Setenta empresas que aprovecharon sus vínculos con Washington obtuvieron contratos por al menos 8.000 millones de dólares para la reconstrucción de Afganistán e Iraq, aseguró la organización investigadora Centro para la Integridad Pública (CPI).
Esto es escandaloso. Se supone que en esta democracia tendremos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no funcionarios públicos defendiendo compañías privadas a puertas cerradas, sostuvo el director ejecutivo de CPI, Charles Lewis.
La organización concluyó, tras seis meses de investigaciones, que esas 70 empresas donaron más dinero para la campaña electoral del presidente George W. Bush que para la de ningún otro candidato en los últimos 12 años.
El CPI examina en su informe contratos asignados desde 2002 hasta septiembre de 2003, e incluye la lista más completa elaborada hasta ahora de empresas contratadas para la reconstrucción de Afganistán e Iraq, ambos países invadidos por coaliciones internacionales encabezadas por Estados Unidos.
Los descubrimientos constan en un breve informe titulado Caídos del cielo: contratistas estadounidenses en Iraq y Afganistán, presentado el 30 de octubre.
Según el estudio, la firma Kellogg, Brown & Root (KBR), subsidiaria de la petrolera Halliburton, fue la principal receptora de contratos para los dos países, por más de 2.300 millones de dólares.
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney condujo Halliburton, radicada en Houston, Texas, antes de ser elegido compañero de fórmula de Bush en 2000. Cheney aún recibe de Halliburton una suma de dinero anual de seis cifras en dólares. Según la empresa, el funcionario no tiene influencia en sus negocios.
Halliburton dijo el miércoles que sus ingresos crecieron de 3.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año a 4.100 millones, como consecuencia del trabajo de KBR.
El contrato de KBR con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para modernizar el sector petrolero iraquí recibe críticas de legisladores del opositor Partido Demócrata y de activistas, que lo consideran un favor del gobierno del Partido Republicano a una empresa que le es afín.
La compañía de ingeniería Bechtel, también vinculada a altos funcionarios del gobierno, es la segunda en la lista, con contratos que ascienden a 1.030 millones de dólares. Riley Bechtel, jefe ejecutivo de este grupo económico, integra desde febrero el influyente Consejo de Expertos de la Casa Blanca.
Otra firma relacionada con el gobierno que hace negocios en Afganistán y en Iraq es Science Applicatons International Corporation (SAIC), con siete contratos en Iraq, uno de ellos para reconstruir los medios de comunicación nacionales.
Este contrato es de un costo estimado de 38 millones de dólares anuales, pero podría ascender a 90 millones el año próximo.
El ex vicepresidente de SAIC David Kay es un ex inspector de desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Iraq luego contratado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) para realizar la misma tarea.
El CPI, organización que define su tarea como periodismo de servicio público y que asegura no aceptar financiación de empresas, sindicatos ni gobiernos, detectó, según el informe, docenas de empresas menos conocidas que también ganaron grandes contratos en Afganistán y en Iraq.
Entre las principales 10 empresas con contratos en Iraq figuran International American Products, Perini Corporation y Contrack International.
Sus tareas van desde reconstruir el gobierno, la policía, las fuerzas armadas y los medios de comunicación iraquíes hasta suministrar traductores para interrogatorios y (asistencia en) operaciones psicológicas. Hay, incluso, empresas contratadas para evaluar a las empresas contratadas, señala el informe.
Sesenta por ciento de las 70 compañías cuentan con empleados o miembros de sus juntas directivas que trabajaron en el gobierno — en periodos demócratas o republicanos— o que tienen estrechos vínculos con éste, con legisladores de ambos partisod o con altos oficiales de las Fuerzas Armadas.
Uno de cada 10 grandes contratos asignados para Afganistán e Iraq recayeron en empresas que contrataban a ex altos funcionarios de gobierno que mantenían los vínculos con esas agencias o con el Congreso legislativo.
El estudio también detectó que los principales 10 contratistas son tradicionales donantes de campañas políticas.
Esas empresas entregaron casi 11 millones de dólares a partidos, candidatos y comités políticos nacionales desde 1990. De hecho, la mayoría de las empresas que obtuvieron contratos en Iraq y en Afganistán eran 'jugadores políticos', indica el informe.
Bush fue el candidato individual que recolectó más dinero para su campaña entre esas empresas, poco más de medio millón de dólares.
El CPI calculó que al menos 5.700 millones de dólares en dinero del gobierno de Bush se destinó a contratistas estadounidenses en Iraq. Y 2.700 millones de dólares se asignaron a contratos en Afganistán.
La organización debió elevar 73 pedidos de datos formulados de acuerdo con la Ley de Libertad de Información (conocida por sus siglas en inglés FOIA) para obtener información que el Departamento de Estado (cancillería), el Pentágono y la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) le negaban.
El CPI acusó a Usaid y al Departamento de Defensa de omitir en sus informes, incluso, los mayores contratos en Iraq, otorgados a Bechtel y a KBR. La reticencia del gobierno a compartir información implica la posibilidad de que la facturación real sea, advirtieron, mucho mayor de la declarada.
