ESPAÑA: Embestida vasca a la Constitución

Los ánimos están crispados dentro y fuera del País Vasco. El proyecto de reforma del Estatuto de esa comunidad autónoma de España, que ingresó este martes al parlamento, ignora la Constitución española, dicen sus críticos.

La insistencia del gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV) en llevar al parlamento regional su proyecto de reforma del Estatuto del País Vasco, pone en riesgo la preeminencia de la carta magna y la misma unión de esa comunidad autónoma, señalan sus opositores.

El plan soberanista del presidente del gobierno autónomo, Juan José Ibarretxe, plantea ”la libre asociación del País Vasco con el Estado español”.

Para Ibarretxe, los partidos que lo apoyan y el grupo terrorista e independentista ETA, el País Vasco está integrado por las tres provincias españolas que lo constituyen (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa), la comunidad autónoma de Navarra —que por referéndum resolvió no formar parte del mismo— e Iparralde, que abarca tres departamentos franceses.

La coalición gobernante, integrada por el PNV, su escisión Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU), aprobó este martes en el parlamento el inicio de la tramitación del llamado ”plan Ibarretxe”, que consta de un preámbulo, 69 capítulos, una disposición transitoria y otra final.

En contra votaron el Partido Popular (PP), que gobierna España, y la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Según el plan Ibarretxe, el pueblo vasco tiene identidad propia en el conjunto de Europa y la potestad para decidir su futuro ”de conformidad con el derecho de autodeterminación, reconocido internacionalmente”.

Para ejercer ese derecho, el gobierno vasco convocaría a un referéndum, probablemente en 2004, para que la ciudadanía vasca se pronuncie a favor o en contra de una nueva relación con España, basada en la ”libre asociación”.

El PP y el PSOE expresaron su decidida oposición al plan, al que consideran un peligro para la unidad de España y la Constitución, que cumplirá en diciembre 25 años de aprobada.

El secretario general del PP y candidato a la presidencia para las elecciones generales de marzo de 2004, Mariano Rajoy, anunció acciones judiciales del gobierno español contra el plan y contra otras medidas adoptadas por las autoridades vascas.

Entre éstas, serán impugnadas la apertura de embajadas del País Vasco fuera de España, los acuerdos de pesca firmados en septiembre con Mauritania y la directiva de la Consejería (ministerio) de Educación vasca, que considera inmigrantes a los estudiantes de otras regiones españolas.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, ya se pronunció contra el acuerdo pesquero con Mauritania, porque la competencia para negociarlo ni siquiera recae en los estados miembros del bloque, sino en la misma Comisión.

Por otra parte, el plan Ibarretxe ya tiene repercusiones dentro de la propia comunidad vasca. Las Juntas Generales (parlamento autónomo) de Álava aprobaron el lunes una moción de apoyo al vigente Estatuto vasco, que rige la autonomía de esa región.

Álava, además, reclama un diálogo entre todas las partes involucradas para ser escuchada y evitar un conflicto.

Portavoces del gobierno provincial, integrado por los mayoritarios PP y el PSOE, dijeron que ese diálogo ”deberá basarse en la lealtad constitucional y en la renuncia a planteamientos unilaterales de ruptura política e institucional”.

Álava no romperá con el Estatuto, pero si otros lo rompen se deberá replantear la situación, dijo a IPS el independiente diputado foral (ministro) de la presidencia de la provincia, Javier Guevara.

No obstante, Guevara expresó su ”confianza en que se produzca un cambio de rumbo en el gobierno vasco”.

Aunque el plan Ibarretxe no tenga viabilidad, ”puede crear una desintegración social y una tensión insoportable que siempre favorecen a las posiciones extremas, tanto en el País Vasco como en el resto de España”, sostuvo el constitucionailista socialista Gregorio Peces-Barba, uno de los redactores de la carta magna, en un artículo del diario madrileño El País.

Ibarretxe presenta su plan como una reforma del Estatuto aprobado a partir de la Constitución vigente en España, arguye Peces-Barba.

Pero, explica, en caso de resultar aprobado por el parlamento vasco constituiría de hecho una reforma a la propia Constitución.

La reforma de esa Constitución involucra a todos los españoles, es un derecho de todos y no sólo de ciudadanos vascos o de cualquier otra región, prescindiendo de las demás, concluye Peces- Barba.

Las posiciones extremas a las que se refiere son el nacionalismo vasco ligado a ETA, y la ultraderecha, con escasa presencia en España, pero que podría fortalecerse agitando el fantasma de la desintegración nacional.

Pese a las reacciones internas y externas, Ibarretxe está decidido a seguir adelante con su plan, que convoca el apoyo de todo el espectro nacionalista vasco.

De acuerdo a versiones policiales que se basan en documentos incautados a ETA en Francia, la dirección de la organización renunció —tras una fuerte discusión interna— a cometer atentados indiscriminados en caso de que se convoque el referendo sobre autodeterminación.

Y resolvió centrar sus ataques en personas o empresas que se nieguen a pagar lo que el grupo denomina ”impuesto revolucionario”.

El diputado vasco Arnaldo Otegi, quien cumplió condena por participar en acciones como miembro de ETA, dio su apoyo a la decisión del grupo sobre el referendo.

”Lo mejor del plan (Ibarretxe) es que nos lo han copiado”, dijo Otegi.

ETA surgió en los años sesenta levantando la bandera de independencia vasca y socialismo, cuando en España imperaba la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). En los últimos años sus atentados han asesinado a decenas de personas.

Para el presidente del gobernante PNV, Xavier Arzalluz, la voluntad de Madrid de llevar el plan Ibarretxe ante el Tribunal Supremo de Justicia significa que el gobierno español ha comenzado a aplicar en el País Vasco ”un estado de excepción” como el régimen franquista, que conculcó la libertad y la democracia.