop – Movimiento Sin Techo, que hoy alberga a más de 100 comisiones vecinales en Asunción, Gran Asunción y el sudoriental departamento de Alto Paraná.
En ese marco, se transformó en testigo el caso del asentamiento Marquetalia, ubicado en el municipio de San Lorenzo, unos 30 kilómetros al sudeste de Asunción.
Esa concentración poblacional, que lleva el nombre del oriental municipio colombiano de Marquetalia, donde surgieron hace 40 años las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), viven más de 10.000 personas y comprende unas 42 hectáreas de un terreno que se suponía originalmente fiscal.
Hasta que un día aparecieron los supuestos dueños, dijo a IPS Raúl Marín, defensor del pueblo adjunto, quien debido a su participación en este caso enfrenta 13 cargos judiciales, entre los que se encuentran atentado contra la existencia del Estado y contra el orden constitucional, además de apología del delito.
Hasta su designación en el cargo de defensor del pueblo, Marín fue dirigente de Marquetalia y antes su asesor legal. Estuvo encarcelado 64 días y logró su libertad el 15 de agosto tras siete días de huelga de hambre. Las causas en su contra continúan, aunque puede seguir ejerciendo el cargo.
Marquetalia fue fundado hace cuatro años y desde ese momento los pobladores debieron enfrentar graves acusaciones. Se dijo que Marquetalia era un nido de terroristas, que se tenía vínculos con las FARC, que se coaccionaba a los vecinos de la zona para que paguen una suerte de protección… Todo eso es un gran disparate y está alejado de la realidad, afirmó Marín.
Siempre he tomado una posición en cuanto mi ideología y me declaré socialista. Pero a partir de mi participación en el caso Marquetalia y otros asentamientos la fiscalía no me ha dejado en paz, se quejó.
Para Marín, Marquetalia significa varias luchas al mismo tiempo. Primero está la pelea de las familias por su techo, luego contra las calumnias y también para evitar que el terreno sea sobrevaluado, agregó este abogado que tiene prohibido por la justicia acercarse al asentamiento.
Quienes presentaron el título de propiedad de la tierra en litigio reclaman al gobierno el pago de unos cinco millones de dólares por la expropiación, pero los sin techo sostienen que, tras investigar en las inmobiliarias de la zona, las 42 hectáreas no valen más de un millón de dólares.
Las familias de Marquetalia proponen devolverle al gobierno lo que pague por la tierra, pero no podemos permitir que se pague demás, indicó.
En el asentamiento, donde hay una escuela fundada por sus habitantes y que cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación, viven unos 2.500 menores de 12 años, muchos de los cuales no asiste a clases por tener que trabajar para ayudar a su familia.
En ningún caso, el ingreso promedio diario familiar supera los 12 mil guaraníes (dos dólares), puntualizó Marín.
El desempleo alcanza a 15 por ciento de la población económicamente activa del país y el subempleo a 22 por ciento, mientras 40 por ciento tiene algún problema laboral y la pobreza afecta a 34 por ciento de los paraguayos.
