Integrantes del Parlamento Europeo solicitaron que la UE ejerza presión sobre Washington para asegurar un tratamiento justo a los casi 700 prisioneros mantenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en el oriente de Cuba.
Integrantes del Comité de Derechos Ciudadanos del Parlamento Europeo en representación de varios partidos pidieron la suspensión de los acuerdos de cooperación jurídica entre la UE (Unión Europea) y Estados Unidos si no se brinda un tratamiento satisfactorio a los prisioneros en Guantánamo.
Los legisladores afirmaron que los detenidos como sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda deben ser sometidos a un juicio justo o, de lo contrario, ser liberados.
Unas 650 personas fueron detenidas por militares estadounidenses, la mayoría en Afganistán y Pakistán, en el marco de la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente George W. Bush tras los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.
Washington asegura que cuenta con evidencia de que los detenidos, a los que no considera prisioneros de guerra, asistieron a campamentos de entrenamiento terrorista de Al Qaeda o estuvieron involucrados con la red liderada por el magnate saudita Osama bin Laden.
Si bien no existe una lista oficial de los detenidos, se estima que una veintena son ciudadanos de países de la UE.
Hubo varios informes sobre maltrato. Las autoridades estadounidenses mostraron, en primera instancia, fotografías de los detenidos en uniforme naranja, arrodillados ante soldados. La cadena estatal británica de radio y televisión BBC informó en agosto que hubo hasta ahora 31 intentos de suicidio.
Los detenidos no han tenido contacto con familiares o con abogados durante los dos años en que han estado detenidos en Guantánamo, según organizaciones de derechos humanos.
Familiares y representantes legales de detenidos de Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Suecia formularon el martes un pedido de tratamiento justo a los prisioneros, acompañados por varios legisladores europeos.
¿Dónde está la protesta diplomática unida de la UE al presidente Bush?, preguntó la legisladora británica Sarah Ludford, portavoz de Asuntos Judiciales del grupo Liberal Demócrata del Parlamento Europeo.
Si la UE habla con una sola y fuerte voz, seguramente tendremos peso real para revertir la justicia de tercera clase implementada por Estados Unidos en Guantánamo, agregó Ludford.
La europarlamentaria pidió a los países de la UE que se nieguen a firmar cualquier neuva resolución sobre Iraq hasta que Estados Unidos ponga fin al intolerable sufrimiento de los prisioneros.
Entre los posibles acuerdos, Ludford mencionó la iniciativa que presentará Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a la que calificó de intento de internacionalización de la ocupación de Iraq.
La legisladora agregó que no solo debía reclamarse por los prisioneros que tienen ciudadanía europea, sino por todos.
La española Anna Terrón, del Partido Socialista, sostuvo que el grupo multipartidario de europarlamentarios pedirá al Consejo de Ministros que constituya un frente común para asegurar que los prisioneros europeos en Guantánamo sean sometidos a un juicio justo.
Azmat Begg, padre de uno de los detenidos británicos, pidió que la UE presione a Estados Unidos para que libere a su hijo o que le permita comparecer ante la justicia en su propio país.
Las autoridades militares en Guantánamo afirmaron que Mohazzam Begg será sometido a juicio militar, pero hasta ahora no se ha fijado fecha para el juicio.
Una serie de fallos judiciales en Estados Unidos determinaron que ninguno de esos prisioneros gozarán del derecho constitucional al debido proceso.
La gran mayoría de los prisioneros fueron capturados en Afganistán, durante y después de la campaña militar encabezada por Estados Unidos para derrocar al régimen del grupo radical islámico Talibán, objetivo alcanzado en diciembre de 2001.
El resto fueron capturados en otros países como parte de la guerra de Estados Unidos contra la red extremista islámica Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, el principal sospechoso de la autoría intelectual de los atentados contra Nueva York y Washinton cometidos el 11 de septiembre de 2001.
Apenas 40 por ciento de los confinados en Guantánamo terminaron liberados y repatriados. Oficiales del campamento admitieron que muchos de los que continúan allí son combatientes de bajo rango y con escasos conocimientos que puedan ser de valor para la inteligencia estadounidense.
El gobierno de Bush reconoció en abril que tres de los prisioneros son menores de 15 años.
Organizaciones humanitarias y de derechos civiles como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja elevaron fuertes protestas por las circunstancias de detención y las condiciones de confinamiento.
El principal motivo de crítica fue la no celebración de audiencias para determinar si los combatientes capturados califican como prisioneros de guerra de acuerdo con las Convenciones de Ginebra.
Washington argumentó que se trata de combatientes ilegales, y que por lo tanto no pueden acogerse a las prerrogativas que corresponden a los prisioneros de guerra. Eso le permite a las autoridades detenerlos por tiempo indeterminado sin acusación ni audiencia para determinar si se trata de prisioneros de guerra.
Además, como la base no se encuentra en territorio estadounidense, el gobierno de Bush entiende que los detenidos no pueden reivindicar el derecho constitucional al debido proceso garantizado.
Las reglas de las comisiones militares donde se procesarán los juicios son el blanco preferido de los ataques de organizaciones humanitarias y de abogados que se preparan para defender a los acusados.
Esas normas incluyen algunas salvaguardias del debido proceso — juicio público, pruebas más allá de una duda razonable para la condena, examen cruzado de testimonios—, pero que no son suficientes para eliminar serias fallas, afirman los expertos.
Para empezar, no se admitirá una revisión judicial independiente de los veredictos. Así, el Poder Ejecutivo actuará como fiscal, juez, jurado y ejecutor en caso de que la condena sea a la pena capital, prevista por las reglas de las comisiones militares. (
