Los países que se niegan a exceptuar a ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) contra crímenes de guerra perderán casi 90 millones de dólares en ayuda militar de Washington para el año fiscal iniciado este miércoles.
El gobierno de George W. Bush cortó el 1 de julio alrededor de 30 millones de dólares de ayuda militar a 32 países amigos, la mayoría con gobiernos democráticos, porque se negaron a firmar acuerdos bilaterales que dejaran a los funcionarios y ciudadanos de Estados Unidos fuera de la órbita de la CPI.
Entre esos países figuran nuevas democracias de Europa central y oriental, algunas de las cuales, incluso, contribuyeron con soldados para la ocupación de Iraq. Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, Sudáfrica y Venezuela también aparecen en la lista, junto con varias otras naciones latinoamericanas y africanas.
Los recortes responden a la Ley de Protección de Soldados Estadounidense (ASPA, por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de asegurar que la CPI, que comenzó a funcionar en La Haya en la pasada primavera boreal, no tenga jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
La ASPA autoriza al presidente a utilizar todos los medios necesarios, incluida la fuerza, para liberar a funcionarios detenidos y acusados ante la CPI, primer tribunal permanente internacional en la historia del mundo a cargo de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio.
La ley también ordena al presidente recortar la ayuda militar a los países que ratifiquen el Estatuto de Roma, que creó en 1998 la CPI, a excepción de miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los denominados aliados extra OTAN —como Argentina, Australia, Corea del Sur, Filipinas, Israel y Japón— o aquellos a los que se les conceda un ”permiso” especial.
Washington también contempla a los países que firmen acuerdos bilaterales denominados ”Artículo 98”, en alusión a esa cláusula de la ASPA.
Esas naciones, firmantes del Estatuto de Roma, se comprometen a través de un tratado con Estados Unidos a no entregar a la CPI a funcionarios estadounidenses acusados de crímenes de guerra y contra la humanida y actos de genocidio.
Hasta ahora, 65 países firmaron este tipo de acuerdos, informó el Departamento de Estado (cancillería), que se negó a identificarlos.
Con la excepción de Turquía, todos los miembros de la OTAN ratificaron el Estatuto de Roma, así como México, Costa Rica y todos los de América del Sur excepto Bolivia, que, junto con Colombia —que ratificó el tratado la semana pasada— dependen mucho de la asistencia militar estadounidense.
Entre las nuevas democracias africanas que se negaron públicamente a firmar un acuerdo del Artículo 98 figuran Kenia, Malí, Namibia, Sudáfrica y Tanzania, para cuyos gobiernos tal acuerdo violaría el Estatuto de Roma.
Lo mismo advirtieron muchos países angloparlamentes del Caribe y de Europa central y oriental, como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Serbia.
Los críticos de la campaña del gobierno contra la CPI afirmaron que la mayoría de los países castigados por la ASP son democracias jóvenes y emergentes que, en general, han apoyado los intereses y los valores de Estados Unidos.
”Esta es la primera sanción impuesta en la historia diplomática de Estados Unidos que apunta exclusivamente contra democracias”, dijo la activista Heather Hamilton, de la Asociación Mundial Federalista, una entre cientos de organizaciones no gubernamentales que integran la Coalición para la CPI.
”La oposición ideológica del gobierno a la CPI compromete otras prioridades vitales de la política exterior estadounidense, poniendo a aliados y amigos en una posición difícil. No puede esperarse que esas naciones pongan a los estadounidenses por encima de sus leyes”, agregó Hamilton en un comunicado.
La campaña de Bush contra la CPI es un ejemplo de la posición unilateralista que ha contribuido al agravamiento del sentimiento antiestadounidense en muchos países.
En diciembre de 2000, pocas semanas antes de la investidura de Bush, el entonces presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma. En mayo de 2002, Bush retiró la firma de Clinton y se retiró de las negociaciones hacia la instalación de la CPI.
Poco después, Washington lanzó una campaña para socavar la CPI. Así, amenazó con vetar operaciones de paz de la ONU a menos que el Consejo de Seguridad del foro mundial diera inmunidad durante un año a los ciudadanos estadouidenses ante la CPI.
La excepción fue aprobada en junio por segundo año consecutivo.
Con 120.000 soldados en Iraq, 9.000 en Afganistán y decenas de miles más en muchísimos países de Eurasia y Medio Oriente, el gobierno de Bush teme convertirse en blanco de acusaciones politizadas.
Pero organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como países aliados —entre ellos Gran Bretaña, con 15.000 soldados en Iraq— creen que esos temores son exagerados.
Entre los países que firmaron acuerdos bilaterales del Artículo 98 figuran naciones pobres como Afganistán, Albania, Bosnia- Herzegovina, Honduras, Islas Marshall, Mauricio, Nauru, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, Rumania y Tayikistán,.
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, que colaboraron con la invasión a Iraq pero no firmaron tales acuerdos, verán cómo, de todos modos, Estados Unidos recortará su ayuda militar. Cada uno de ellos preveía recibir entre siete y diez millones de dólares en este año fiscal.
Ecuador podría perder 15 millones de dólares y Perú, 2,7 millones, a pesar de su papel clave en la lucha contra el narcotráfico.
Sudáfrica, sobre cuyo ejército se descansa Estados Unidos para evitar el envío de soldados a misiones de mantenimientod e paz en Africa, podría perder 7,6 millones de dólares.
