La muerte de la emblemática Jérawr Asáwer, una de las pocas descendientes puras que quedaban de la etnia austral chilena kawesqar, y que conservó las costumbres de su pueblo, destacó la progresiva desaparición de ese grupo indígena.
La muerta, que tenía cerca de 90 años, llevaba el nombre Fresia Alessandri en honor al ex presidente Arturo Alessandri Palma, durante cuyo mandato en los años 20 del siglo pasado fue inscrita en el Registro Civil.
El mismo día del fallecimiento, el 28 de octubre, pero a 3.120 kilómetros de la zona kawésqar, en La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato entregó al presidente Ricardo Lagos los resultados de casi dos años de una investigación liderada por el ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994).
El estudio indaga en la historia de los pueblos originarios de las zonas territorial e insular de Chile e incluye recomendaciones para corregir la ”insensibilidad histórica” de la sociedad chilena para con ellos, como reconocer en la Constitución la identidad de los indígenas, reparar el daño que les fue infligido y contribuir a preservar su cultura.
El informe, de cuatro volúmenes, propuso que se reconozca a esos pueblos el derecho a elegir sus propios parlamentarios, integrar gobiernos regionales, adoptar formas de organización propias e intervenir en las leyes, políticas y programas que afecten sus culturas, territorio, instituciones o recursos.
Se sugirió determinar qué tierras son de propiedad ancestral indígena y, si son fiscales, traspasarlas a las comunidades correspondientes. En el caso de las áreas verdes protegidas, se propuso diseñar un mecanismo que permita su reclamación para la población indígena, que es 4,57 por ciento del total del país.
La Comisión consideró además que el presidente debe asumir iniciativas de reparación y honra pública para las extintas etnias aónikenk y selkman, con la intención explícita de nunca más ocurran violaciones de los derechos humanos como las que llevaron a su exterminio.
Los aónikenk, que fueron llamados tehuelches, habitaron el territorio estepario entre el Estrecho de Magallanes y el río Santa Cruz, el Atlántico y el pie de monte cordillerano, y fueron vistos por última vez en territorio chileno alrededor de 1927.
En mayo de 1974 murió la última descendiente de los cazadores selkman, en la Isla Grande de Tierra del Fuego.
En cuanto a las etnias en peligro de extinción, la Comisión propuso un censo especial, como base de una planificación que garantice las prestaciones para asegurar condiciones básicas de supervivencia, entre ellas pensiones, subsidios y rescate de su lengua y cultura.
Esas etnias son los kawesqar, nómades costeros australes, de los que quedan sólo 101 personas, y los yagán, también habitantes originarios del sur, cuyo registro de 1995 indicó apenas 74.
Para resguardar el pluralismo, el equipo de trabajo de la Comisión estuvo conformado por académicos, políticos, empresarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes de las propias poblaciones indígenas restantes.
Dirigentes indígenas calificaron al estudio de ”colonialista” y ”asimilacionista”, por no plantear la libre determinación de los pueblos originarios y no mencionar la usurpación de sus tierras, ni la política represiva del Estado hacia miembros de la etnia mapuche presos, acusados de incendios terroristas en haciendas forestales del sur del país.
No obstante, reconocieron que el informe es un avance hacia el esclarecimiento de las violaciones de los derechos colectivos que los han afectado.
En el Congreso, parlamentarios opositores de derecha se opusieron a que los indígenas tengan representación propia.
El conservador historiador Sergio Villalobos, ganador del Premio Nacional de Historia, opinó que la propuesta de autodeterminación indígena es muy peligrosa, porque ”quebraría la unidad jurídica y geográfica” de Chile.
Iniciativas de ese tipo introducen ”demagogias y desconciertos”, puesto que los indígenas votan en las elecciones igual que todos los chilenos desde hace un siglo, y aceptar que tengan representación propia sería darles privilegios, no oportunidades, arguyó.
Esas afirmaciones ”me parecen absolutamente desproporcionadas y creo que Villalobos confunde las cosas”, dijo a IPS el werkén (portavoz) del indígena Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán.
”Son opiniones fuera de lugar, y no se puede esperar que un historiador emita juicios de esa naturaleza , políticos, fundados en posiciones previas a cualquier investigación”, arguyó.
Huilcamán desafió a Villalobos a probar que, como ha dicho, los mapuches vendieron las tierras que les entregó el Estado. ”Que me presente 10 casos en que hayan vendido sus tierras de manera conciente e informada, que yo le voy a presentar 200 casos de usurpación de tierras”, aseguró.
El derechista Instituto Libertad y Desarrollo criticó el informe y sostuvo que la idea de territorialidad espacial de las etnias no conduce a integrarlas, sino que las confina, las segrega y las condena a la inmovilidad cultural.
También cuestionó que se asocie a los indígenas con población rural, y sostuvo que hoy la mayoría de ellos son urbanos, con prioridades ajenas a la propiedad de tierras.
El Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en 1989, reconoce a los indígenas como descendientes de las poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista y colonización.
También les asegura el derecho de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon y de sus recursos naturales, así como autonomía relativa para asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, fortaleciendo sus identidades, lenguas y religiones.
La Comisión destacó que los pueblos indígenas han perdido el uso económico, social y cultural de sus tierras y aguas ancestrales, usufructuadas por empresas mineras en el norte, y por otras forestales e hidroeléctricas en el sur.
También señaló que el desempleo y el aislamiento geográfico, asociado con problemas de abastecimiento y comunicaciones, son comunes a todas las etnias.
Por otra parte, la emigración hacia las ciudades ha propiciado el mestizaje con procesos de aculturación.
”No estamos diciendo que se queden en el pasado, sino que con un plan de desarrollo más significativo de lo que tienen hoy, ciertamente, que encararán mejor los desafíos de la sociedad contemporánea”, dijo a IPS el obispo católico emérito Sergio Contreras, integrante de la Comisión.
La periodista Patricia Stambuk señaló que los mapuches no sólo han sido protagonistas de los conflictos con las trasnacionales, sino que ”despertaron desde dentro de sus comunidades una revalorización cultural y autoestima de raza, lo que protege mejor su futuro”.
Pero no ocurre lo mismo con etnias menos fuertes, a las que ”la globalización y el modelo económico pueden terminar por absorber”, añadió.
La cuestión indígena ha pasado a los primeros planos en América Latina tras la movilización con fuerte base étnica que forzó en octubre la renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.
En Ecuador, la creciente organización y participación electoral indígena incidió mucho para el triunfo en los comicios de 2002 del actual presidente Lucio Gutiérrez, aunque esa alianza ya se rompió, y en 2000, las protestas indígenas terminaron con el gobierno de Jamil Mahuad.
En Colombia, 80 por ciento de las etnias indígenas gobiernan sus territorios ancestrales, garantizados legalmente bajo la forma de resguardos que ocupan 27 por ciento de la superficie del país.
Los indígenas colombianos son dos por ciento de los 44 millones de habitantes de su país, y se han visto gravemente afectados por los conflictos armados en que participan guerrilleros izquierdistas, paramilitares de derecha y organizaciones dedicadas a la explotación de drogas ilegales. (
