Los países amigos de los peces arremeten contra los subsidios a la pesca, pues entienden que no sólo distorsionan el comercio mundial como en el caso agrícola sino que facilitan la depredación de los recursos acuáticos.
El grupo, que reúne a naciones con grandes recursos pesqueros, logró que el tema de las subvenciones al sector fuera incorporado a la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde la conferencia ministerial de 2001 en Doha, para luego avanzar en consensos que tiendan a eliminar o neutralizar esas ayudas.
Los llamados amigos de los peces, un camino iniciado por Australia, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Islandia, Nueva Zelanda y Perú, bregaron junto a ambientalistas por cuatro años hasta poner en debate los subsidios que otorgan a la pesca la Unión Europea, países asiáticos y otros, aunque la atención central siguió en la cuestión agrícola.
En la reunión de noviembre de 2001 en Doha, la capital de Qatar, se sumaron al grupo Argentina, Bangladesh, Ecuador, India, Malasia, Marruecos, México, Senegal, Sudáfrica y Tailandia.
Así, con más fuerza, los países amigos de los peces llegaron a la V Conferencia Ministerial de la OMC del 10 al 14 de septiembre en el sudoriental balneario mexicano de Cancún, donde presentaron una propuesta para reducir o eliminar definitiva de subsidios.
Pero la falta de acuerdos en comercio agropecuario llevó al fracaso a la cita de Cancún y se congelaron las conversaciones en la llamada Ronda de Doha. Ahora sólo se trabaja en planos informales en algunos temas centrales, entre los cuáles no figura la pesca, dijo a IPS una fuente diplomática argentina.
Cálculos moderados indican que los subsidios a la pesca suman entre 15.000 millones de dólares y 20.000 millones anuales, un monto reducido comparado con los 350.000 millones del mundo industrializado a su producción agrícola, aunque se le debe agregar la depredación de los recursos en mares y océanos.
El Fondo Mundial para la Naturaleza estima que la asistencia gubernamental a la industria de la pesca equivale a 20 por ciento del valor de las capturas anuales. También advierte que 75 por ciento de las áreas pesqueras de los océanos son sobreexplotadas o están recuperándose de un periodo de agotamiento de especies.
A partir de la Ronda del Desarrollo o de Doha, los amigos de los peces encontraron disposición para negociar en la Unión Europea (UE), que además encara reformas a su política pesquera común, muy diferente a la negativa de Japón y Corea del Sur, que no admiten siquiera la relación entre subsidios y sobrepesca.
Más aún, esos países, que subsidian la producción para consumo interno, señalan que las discusiones al respecto deben plantearse en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y no en la OMC.
En América latina, los países con mayores preocupaciones por los efectos que provocan los subsidios en su producción pesquera son Argentina, Chile, México y Perú, explicó a IPS Ernesto Godelman, del grupo no gubernamental argentino Cedepesca, que participó de rondas informales de conversaciones en Cancún.
También Ecuador tiene peso en la producción y en menor medida Brasil y Venezuela, añadió el representante de esa organización con sede en la ciudad balnearia de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Tanto los latinoamericanos como otros países de Africa y Asia sufrieron en las últimas dos décadas los efectos de la actividad pesquera de los países industrializados, que gracias a los subsidios sobreexplotaron las costas de esos países en desarrollo, señaló Godelman.
La asistencia a la pesca tiene sus particularidades que hacen poco visibles al seguimiento de un organismo de comercio como la OMC. Aquí no se trata de problemas de competencia de precios entre quienes subsidian y quienes no sino fundamentalmente de un problema de administración de recursos, apuntó.
En este sentido, un estudio de Cedepesca presentado en Cancún señala los efectos nocivos del proceso de transferencia de capacidad de pesca de la UE a la zona económica exclusiva de Argentina en los años 90, un programa de cooperación que derivó en perjuicios para los productores argentinos y puso en crisis la existencia de recursos acuáticos.
La sustentabilidad de la captura de merluza, el principal recurso pesquero argentino, está en peligro desde que se suscribió el acuerdo pesquero con la UE debido a la transferencia de buques de gran tamaño que debían ir a desguace en su región a causa del agotamiento de los caladeros del hemisferio norte.
Los gobiernos europeos financiaron con créditos a bajo interés o con subsidios la destrucción o transferencia de grandes buques a terceros países a fin de que la flota siga presionando, pero ya en caladeros ubicados fuera de su zona económica exclusiva donde los recursos principales estaban al borde de la extinción.
Se formaron entonces sociedades mixtas -sobre todo españolas y argentinas- para la pesca de merluza y se permitieron importaciones sin arancel. A medida que se redujo la capacidad de pesca en el Norte se presionaba sobre los caladeros del Sur con una flota más numerosa y con unidades de mayor tamaño.
Entre 1992 y 1996, la política de pesca de la UE fue más eficaz en la reducción de la capacidad de su flota, pero en un porcentaje importante esta reducción se observó a costa de transferir capacidad a terceros países, como Argentina, sostuvo Godelman en su investigación.
Así como había ocurrido en Namibia a principios de los años 90, cuyos caladeros de merluza se agotaron como consecuencia de un programa similar, el acuerdo pesquero entre la UE y Argentina significó el incremento en 10 veces del volumen de capturas de merluza en el sur del océano Atlántico.
Los niveles de esa especie de gran valor económico quedaron desde 1998 por debajo de la marca crítica de 370.000 toneladas. Desde entonces fue necesario restringir el periodo de captura anual y sólo en 2002 comenzó a revertirse el proceso.
Los países en desarrollo se ven particularmente afectados en la medida que enfrentan la sobrecapacidad de pesca que países más ricos exportan desde sus pesquerías mermadas, advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza en los documentos que llevó a las reuniones informales de Cancún.
El caso argentino es un lamentable espejo donde deberían mirarse aquellos que sean tentados a signar acuerdos de transferencia de capacidad pesquera, advierte el trabajo de Godelman en coincidencia con el escenario que señala el Fondo.
Ante este panorama, el grupo de países amigos de los peces propusieron en Cancún que la OMC reafirme sus compromisos para reducir los subsidios pesqueros, prohibiendo los más dañinos y permitiendo los que están destinados a proteger los recursos o a respaldar el desarrollo de los países más pobres.
El grupo estableció que las nuevas reglas deberían asegurar que la remoción de subsidios en un país no implique aumentar la capacidad de pesca en otro, y establecer un claro programa de trabajo de cara a la finalización de la ronda prevista para enero de 2005.
El Fondo Mundial para la Naturaleza sostuvo en México que, en materia de subsidios a la pesca, la OMC tiene una oportunidad de demostrar que es capaz de establecer reglas claras para el comercio en el marco de un desarrollo sustentable, tal como le exigen los compromisos de la Ronda de Doha.
No obstante, por el momento, las tratativas están en suspenso y sólo resta esperar que se reabran las discusiones en la próxima reunión ministerial a realizarse en Ginebra en diciembre de este año cuando, los amigos de los peces vuelvan a reunirse a la sombra de la gran discusión por los subsidios a la agricultura.
