Activistas humanitarios y analistas desconfían del proceso de desmovilización de paramilitares derechistas de Colombia pactado con el gobierno de Alvaro Uribe, iniciado este martes con el desarme de 800 miembros del Bloque Cacique Nutibara (BCN).
La entrega de armas es uno de los puntos principales del acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio en esa pequeña localidad del septentrional departamento de Córdoba y donde se establece que antes de finalizar 2005 deberán abandonar la lucha armada la totalidad de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El proceso comenzó este martes en la noroccidental ciudad de Medellín, con un acto oficial en el que participaron el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, autoridades del lugar y los miembros del BCN, parte de las AUC.
Esta desmovilización es la más importante que se produce desde fines del gobierno de César Gaviria (1990-1994), que se llevó a cabo también en Medellín aunque esa vez involucró a las llamadas milicias populares, guerrillas izquierdistas urbanas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ese proceso no dio mayores resultados por los errores que se cometieron en su implementación, según expertos.
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Hay que evitar que se repitan los errores de aquel proceso, que culminó en 1997 con muchos de los desmovilizados de nuevo en la guerrilla, dijo a IPS Luis Pardo, ex director de Reinserción (programa para desmovilizados de grupos armados) del noroccidental departamento de Antioquia.
Pardo opinó que la claridad en las funciones que desempeñarán el gobierno nacional y el local, el conocimiento de quienes son los desmovilizados y un control internacional del proceso son aspectos claves que no se tuvieron en cuenta en la desmovilización de las milicias, como tampoco ahora con las AUC.
Para Peter Drury y Marcelo Pollack, investigadores del grupo humanitario Amnistía Internacional, el proceso de paz con los paramilitares y específicamente la desmovilización del BCN deja serias dudas.
Los expertos de esta organización con sede central en Londres puntualizaron que no está claro quiénes son las personas que van a desmovilizarse en Medellín y a qué actividades van a dedicarse una vez que concluya su fase de reincorporación.
La política de seguridad democrática de Uribe, en el marco de la que se llevan a cabo las desmovilizaciones, deja abierta una puerta abierta al reciclaje del paramilitarismo.
También Human Rights Watch (HRW), la organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, calificó el lunes de "parodia" y "espectáculo de impunidad” la desmovilización de los paramilitares del BCN.
El director de HRW, José Miguel Vivanco, señaló en Washington que el gobierno colombiano, ôen lugar de entregarles micrófonos” a estos paramilitares, debería estar concentrado en arrestarlos y llevarlos ante la justicia por los crímenes atroces y los delitos contra la humanidad que han cometido.
El banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) indica que los paramilitares son responsables entre enero de 1998 y junio del 2003 de los ataques a 11.388 personas, 7.096 de las cuales fueron ejecutadas, 1.180 aún permanecen desaparecidas y 753 de las que salieron con vida denuncias haber sido torturadas.
También habitantes de barrios de Medellín han denunciado en los últimos meses que personas en nombre de las AUC les ofrecieron servicios de seguridad o las conminan a integrarse a esa fuerza ilegal, según narró a IPS un activista humanitario que pidió reserva de su nombre por razones de seguridad.
Por eso, la desmovilización del BCN podría ser una ôproceso de reciclaje de las AUC, en el que un día hacen parte de la organización y al siguiente de grupos de vigilancia legalizados”, advirtió.
Asimismo, organismos de seguridad de Medellín alertaron que bandas de delincuentes comunes se pasaron a las filas del BCN, lo que a la luz del Decreto 128, que reglamenta el proceso de desmovilización, podría dejarlos fuera de los beneficios de amnistía e indulto se ello se comprobara.
El BCN actúa bajo el mando de "Adolfo Paz", como se hace llamar Diego Murillo, uno de los firmantes del acuerdo de Santa Fe del Ralito y quien hace unos 12 años era el presunto jefe de seguridad de una familia de jefes del narcotraficante Cartel de Medellín, que lideraba el extinto Pablo Escobar.
Los integrantes del BCN son en su mayoría jóvenes habitantes de las llamadas comunas (barrios marginales) de Madellín, que en gran parte tuvieron vínculos con grupos ilegales, especialmente del narcotráfico.
No obstante, el alcalde de Medellín, Luis Pérez, afirmó que ninguno de los desmovilizados de este martes tiene pendientes procesos por delitos contra la humanidad y que todos son realmente integrantes de esa fuerza paramilitar.
Pérez sostuvo que su gobierno trata de llevar la parte del proceso que le compete ôcon sumo cuidado”, puesto que de su éxito depende "el futuro de la reincorporación (de los grupos armados) en Colombia”.
Como medidas de seguimiento del proceso y mientras se tramita en el Congreso un proyecto que les otorgaría a los paramilitares desmovilizados la libertad condicional, el gobierno pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura que haya contra miembros del BCN.
Los combatientes derechistas que abandonaron las armas este martes permanecerán por tres semanas en un centro social de la localidad de La Ceja, en la periferia de Medellín.
Mientras, este martes se conoció una encuesta, que llevó a cabo el estatal Departamento Nacional de Estadísticas entre los desmovilizados sobre sus expectativas, en la que 85 por cuento de ellos manifestó que una vez que dejaran las armas desean vivir en Medellín.
La encuesta señala igualmente que 25 por ciento de ellos lleva menos de un año vinculados a las AUC, 25 por ciento son casados y más de la mitad quiere terminar sus estudios de secundaria para posteriormente dedicarse a trabajar en actividades de seguridad, comercio y transporte.
