Dos hombres asesinados en Brasil poco después de brindar testimonio ante la relatora especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Asma Jahangir, confirmaron que los escuadrones de la muerte siguen activos y desafiantes en el país.
Uno de ellos, Flavio Manoel da Silva, fue asesinado de dos tiros en la cabeza por dos hombres encapuchados que se movilizaban en una motocicleta en Pedras de Fogo, pequeña ciudad del nororiental estado de Paraíba, el 27 de septiembre, cuatro días después de haber sido recibido por Jahangir.
Otro testigo, Gerson de Jesús Bispo, murió de manera idéntica en Santo Antonio de Jesús, en el interior del nororiental estado de Bahía, el 9 de octubre, un día después de que la relatora concluyera su misión de 23 días en Brasil durante la cual fue recibida en Brasilia por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bispo, reparador de neumáticos, había denunciado policías militares por la muerte de su hermano, pero volvió atrás en la acusación luego de ser amenazado. Sin embargo, igual sus verdugos cumplieron la amenaza.
Por su parte, Silva, un trabajador rural, ya había sufrido en 1999 un atentado que lo dejó parapléjico.
Silva era también testigo de una comisión parlamentaria del estado de Paraíba que investiga los Angeles de la guardia, un grupo ilegal que habría asesinado más de 230 personas en los cinco últimos años y que se compone de policías, comerciantes y hacendados, según los indicios conocidos.
Los pedidos de protección a testigos no se efectivizaron en ambos casos, lo cual resaltó el obstáculo en la lucha contra los escuadrones de la muerte, hoy mas conocidos como grupos de exterminio.
Jahangir, una abogada pakistaní, estuvo en Brasil por invitación del gobierno y deberá concluir su informe a comienzos del año próximo. Su misma presencia ya logró fuerte repercusión, por tratarse de una enviada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y por el asesinato de sus colaboradores.
Las numerosas ejecuciones ilegales, en muchos casos colectivas, constituyen, sin embargo, una realidad brasileña hartamente conocida.
Un documento entregado a Jahangir, divulgado poco antes de su llegada, detalla casos emblemáticos ocurridos desde 1997, en que 349 personas fueron muertas por la violencia policial, a manos de grupos de exterminio, por autoridades carcelarias o agentes no estatales.
El Informe Ejecuciones Sumarias en Brasil, de los no gubernamentales Centro de Justicia Global (CJG) y Núcleo de Estudios Negros (NEN), destaca que 202 víctimas no merecieron la atención del Ministerio Público (Fiscalía), por debilidades de la investigación policial o falta de voluntad.
Son mínimos los autores condenados por la justicia, señaló a IPS Sandra Carvalho, directora de Investigación y Comunicación del CJG. Estos crímenes son practicados principalmente por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones o no, comentó.
La policía brasileña es una de las más violentas del mundo, acusó esta activista que coordinó la elaboración del informe. Los datos oficiales indican que en 2000 la policía militar mató 1.442 personas y la policía civil a 77.
En el estado de Sao Paulo, con la mayor cantidad absoluta, 524, la proporción fue de 6,36 muertos por cada 1.000 policías militares, superado sólo por Río de Janeiro, con 7,45 muertes.
Pero las cifras oficiales son claramente subestimadas. En 1999, los noticieros en todo el país divulgaron 13.917 muertes provocadas por la policía o grupos de exterminio, según estudio de organizaciones afiliadas al Movimiento Nacional de Derechos Humanos, comparó Carvalho.
Un ejemplo de los casos relatados por CJG y NEN es el de cuatro jóvenes trabajadores fusilados, sin que se supiera el motivo de la agresión, el 17 de abril de ese año en una tradicional favela (barrio hacinado) de Río de Janeiro.
Policías militares colocados en el techo de una casa dispararon sorpresivamente sobre tres de las víctimas. Dos murieron inmediatamente y el tercero, herido, agonizó en la calle pidiendo asistencia médica. El cuarto fue retenido al entrar al barrio y ejecutado antes que pudiera identificarse.
Pero otra víctima, Pedro Rodrigues, funcionario de la alcaldía, logró sobrevivir con un tiro. Su testimonio y protestas de la comunidad lograron la intervención del gobierno central y de la Policía Federal (subordinada al Ministerio de Justicia).
Las investigaciones desmintieron la versión de tiroteo, alegado por los atacantes, y lograron llevar a juicio a cinco policías que esperan el dictamen en libertad.
Otro informe pedido por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos a dos centros de estudio de Sao Paulo registró un aumento de la matanza en los últimos años y la impunidad o desenlace judicial insatisfactorio de masacres practicadas por la policía desde 1993 contra niños, indígenas, campesinos, presos y pobladores pobres de las favelas.
La Comisión Pastoral de la Tierra, una dependencia de la Iglesia Católica, divulgó la semana pasada que de enero a septiembre fueron asesinados 60 trabajadores rurales, el doble de igual periodo de 2002, dato que indica un aumento de los conflictos por la posesión de tierras.
La impunidad generalizada, en el campo y en las ciudades, se debe en parte a la morosidad y omisión de la justicia, según los distintos informes.
Por eso Jahangir sugirió al gobierno brasileño una inspección del Poder Judicial por la ONU, una sugerencia que agravó la tensión institucional en el país.
La propuesta de la representante de la ONU fue rechazada por dirigentes de la Suprema Corte de Justicia, otros tribunales superiores y por la asociación nacional de jueces, que la consideraron una injerencia y violación de la soberanía nacional.
En cambio, obtuvo el apoyo de Lula y del ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, lo que atizó nuevas diatribas entre los poderes del Estado, ya enfrentados por la reforma planteada por el gobierno del Poder Judicial para someterlo a alguna forma de control externo.
