La discusión por la ley de divorcio en Chile dividió a la propia Iglesia Católica, al punto que una campaña de televisión contraria al proyecto próximo a ser aprobado debió ser modificada debido a críticas de comunidades de base y hasta de la Conferencia Episcopal.
La propaganda antidivorcista de la Vicaría de la Familia de la arquidiócesis de Santiago, puesta en el aire en los canales de televisión abierta, fue cuestionada, entre otras cosas, por asegurar que la legalización de la separación de parejas empujaba a los hijos al consumo de alcohol y drogas.
Una carta crítica de la campaña publicada en la prensa por el sacerdote jesuita Felipe Berríos, capellán de la campaña ”Un Techo para Chile”, encendió el debate en el seno de la Iglesia Católica, que culminó con el retiro de las piezas más polémicas y el perdón público del arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.
La publicidad tiene el propósito de presionar a los parlamentarios para cambiar artículos de la llamada ley de Matrimonio Civil, que el 7 de este mes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado comenzó a transitar el último tramo para su aprobación final.
El trámite se aceleró luego de que el Senado aprobara en agosto con 33 votos a favor y 13 en contra el proyecto en general, que ya tenía media sanción de Diputados, y que el gobierno socialista de Ricardo Lagos le impusiera el carácter de urgencia simple, que obliga ser tratado en un plazo máximo de 30 días.
Esta vez resta definir algunos puntos en particular, como los plazos que se requieran para la separación de la pareja, la existencia del pedido unilateral de divorcio, el reconocimiento civil del matrimonio religioso y la opción frente a un vínculo indisoluble o no.
Senadores del cogobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) advirtieron que, vencido el plazo de las modificaciones, la tramitación será más rápida.
A pesar de la inminencia de la decisión del parlamento, que sacará a Chile de ser el único país de América sin legalización del divorcio, la Vicaría de la Familia de Santiago insiste con su campaña de rechazo.
Con el eslogan ”Chile quiere una familia unida, no la divorciemos”, la publicidad comenzó a emitirse el 19 de septiembre apoyada con estadísticas sobre las consecuencias del divorcio en Estados Unidos, según estudios de Patrick Fagan, un católico tradicionalista y asesor del gobierno de George W. Bush en materia de familia y cultura.
Las estadísticas de Fagan aseguran que los hijos de divorciados en Estados Unidos consumen más drogas y alcohol, propenden a la delincuencia y a las agresiones intrafamiliares, son más mentirosos y están más desprotegidos contra la pobreza.
Ante esas afirmaciones fue que Berríos en su carta, enviada a la prensa luego de que fuera leída por al arzobispo Errázuriz y por el vicario de la Familia, Jaime Fernández, sostuvo que la campaña publicitaria estigmatizaba a los hijos de divorciados y que la Iglesia debía pedir perdón por ello.
A esto se sumó las opiniones disonantes de sectores jesuitas y salesianos ante el camino escogido por el arzobispado santiaguino para manifestar su discrepancia con la aprobación de la ley de divorcio.
El día 2 el propio Errázuriz reconoció públicamente que la Iglesia Católica había cometido errores en la campaña televisiva contra el divorcio, al obtener ”un efecto no deseado respecto de los jóvenes que eran hijos de matrimonios que se habían separado”.
El obispo capitalino admitió también que el espíritu de la propaganda fue influenciar la discusión parlamentaria en torno a la ley del divorcio.
Así, la primera fase de la campaña de televisión fue retirada antes de lo previsto y se puso en el aire las dos siguientes, anunciadas como ”reflexiva” y ”propositiva”. En ellas se enfatiza los aspectos de la ley que aumentan la inestabilidad de la familia y las ventajas del matrimonio indisoluble, según entiende la Iglesia Católica.
A la par de ello, Errázuriz y otros sacerdotes afirmaron que no hay divergencias de orden dogmático puertas adentro de la Iglesia y que ningún miembro del clero es divorcista, sino que sólo hubo divergencias en la forma de abordar y comunicar su posición ante la ley en discusión.
Para parlamentarios del PDC de la comisión legislativa que tramita el proyecto, la estrategia comunicacional de la Iglesia es ”extemporánea, porque la votación ya se hizo y no creemos que ningún senador vaya a cambiar su opinión ante una publicidad”.
Además, fue objetable haber utilizado en la campaña ”antecedentes de un estudio de una realidad que es diametralmente distinta a la chilena, por lo que resultó siendo relativamente contraproducente”, añadieron.
Tampoco la diputada del también gobernante Partido por la Democracia, María Antonieta Saa, no concuerda ni con la forma ni con el fondo de la campaña antidivorcista de la Iglesia.
Saa considera que es ”una campaña maniquea, simplona y muy estigmatizante de los hijos de padres separados” y, además de ”no aportar nada, entrega datos que no corresponden a la realidad, es una campaña del terror frente a hechos consumados”.
Sin embargo, el mérito de la controvertida publicidad fue, según la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Cecilia Pérez, ”proponer un debate más transversal, un debate ciudadano”. ”Esto es algo que se habla al interior de la familia y de los hogares”, apuntó.
Pérez destacó la importancia de ”sincerar nuestra realidad social” y ”de la necesidad de una nueva ley” e instó a que ”no nos distraigamos con realidades, a lo mejor, extrañas a la nuestra, cuando tenemos demasiada realidad en Chile para preocuparnos por el tema del matrimonio y de la familia”.
La directora ejecutiva de la Fundación de la Familia, Nuria Núñez, coincidió con la ministra al indicar que ”la campaña abrió un espacio y sacó adelante todos los sustos, mitos e ideas equivocadas frente al divorcio vincular”.
Ambas expertas reconocieron el derecho de la Iglesia Católica a emitir su opinión para defender la unión matrimonial, una legitimidad ganada en democracia.
Asimismo, el asesor de la derechista Unión Demócrata Independiente Jorge Reyes manifestó su conformidad. ”Me parece que están ejerciendo el derecho que tiene la Iglesia a discutir el tema”.
Calificó de positivo el impacto de la publicidad en la opinión pública, pues entiende que ”hasta ahora la única crítica que ha hecho es que se habría violentado a las personas, pero nadie ha desmentido las cifras, que eso es, a mi juicio, relevante”.
