El gobierno de George W. Bush debe condenar a Israel con acciones concretas y no sólo con palabras por ampliar los asentamientos judíos en Gaza y Cisjordania y por construir un muro de seguridad alrededor de territorio palestino, indicaron expertos y activistas estadounidenses.
El gobierno del primer ministro israelí Ariel Sharon, pese a las objeciones de Washington, decidió el martes seguir adelante con la construcción de la muralla, formada por trincheras, torres fortificadas con guardias y sensores electrónicos, con la que intenta disuadir la entrada de combatientes palestinos a Israel.
Además, llamó este jueves a licitación para construir 530 viviendas en el asentamiento judío de Beitar Illit, 24 en el de Ariel y 50 en el de Maale Adumim, todos en Cisjordania, a pesar de que la llamada hoja de ruta hacia la paz le prohíbe seguir con este tipo de actividades.
Ha llegado el tiempo de condenar la muralla, pues es un acto de anexión ilegal, así como la anexión de Jerusalén oriental y de las Alturas del Golán fue considerada ilegal, afirmó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación en los territorios ocupados, John Dugard.
Lo que presenciamos en Cisjordania es un claro y visible acto de anexión bajo la excusa de la seguridad, escribió Dugard en el informe de 15 páginas que presentará ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2004.
La muralla separa Cisjordania del territorio israelí, y es vista como un nuevo obstáculo para la aplicación de la hoja de ruta, el programa hacia la paz elaborado por el Cuarteto (instancia de mediación internacional integrada por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia).
El gobierno israelí anunció el inicio de la segunda fase de su construcción con un nuevo trazado que, según críticos, incluirá territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. El costo total de la obra se estima en 1.500 millones de dólares.
El Banco Mundial advirtió que la supervivencia de unos 150.000 palestinos se verá amenazada por la primera fase de la barrera, que ya fue completada, y la organización humanitaria Human Rights Watch señaló que las otras fases afectarán a otros 150.000.
El gobierno de Estados Unidos amenazó la semana pasada con descontar el costo de la muralla de las garantías de un préstamo que le concedió a Israel por unos 9.000 millones de dólares.
Pero el analista Asad Abu Khalil, de la Universidad de California, sostuvo que la amenaza estadounidense era una vergüenza.
Amenaza es el lenguaje que el gobierno de Estados Unidos utiliza para los árabes y todos los musulmanes, no para los israelíes, dijo Abu Khalil a IPS.
El analista político y profesor del Programa de Paz y Justicia de la Universidad de San Francisco, Stephen Zunes, dijo a IPS que la amenaza estadounidense es una payasada política.
En 1992, organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron a Washington que dedujera los costos de la construcción de los nuevos asentamientos judíos de las cuotas anuales de 2.000 millones de dólares de un préstamo a Israel por 10.000 millones de dólares, recordó Zunes.
En octubre de 1993, el gobierno de Estados Unidos le dijo oficialmente a Israel que deduciría 437 millones de dólares de la cuota que debía pagar el año siguiente, pero luego el Departamento de Estado (cancillería) anunció que encontraría una forma de restablecer todo el financiamiento.
Apenas un mes después, el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) autorizó la entrega a Israel de suministros militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por unos 500 millones de dólares. Lo mismo ocurrió en 1994.
Lo que pasó entonces fue que Estados Unidos, de hecho, comenzó a subsidiar los asentamientos, pues los israelíes sabían que cada dólar invertido por Washington en expandir su presencia en Cisjordania se convertirían en una concesión, añadió.
Zunes dijo que cualquier tipo de condena de la ONU no tendría impacto en la actitud de Israel, porque el gobierno de Sharon puede ignorar este tipo de crítica mientras cuente con el respaldo militar, económico y diplomático incondicional de la superpotencia mundial.
No obstante, el analista admitió que sería mucho peor si no hubiera presión internacional contra Israel.
El activista Joe Stork, de Human Rights Watch, dijo que se debe reconocer el derecho del gobierno israelí a proteger sus civiles, pero subrayó que también está obligado a garantizar que sus medidas de seguridad no violen la ley humanitaria internacional.
Más de 2.755 palestinos y unos 830 israelíes murieron desde que estalló la segunda intifada (insurrección popular contra la ocupación) en septiembre de 2000. Cerca de 28.000 palestinos y 5.600 israelíes resultaron heridos.
Israel tiene una larga historia de restricciones arbitrarias al movimiento de civiles. La barrera sólo institucionalizará esas restricciones y agravará el daño hecho por las colonias ilegales. Es por eso que se necesita una intervención de Estados Unidos ya mismo, dijo Stork.
Por su parte, la analista Catherine Cook, del Proyecto de Información e Investigación sobre Medio Oriente, sostuvo que las amenazas de Estados Unidos de descontar dinero de las garantías de los préstamos son retórica.
El gobierno estadounidense ha dejado claro que intenta deducir el dinero de los préstamos por la construcción de los asentamientos en los territorios ocupados, aunque no ha dicho aún cuánto, señaló.
La pregunta es si Estados Unidos seguirá con esto de forma que Israel en verdad sufra un castigo económico por sus acciones, o si simplemente usa retórica, lo que, en los hechos, implicará una luz verde para que Israel continúe con sus actividades, dijo Cook.
Lamentablemente, basándonos en la historia y en las actuales declaraciones de funcionarios estadounidenses, hay pocos indicios de que Washington seguirá con este asunto con el vigor necesario para ver cambios concretos en las prácticas de Israel, añadió.
Cook subrayó que Israel es un país muy consciente de las relaciones públicas y de la imagen, y se promueve a sí mismo como una nación occidental, liberal y demócrata.
Israel protege bien esta imagen, y por eso las condenas no tienen efectos concretos. Para que lo tengan, la retórica debe estar apoyada por acciones concretas, señaló.
