El Plan Colombia de lucha antidrogas es puesto en tela de juicio, ante la ineficacia para reducir los cultivos ilegales y atacar lo que se considera es la principal fuente de financiamiento de la guerrilla y paramilitares.
El programa, iniciado hace cuatro años por el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) pero esbozado inicialmente en inglés en la Casa Blanca, buscaba bajar el consumo de drogas en Estados Unidos y fortalecer las fuerzas armadas de Colombia en su lucha contra los guerrilleros izquierdistas.
En ese marco, se proponía fumigar cultivos ilegales y atacar el narcotráfico para así debilitar las finanzas de los insurgentes y obligarlos de ese modo a negociar en condiciones más propicias para el gobierno, además de destruir el tejido social que apoya a la guerrilla en las zonas rurales.
Pero a cuatro años de implementado, el Plan Colombia no pudo reducir el área sembrada de coca ni de adormideras, materias primas de varias drogas, pese a que la ayuda militar y policial estadounidense en este lapso llegó a casi 1,4 millones de dólares darios, según Adam Isaacson, del Center for International Policy, de Washington.
Isaacson, especialista en política de seguridad de la estadounidense Universidad de Yale y que lleva seis años estudiando las relaciones entre ambos países, es uno de los exponentes en el seminario ”Plan Colombia no: impactos de la fumigación”, que finaliza este viernes en Bogotá.
En tiempos de la ”cortina de hierro”, la guerrilla colombiana se sostenía con el ”oro de Moscú”, cuando la Casa Blanca inició su ”guerra contra las drogas” la insurgencia recibió de los estadounidenses el mote de ”narcoguerrilla”, y ahora, es un grupo terrorista que además se financia con ingresos de droga, apuntó Isaacson.
”Es el único caso en el mundo en que una guerrilla se mantiene vigente a lo largo de décadas: comunista, narcotraficante o terrorista, está siempre a la moda”, comentó.
Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de origen campesino, y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevan adelante una lucha armada contra el Estado colombiano desde 1964.
Ambos grupos, que según fuentes militares suman unos 25.000 combatientes, anunciaron en julio que actuarán unidos contra el gobierno del derechista Alvaro Uribe, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina.
Mientras, lo que se entiende es su principal financiación, el comercio de las drogas, sigue fuerte al margen de los partes de victoria de la policía colombiana, del Departamento de Estado de Estados Unidos y hasta de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la erradicación de las drogas sobre la reducción de plantaciones ilegales.
Un hecho que desmiente esos informes es que el precio para el consumidor no aumenta.
”Sabemos que fumigar en una zona sólo hace que los cultivos aparezcan en otra”, explicó Isaacson, quien recordó ”una ley básica del capitalismo salvaje: ”cuando hay una demanda enorme, se hará todo lo posible por satisfacerla”.
”Si la oferta hubiera caído, hubiéramos visto un aumento del precio de la droga y también un auge del valor de la pasta básica de coca en el sur de Colombia”, sostuvo.
Pero las cifras del propio gobierno estadounidense ”indican que no ha aumentado el precio de venta de la cocaína y de la heroína en las calles de nuestras ciudades. Un gramo de cocaína sigue valiendo entre 50 y 150 dólares”, agregó.
En Colombia se aplica desde 1986 la fumigación aérea para eliminar los cultivos ilegales, pero a partir del plan antidrogas se intensificó la campaña con la utilzación del herbicida glifosato en 400.000 hectáreas, en operaciones dirigidas por asesores contratados por el Pentágono (Departamento de Defensa de Estados Unidos).
Expertos de distintas nacionalidades han demostrado que la producción de drogas emigra, no ya de una zona a otra sino de un país a otro, cuando la persecución a los cultivos se intensifica en un lugar.
Isaacson recordó que, actualmente, no sólo hay cultivos en nuevas regiones de Colombia sino que ha aumentado otra vez en Bolivia y Perú.
Tampoco se ha logrado otro objetivo del Plan Colombia, como era recuperar el control gubernamental de las regiones productoras de coca y adormidera.
Por el contrario, la acción militar del Plan ”ha generado una expansión de la presencia y las acciones violentas” de la guerrilla y de los derechistas grupos paramilitares, dijo en el mismo seminario Marcela Ceballos, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Son esas fuerzas irregulares las que han logrado un monopolio de la fuerza sobre grandes extensiones de territorio, agregó.
Mientras el consumo sigue incólume, en Colombia las fumigaciones significan hambre para unas 200.000 familias que viven directamente del cultivo y que no tienen ninguna otra opción económica.
”El Plan Colombia está centrado en la disminución de las áreas de cultivo pero desconoce la dimensión social y económica”, puntualizó, a su vez, el experto Ricardo Vargas, de la no gubernamental Acción Andina.
”Las soluciones adicionales propuestas por el gobierno de Uribe tienen apenas un impacto marginal”, agregó.
Vargas explicó que ”la sustitución del cultivo (uno de los planteos del Plan) se toma años en producir, mientras el impacto de la fumigación es inmediato”.
El epicentro del programa iniciado por Pastrana y continuado por Uribe, desde su asunción en agosto de 2002, es el meridional departamento de Putumayo, limítrofe de Ecuador, donde la pobreza alcanza a 79 por ciento de sus habitantes, mientras el promedio en el pais es de 37,6 por ciento.
Las fumigaciones en Putumayo comenzaron en 2000, pero se calcula que desde enero del año siguiente cayó una ”lluvia” de 678.600 litros de glifosato sobre 29.000 hectáreas de cultivos ilegales, en una concentración superior a la utilizada comercialmente.
En total en Colombia se fumigaron el año pasado 150.000 hectáreas, con unos 3,5 millones de litros del herbicida. Para la meta de 200.000 hectáreas fumigadas en 2003, se prevé la utilización de 4,6 millones de litros.
En días previos al foro de Bogotá, el laboratorio de Genética de la Universidad Católica de Ecuador publicó un estudio respaldado por la Defensoría del Pueblo (ombudsman) sobre muestras sanguíneas de 22 mujeres, 10 ecuatorianas y 12 colombianas, todas residentes en la frontera común.
Esa investigación reveló que esas mujeres, expuestas a las fumigaciones desde 2001, presentan daño entre 20 y 70 por ciento en su material genético.
El daño es irreversible en 10 por ciento de los casos, mientras que en los restantes aumenta el riesgo de aborto, malformaciones, infertilidad y contracción de enfermedades crónicas o cáncer durante los siguientes seis meses a un año de la exposición al glifosato.
Ecuador ha solicitado a Colombia que suspenda las fumigaciones en la zona fronteriza. Movimientos indígenas y sociales de ese país pidieron la semana pasada al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que incluya en la agenda de la Asamblea General del foro mundial un pedido a Colombia en el mismo sentido.
”En este momento, nadie en Washington habla del Plan Colombia”, dijo Isaacson.
De hecho, parece que tampoco en el gobierno de Uribe. Esta semana, la directora del Plan Colombia, Sandra Suárez, fue nombrada ministra de Medio Ambiente.
También la oficina del programa fue fusionada con otras dos y el nombre institucional ”Plan Colombia” desaparece, como señal de su fracaso.
