La cantidad de víctimas fatales de violencia contra mujeres crece en España, pese a la aprobación en los últimos tiempos de normas contra esa práctica y a las condenas contra agresores.
También ha aumentado el número de denuncias, aunque no haya aumentado el número de quienes sufren violencia, comentó a IPS la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, Consuelo Abril.
Abril opinó que el incremento de la cantidad de muertas puede relacionarse con que, debido al desarrollo, ”la mujer no aguanta los malos tratos y, al separarse, recibe la represión de su ex pareja”.
El camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo industrializado se ha iniciado con grandes pasos adelante, pero sin que se modifique el resto de las estructuras sociales, y eso hace que muchas mujeres que reivindican sus derechos sean víctimas de ataques de sus parejas, dijo a IPS la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano.
Esa Federación, al igual que otras organizaciones no gubernamentales, ha organizado actividades para este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Ese Día Internacional fue establecido en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas, en recuerdo de las hermanas María Teresa, Minerva y Patria Mirabal, tres jóvenes de la República Dominicana que fueron asesinadas en 1960 cuando luchaban por las libertades democráticas en su país.
Antes, y desde el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en 1981, la fecha era conmemorada regionalmente con el mismo significado.
Cada diez minutos una mujer es agredida por su pareja en algún lugar del mundo, informó José Sanmartín, director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Las víctimas fatales de esas agresiones son unas 55.000 por año.
En los últimos tres años, murieron en España 160 mujeres asesinadas por su pareja, y 110 de ellas ya estaban separadas.
Esa violencia "nace de una situación de desigualdad en el género, y para evitar esa situación hay que suprimir los antiguos estereotipos sociales que desfavorecen de forma notable a la mujer”, añadió Sanmartín.
Chicano coincidió en que se mantienen los prejuicios, y consideró insuficientes las reformas educativas producto de la democratización iniciada en 1976, que permitieron romper la tradición de educar por separado a niñas y niños.
En actividades realizadas en varios municipios cercanos a Madrid, se pudo constatar que a la edad de cinco años ya hay asunción de papeles diferenciados de acuerdo con estereotipos de género, destacó.
Abril comparte que la prevención, especialmente mediante educación, es clave en el combate a la violencia contra las mujeres.
Pero el portavoz de la organización no gubernamental Jueces para la Democracia, Juan Luis Rascón, dijo a IPS que mejorar la educación no sólo es necesario para la infancia y adolescencia, sino también para sus colegas y para los fiscales, cuya formación sobre cuestiones de violencia consideró necesario intensificar.
Hay que introducir un módulo sobre violencia de género en el programa de la Escuela Judicial, para los aspirantes a jueces, que incluya visitas a los Centros de Acogida y de Tratamiento de las víctimas, para conocer su realidad, sostuvo.
Ese planteamiento se deriva de la reiteración de sentencias judiciales que benefician a los agresores, como la de un juez de Barcelona que rebajó la pena a un violador porque la víctima vestía "provocativamente”.
En Madrid, un fiscal pide un año y medio de cárcel para la ecuatoguineana Celia Mbá, acusada de desobediencia por quitarle sus dos hijos a su ex pareja, un español a quien la justicia había adjudicado la tenencia de los niños. La intención de la mujer era protegerlos de malos tratos, pues no sólo ella fue víctima de agresiones por parte del hombre.
La semana pasada, el fiscal levantó la acusación de secuestro que pesaba sobre Mbá, que había presentado seis denuncias por malos tratos contra su ex compañero.
Mbá cuenta que el agresor decía ante sus amigos, con jactancia, que "la ventaja de tener una mujer negra es que no se le notan los moretones”.
La directora general del oficial Instituto de la Mujer, Míriam Tey, coincidió en que las muertes se producen en gran medida tras una historia de violencia doméstica con desenlace de separación de la pareja.
En su opinión, ôlos hombres no están habituados a que la mujer tome decisiones sobre su propio destino”, y "la violencia es una respuesta ante la creciente autonomía de las mujeres”.
En Madrid, el ayuntamiento ha dispuesto que un autobús recorra durante un mes ôcada rincón de la capital, como parte de la campaña "Educar en igualdad para borrar la violencia”.
Entre otras cosas, los funcionarios informarán a los habitantes, en esa campaña, sobre los servicios que el municipio tiene a disposición de las mujeres maltratadas.
Además de las demandas de mejor educación en todos los niveles, y de una verdadera equiparación de derechos y deberes entre mujeres y hombres, en lo inmediato se plantean soluciones para paliar el mal.
El oficial Instituto de Política Familiar promueve la figura del mediador, persona encargada de arbitrar acuerdos extrajudiciales en las separaciones, lo cual sirve entre otras cosas para prevenir la violencia.
Soledad Ortega, abogada que impulsa esas soluciones, destacó que esos convenios extrajudiciales se cumplen sin incidentes en 96 por ciento de los casos, a diferencia de lo que ocurre con las separaciones dispuestas judicialmente.
Por otro lado, el ministerio del Interior dispuso dotar de 500 plazas a la nueva unidad policial contra la violencia de género, con una inversión de 2,5 millones de dólares al año. Pero el Sindicato Unificado de Policía, el más fuerte del sector, considera que ese plan es "un absoluto fracaso” y asegura que apenas se han cubierto 100 de las 500 plazas programadas.
Lo mismo sostiene Ana María Pérez del Campo, directora del Centro de Recuperación de Mujeres Maltratadas, quien dice que el plan del Ministerio se ha quedado en la nada, pues "la realidad es que la policía sigue haciendo lo mismo que hacía y esos 500 no han aparecido por ningún sitio”.
Además, hay un sector de mujeres que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer las denuncias o de escapar de quienes las maltratan. Son muchas traídas desde países en desarrollo con falsas promesas de trabajo y finalmente obligadas a la prostitución.
