En Rusia, los cadáveres de autores de atentados terroristas no son entregados a sus familiares, y está prohibido informar sobre su lugar de sepultura, en cumplimiento de una ley aprobada hace un año con menos de una hora de debate parlamentario.
”Un terrorista no es sólo un asesino, sino también el miembro de una organización política que persigue fines determinados, y el solo hecho de su sepelio es un acto político que hay que impedir”, arguyó para defender esa norma Alexandr Kotenkov, representante del presidente ruso Vladimir Putin ante la Duma.
Ese es uno de los ejemplos que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) citó para instar a otros grupos de la sociedad civil a presionar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que establezca un mecanismo de supervisión de la compatibilidad entre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.
Federico Andreu-Guzmán, asesor jurídico de la CIJ, expuso que muchas de las medidas adoptadas en los planos intergubernamental y nacionales para luchar contra el terrorismo ”suponen lesiones graves” a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de asilo.
En la campaña de la CIJ participan varias de las más notorias instituciones humanitarias independientes, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos.
El director de la oficina de defensores del ISHR, Morris Tidball-Binz, describió en lenguaje gráfico que el objetivo político de fondo es lograr que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ”se ponga las pilas”.
Es preciso ”identificar los huecos” en el sistema legal internacional, señaló el director de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan José Gómez Camacho.
En su opinión, la cuestión es revisar los mecanismos existentes y comprobar cómo pueden usarse en la lucha contra el terrorismo.
Durante la sesión de 2002 de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, el gobierno de México promovió la creación de un mecanismo de vigilancia del respeto de los derechos humanos cuando se aplican políticas antiterroristas.
Esa iniciativa no prosperó por el veto de Argelia, aunque detrás se encontraba la presión de Estados Unidos, que ese año sólo participó como observador en la reunión de la CDH, afirmó Tidball-Binz.
En la sesión de este año de la CDH se aprobó una resolución vaga en la materia, que aconseja usar mecanismos ya existentes para examinar la cuestion de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Pero las organizaciones no gubernamentales pretenden que en el siguiente encuentro de la CDH, en marzo, los 53 países que integran ese organismo decidan crear el mecanismo especial propuesto por México, o uno similar.
El régimen de derechos humanos en el sistema de la ONU prevé el funcionamiento de procedimientos especiales, que consisten en la designación de relatores o de representantes del secretario general para la investigación y el seguimiento de un tema.
Otra fórmula consiste en crear un organismo que realice la misma tarea en forma colegiada.
Las instituciones de la sociedad civil prefieren el nombramiento de un relator, pero aceptarían otra salida política ”viable” que asegure efectividad y eficiencia en el trabajo, precisó Tidball-Binz.
Sea como fuere, esas organizaciones subrayaron que consideran perentorio e indispensable establecer el mecanismo especial.
Leila Zerrougui, experta de la ONU y presidenta del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, opinó que la urgencia se debe, entre otras cosas, a que algunos Estados confunden de manera deliberada crímenes de guerra con actos de terrorismo.
En esos casos, invocan el estado de guerra permanente para descartar la aplicación de ciertas normas del derecho internacional, como las que obligan a atender las demandas del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, explicó.
Estados Unidos alegó, por ejemplo, que las personas que mantiene detenidas en Guantánamo, al extremo oriental de Cuba, en su mayoría procedentes de Afganistán, fueron arrestadas durante un conflicto armado que no está cubierto por el mandato del grupo de trabajo, explicó Zerrougui.
El relator especial de la ONU sobre torturas, Theo van Boven, aludió a la situación de los presos en Guantánamo como uno de los ”limbos legales y jurisdiccionales” en el mundo, y describió esos sitios como ”tierras de nadie en derechos humanos”.
El problema internacional más grave en la actualidad son los ataques ”contra la legitimidad de la propia ONU”, según la representante de la Oficina de Cuáqueros en las Naciones Unidas, Rachel Brett.
Brett, ciudadana estadounidense, se preguntó cuál es el papel de Estados Unidos en ”socavar todo lo que hemos tratado de crear desde 1945”.
Los activistas convocados por el CIJ mencionaron las presiones de grandes potencias para que otros países adapten sus legislaciones a las nuevas políticas contra el terrorismo que impulsan esas naciones poderosas.
Françoise Hampson, experta de la Subcomisión de la ONU de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, mencionó que Kenia y Hong Kong tuvieron una conducta ejemplar cuando sus legisladores rechazaron tales presiones.
Indonesia, ”una democracia frágil”, fue objeto de ese tipo presión para que dictara leyes antiterroristas, afirmó el nuevo director del ISHR, Chris Sidoti.
En esas conductas de las potencias ”vemos el renacimiento del colonialismo”, dijo Sidoti, de nacionalidad australiana.
Van Boven se refirió a su misión en Uzbekistán, cuyo gobiernmo se ha alineado en la materia con las grandes potencias, e indicó que pertenecer a determinados grupos y movimientos religiosos tradicionales equivale, para las autoridades uzbekas, a ser terrorista.
Al respecto, Hampson recordó que Estados Unidos eliminó a Uzbekistán de la lista de países donde se viola la libertad de religión.
