Los casos fatales de cáncer en humanos causados por ensayos nucleares podrían llegar a 2,4 millones en un futuro no muy lejano, advirtió una organización pacifista durante una reunión de desarme realizada en la capital cubana.
La Internacional de Médicos para la prevención de la guerra nuclear (IPPNW, por sus siglas en inglés) consideró que la prohibición de esas pruebas es esencial para prevenir una ”devastación de la salud humana y del entorno” y detener la espiral armamentista.
Según IPPNW, que agrupa a unos 200.000 médicos de 80 países, los ensayos atómicos atmosféricos dejaron 430.000 víctimas de cáncer hasta 2000.
”Eventualmente, en un futuro no muy lejano, llegarán a los 2,4 millones”, dijo Carlos Pazos, representante de esa organización ante la conferencia del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal).
El informe presentado por la IPPNW indica que el impacto del desarrollo de las armas nucleares se ha sentido especialmente ”sobre poblaciones indígenas (en general) o en los grupos aborígenes minoritarios de Australia, en los habitantes de las islas de la Micronesia y de la Polinesia”, entre otros.
Esta organización, galardonada en 1985 con el premio Nobel de la Paz, manifestó también preocupación por el uso de uranio empobrecido en al menos cuatro conflictos armados realizados por Estados Unidos en los últimos años.
A su juicio, la contaminación radiológica y tóxica causada por el uranio empobrecido se encuentra asociada con graves enfermedades que afectan a la población civil y militar involucradas en esos enfrentamientos.
Otros expertos consultados por IPS recordaron que la radiactividad de esa sustancia utilizada para fabricar proyectiles, generalmente en aleación con titanio, es la mitad de la del uranio natural, pero conserva gran toxicidad.
La insistencia en su uso ”evidencia un claro intento de habituar a la opinión pública en el conocimiento del uso de la radiación en el campo de batalla como precursor de las propias armas nucleares”, alertó IPPNW.
La preocupación por la amenaza de las armas nucleares para la salud y el ambiente fue compartida por delegados reunidos en la Habana el miércoles y el jueves de los 33 estados miembros de Opanal, el organismo rector del Tratado de Tlatelolco.
”La sola existencia de armas nucleares constituye una amenaza para la supervivencia de la humanidad”, alertaron en la Declaración de La Habana, suscrita al término de esta cita, a la que también asistieron representantes de organismos internacionales vinculados al tema.
El Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en América Latina y el Caribe, fue abierto a la firma de las naciones de la región en 1967 en la capital mexicana y entró en vigor el 24 de abril de 1969, aunque Cuba ratificó su adhesión sólo el año pasado.
La Declaración de la Habana subraya que, con la ratificación cubana del acuerdo, entró en pleno vigor y se consolida ”la primera Zona Libre de Armas Nucleares establecida en una región densamente poblada”.
En el documento también se hizo un llamamiento a los países poseedores de ese tipo de material bélico para que ”den plenas garantías a todos los estados miembros de Zonas Libres de Armas Nucleares de que no usarán o amenazarán con el uso” del armamento atómico.
Además, se plasmó la decisión de solicitar la ”revisión de las declaraciones formuladas por las potencias nucleares que son Parte de los Protocolos I y II para su eventual retiro o modificación”.
En el primero de esos mecanismos, los Estados que no son de la región, pero tienen territorios bajo su administración en la zona de aplicación del tratado, se comprometen a respetar el estatuto de desnuclearización para fines bélicos.
Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda ratificaron ese instrumento.
El Protocolo II compromete a las potencias nucleares —China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia— a respetar el estatus sin este tipo de armamento de la zona de aplicación del tratado.
Pero documentos de trabajo a disposición de los delegados permitieron esclarecer que esas declaraciones interpretativas del Pacto dejan abierta, en algunos casos, la posibilidad de usar armas atómicas en ”legitima defensa”.
Otros, como Rusia, que heredó los acuerdos de la desaparecida Unión Soviética, se reservan ”el derecho de revisar sus obligaciones” en el acuerdo ante eventuales acciones realizadas por países parte del pacto que sean incompatibles con el estatuto de desnuclearización.
En tanto, Estados Unidos considera que el posible ataque de un país del área, apoyado por una potencia nuclear, sería ”incompatible con las obligaciones” del Tratado de Tlatelolco.
La petición de una eventual modificación o retiro de tales consideraciones se basa en que la coyuntura internacional ha cambiado de entonces acá, como lo demuestra el fin de la guerra fría y la desintegración de la Unión Soviética en 1991.
El control y verificación del cumplimiento de los acuerdos para el uso exclusivamente pacífico de materiales e instalaciones nucleares está a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Cuba, que firmó también el año pasado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), suscribió en septiembre el acuerdo de salvaguardias amplias con el OIEA y el protocolo adicional a ese convenio.
El TNP fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 12 de junio de 1968 y entró en vigor el 5 de marzo de 1970.
Expertos cubanos han alertado que el TNP nació ”castrado por los intereses estratégicos de los dos bloques político-militares principales de esa época (Estados Unidos y la Unión Soviética), para los que las mortíferas armas nucleares eran un instrumento de disuasión entre ellos”.
En ese sentido, lo culpan de ser un acuerdo ”de esencia discriminatoria”, destinado a impedir el acceso de otros a las temibles armas, pero garantizando la existencia de un ”Club Nuclear”, sin que se limitaran sus derechos al perfeccionamiento cuantitativo y cualitativo de este tipo de armamento.
El TNP establece el compromiso de los poseedores de no traspasar armas nucleares, así como la obligación de estos últimos de no recibir ni adquirir de otra forma tales armas.
