Ministros de 34 países americanos declararon su voluntad de marchar hacia un área de libre comercio común que permita a cada uno acomodarse según sus posibilidades, concepto que encubre profundas diferencias entre intereses particulares y la urgencia de reducir la pobreza, según la sociedad civil.
El ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) que los gobiernos del continente, todos salvo Cuba, esperan poner en marcha a fines de 2005 es un objetivo clave de la política estadounidense.
La VIII Conferencia Ministerial de las Américas instalada el jueves en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami concluyó sorpresivamente en la noche de esa misma jornada, un día antes de lo previsto, pues el acuerdo sobre la Declaración Final hizo innecesario continuar con las deliberaciones.
El documento, delineado desde principios de la semana entre los copresidentes del encuentro, Brasil y Estados Unidos, permite que los países puedan optar o descartar algunas cláusulas a su conveniencia.
También establece que cuestiones delicadas, como el desmantelamiento de los subsidios agrícolas, sean discutidas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
"Aún tenemos una gran cantidad de asuntos sustanciales que discutir y no son fáciles", subrayó el canciller brasileño Celso Amorim.
"Pero lo que decidimos fue insistir en una dirección que crea las condiciones para llegar a un acuerdo. Claro que esto no garantiza que al final lleguemos a ponernos de acuerdo, pero crea las condiciones para un acuerdo", enfatizó.
Los ministros "aprendieron algunas lecciones" de la fallida conferencia de la OMC en México, dijo el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick.
Por tanto comprendieron la necesidad de dar pasos decisivos hacia "una nueva fase, que parte de los conceptos generales y las conversaciones que hemos sostenido, a una de realidades concretas", añadió. El ALCA abarcaría un mercado potencial de 800 millones de personas, con un producto interno bruto de 11.000 millones de dólares, pero donde aproximadamente más de un cuarto de la población no es capaz de cubrir sus necesidades básicas y las desigualdades dentro y entre los países son abismales.
Brasil y Estados Unidos diseñaron el modelo "a la carta" o "flexible" para evadir el callejón sin salida al que los conducían sus profundas diferencias sobre la amplitud del acuerdo.
La tesis se impuso contra del deseo de otros gobiernos, especialmente de México, Canadá y Chile, que ya tienen acuerdos amplios de intercambio comercial entre ellos y con Estados Unidos, y que aspiraban a un mercado abierto que derribara definitivamente los aranceles a la importación en el continente.
Pero los agricultores y los poderosos sindicatos industriales de Estados Unidos también quieren limitar la amplitud de la apertura, y el presidente de ese país, George W. Bush, no encuentra muy conveniente insistir en un asunto impopular durante un año previo a elecciones.
De hecho, la sede de la conferencia, Miami tenía sus desventajas. Es el punto de encuentro cultural y comercial del Sur y el Norte del continente, pero también es un escenario decisivo para la batalla electoral estadounidense y destaca la importancia de miles de productores de cítricos, cuyo negocio se ve amenazado si pierden sus jugosos subsidios.
"El asunto agrícola es algo que estamos negociando todavía", dijo Zoellick, pero pareció claro que no es un tabú, en tanto su gobierno se comprometió a "a reducir los subsidios y trabajar en lo que se refiere a acceso a mercados".
De cualquier modo, el entusiasmo inicial de Washington con el ALCA se ha desvanecido, mientras su "guerra contra el terrorismo", especialmente la resistencia iraquí a la ocupación militar estadounidense acapara su atención.
Brasil por su parte, no obtuvo el acceso a sus productos agrícolas, bandera que lo llevó a liderar a las naciones en desarrollo en las conversaciones de septiembre en la OMC y por la cual fue señalado por europeos y estadounidenses como responsable de su fracaso.
Está claro que Brasilia sigue dispuesta a volver sobre el asunto agrícola en una próxima ronda pero mientras Estados Unidos no insista con obtener a cambio la apertura a los servicios financieros y el mercado tecnológico brasileño.
No sólo Bush tenía intereses políticos en juego. Muchos gobiernos latinoamericanos sienten que su estabilidad podría verse amenazada si aparecen como rendidos a presiones indebidas del gigante del Norte.
Mientras tanto, el mensaje de sindicatos y organizaciones no gubernamentales que participaron en el foro de desarrollo sostenible coloca muchas preguntas sobre el presunto nuevo rumbo del ALCA.
"El ALCA podrá tener una nueva visión, pero sigue a ciegas frente a las necesidades de los pobres", dijo EL director de la campaña de comercio de la organización humanitaria Oxfam International, Phil Bloomer, con sede en Londres.
"Esta declaración encubre las diferencias irreconciliables entre intereses particulares por un lado, y la urgente necesidad de reducir la pobreza por el otro", añadió.
"Marchamos junto a los obreros porque queremos decir no a este ALCA en el que los más grandes le imponen sus normas a los más pequeños", sostuvo a IPS Fernanda Castejón, también de Oxfam, quien participó en el Foro de Desarrollo Sustentable y en la manifestación organizada el jueves por los sindicatos estadounidenses.
"Condenamos la violencia porque parece que no tuviéramos juicio y distrae la atención sobre asuntos muy serios que hay que dejar claros", afirmó en referencia a esporádicos choques entre la policía y un puñado de activistas.
"El libre comercio es útil para combatir la pobreza si incluye medidas para compensar a los más débiles y a los que no son considerados competitivos. De otra forma, esto simplemente acabará como le pasó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", TLCAN , apuntó.
La activista se refería al documento distribuido por el Carnegie Endowment por la Paz, según el cual antes de ver los frutos del crecimiento económico del TLCAN, los mexicanos perdieron cientos de miles de empleos y los nuevos puestos de trabajo expusieron a muchos a condiciones de explotación inaceptables.
La Coalición Health Gap (HGC), entre otras organizaciones, puso en el tapete el capítulo de los derechos de propiedad intelectual propuesto por Estados Unidos en la declaración.
"La protección a la industria farmacéutica estadounidense impide el acceso a medicinas a los más necesitados en América Latina", dijo Paul Davies, portavoz de HGC.
Según la organización Médicos Sin Fronteras, la propuesta estadounidense contraviene el acuerdo de la OMC, que reconoce el derecho de los países pobres a importar medicamentos genéricos, menos costosos que los patentados por los grandes laboratorios, para combatir emergencias sanitarias o epidemias.
"Casi dos millones de personas en el Caribe y América Latina viven con VIH (causante del sida). Un acuerdo que no tome en cuenta que la competencia de los genéricos ha derribado los precios de las medicinas antirretrovirales en casi 98 por ciento, de 20.000 a 140 dólares por persona y por año, estaría condenándolas a muerte", añadió Davies.
Lo mismo es válido, pero en sentido inverso para la industria tabacalera, también objeto de críticas por parte de la coalición de organizaciones de salud presentes en Miami. En este caso, insisten, la naturaleza letal del tabaco debe prevenir a los gobiernos de incluirlo en el sistema de exclusiones arancelarias.
