La salud ocupacional es una utopía para los 12,4 millones de trabajadores que conforman la población económicamente activa centroamericana, en la que se registran cada año dos millones de accidentes laborales, según un estudio del Programa Salud y Trabajo en América Central (Saltra).
Esa investigación indicó que en la región no se realiza diagnóstico de enfermedades ocupacionales ni hay sistemas de vigilancia sanitaria, y que los ministerios de Salud de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, los siete países del istmo, carecen de políticas en ese ámbito.
Existe un gran descuido de la salud ocupacional en la región y un gran desconocimiento de las formas en que es posible mejorar las condiciones de los trabajadores, aseguró a IPS Katharina Wessling, directora ejecutiva del Saltra.
Para Wessling, las enfermedades ocupacionales se tienden a invisibilizar, porque no existe conciencia sobre el impacto que causan en la economía de las familias centroamericanas.
A criterio de Wessling, los patrones se equivocan al creer que atender estos problemas ôcuesta muy caro, cuando lo realmente oneroso es la ausencia de políticas que faciliten el bienestar de los trabajadores, en un ambiente laboral adecuado que proteja su salud.
La investigadora afirmó que la escasa participación de ministros de Salud de la región en planes de salud ocupacional, por considerar que no se trata de un asunto público, es un factor determinante de la poca atención que recibe el problema en el área.
El Saltra, una iniciativa a 12 años de plazo impulsada por el Secretariado de Integración Social, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Autónoma de Nicaragua y el Instituto Nacional de Vida Laboral de Suecia, pretende mejorar la salud ocupacional en el istmo.
En la región, sólo 10 por ciento de los trabajadores están sindicalizados, y esa debilidad contribuye a empeorar el problema, según los responsables de la investigación.
Hay sectores incluso, como el agrícola, en que la sindicalización de los trabajadores no llega ni siquiera al tres por ciento, lo que complica su situación, porque no tienen medios de exigir condiciones adecuadas de salud ocupacional, reveló Wessling.
La agricultura, y en especial la producción de caña de azúcar, junto con el sector de servicios y la construcción, son las actividades en que se encontró mayor vulnerabilidad de los empleados, pero en las demás tampoco existen registros que permitan un diagnóstico certero, destacó el SALTRA.
De los 12.4 millones de trabajadores de América Central, 47 por ciento se dedican a los servicios, 36 por ciento a la agricultura y 17 por ciento a la industria.
El sector informal, que aglutina a miles de trabajadores, deberá ser considerado en las políticas de seguridad ocupacional a impulsar en la región, ya que no se puede contemplar sólo a los trabajadores que reciben un salario, sostuvo Wessling.
En 2000, el subempleo afectaba a 7,8 por ciento de los hombres y 7,3 por ciento de las mujeres de la población económicamente activa (PEA) de Costa Rica, que era 1,4 millones, según datos del Saltra.
Ese año, Honduras tuvo la proporción más alta de subempleados de la región, con 30 por ciento de una PEA de 2,1 millones.
Los inmigrantes y los niños trabajadores son dos de los grupos más afectados en el sector informal, puntualizó Wessling.
La investigación registró también el porcentaje en cada país de trabajadores con seguros contra riesgos laborales.
El país con mayor cobertura es Belice, con 60 por ciento. Le siguen Costa Rica con 56, Panamá con 52, Guatemala con 30, Nicaragua con 17 y Honduras con 14 por ciento.
La situación de abandono en que se encuentra la salud ocupacional agrava la situación de la población de América Central, de 37,6 millones, la mitad en la pobreza.
Los padecimientos de espalda, alergias y dificultades respiratorias son algunos de los problemas más frecuentes que sufren los trabajadores. En el caso agrícola, la exposición a pesticidas e insecticidas, en especial en las plantaciones bananeras, causa esterilidad y otros males.
En Nicaragua, 9.500 trabajadores de Chinandega, al oeste del país, mantienen desde hace cinco años demandas millonarias contra compañías bananeras por los efectos negativos que les causó el pesticida cuyo nombre comercial es Nemagón (dibromo cloro propano).
En noviembre de 2000 se promulgó en Nicaragua la Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas en el sector bananero.
A comienzos de la década pasada, se plantearon en Costa Rica y Honduras denuncias contra compañías bananeras de capital estadounidense, a las que se acusó de exponer a los trabajadores a la contaminación por pesticidas e insecticidas usados en el cultivo.
Para Ernesto Medina, rector de la Universidad Autónoma de Nicaragua, existe el temor de que sectores como los de la maquila (zona franca industrial) y la agricultura empeoren su situación una vez que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio que América Central negocia con Estados Unidos.
La fragilidad en la maquila y en la agricultura, como es el caso de la caña de azúcar, puede hacer que se dé una mayor explotación de los trabajadores, quienes se exponen a situaciones laborales inadecuadas, expresó.
Al firmarse un acuerdo de la magnitud del que se negocia implica el riesgo de que los trabajadores afronten mayores manipulaciones, sin disponer de medios para defenderse, explicó Medina.
Una de las críticas de quienes se oponen al tratado es que busca proveer a Estados Unidos de mano de obra barata, y ese punto se debe revisar con suma responsabilidad, advirtió.
El lunes de esta semana, cientos de trabajadores públicos e integrantes de la sociedad civil costarricense desfilaron ante el Congreso y la Casa Presidencial para pedir al mandatario Abel Pacheco que se detengan las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos.
Los trabajadores, representados entre otras organizaciones por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), sostienen que la población costarricense desconoce qué se negocia.
El 8 de diciembre se iniciará la novena ronda de negociaciones entre América Central y Estados Unidos, país que presiona para que los acuerdos se firmen antes de sus elecciones presidenciales de 2004, señalaron sindicalistas costarricenses, entre ellos Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
