La corrupción parece estar detrás del incendio en la capital paraguaya de un depósito de productos para combatir plagas de cultivos, que causa gran alarma ante el temor de daños severos a humanos en una zona densamente poblada.
El expediente de la causa por el hecho, iniciada en el fuero ambiental, está a punto de ser derivado al ámbito de combate contra delitos económicos, ante fuertes evidencias de que el siniestro fue provocado para ocultar manejos irregulares de esos productos para el área agrícola.
"La investigación ambiental continuará, pero nos encontramos ante una evidente lesión de confianza", dijo a IPS el fiscal del área ecológica del Ministerio Público, Isacio Cuevas, quien además de abogado es ingeniero agrónomo.
El incendio desatado el 7 de julio en un depósito del Ministerio de Agricultura y Ganadería, presuntamente lleno de sustancias agrotóxicas y ubicado en un barrio residencial de Asunción, fue combatido por dotaciones de bomberos por tres horas sin que lograran evitar su destrucción casi total.
Cuevas destacó una serie de elementos que surgen del expediente, mediante los cuales es posible determinar, en principio, un irresponsable manejo en el sistema para controlar la manipulación de agrotóxicos en depósito.
El fiscal informó que las únicas siete personas procesadas en la causa son, por el momento, serenos y jefes de departamento de los depósitos.
"Según una resolución superior del Ministerio de Agricultura y Ganadería, era obligatorio que los encargados anotaran todas las novedades en cuanto al transporte de químicos. Pero nos encontramos con que varios de ellos son cuasi analfabetos y, uno, tiene las facultades mentales disminuidas", indicó Cuevas.
Representantes del Ministerio habían asegurado que el almacén guardaba 24.610 litros y 6.803 kilogramos de varios agrotóxicos, como los fungicidas Propiconazole Topsin y Folicur, herbicidas Metribuzin e insecticidas Trebon, donados por el gobierno de Japón con destino a pequeños agricultores.
Pero en el mismo expediente se manifiesta que, de modo extraoficial, los bomberos que participaron en el operativo del 7 de julio dijeron no haber logrado identificar de entre los restos calcinados la existencia de esos productos antiplagas, peligrosos para la salud humana y animal.
Varios de esos bomberos, que conversaron con IPS a condición de mantener su nombre en el anonimato, confirmaron las declaraciones en el expediente y agregaron que tampoco individualizaron al fungicida Tebuconazole.
En tanto, fuentes diplomáticas, que también solicitaron no ser individualizadas, indicaron que mediante el programa de asistencia japonés, denominado 2KR, fueron donados a Paraguay entre 1978 y 1999 elementos por más de 57 millones de dólares.
Cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería oficializó la lista de tóxicos que supuestamente había en depósito, los grupos ambientalistas Alter Vida e Instituto de Derecho y Economía Ambiental advirtieron sobre una posible "catástrofe ecológica" y reclamaron una rápida respuesta oficial al respecto.
De igual modo reaccionaron la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) y la Fundación para la Defensa del Ambiente de Argentina.
Ante ello, también el Ministerio de Salud se preparó para atender una catástrofe, admitió a IPS la presidenta de la comisión parlamentaria especial constituida para investigar el siniestro, la diputada Olga Ferreira de López.
"Cuando Agricultura confirmó en un primer momento la lista de agrotóxicos que decía tener en depósito, se esperaba un desastre de grandes proporciones", indicó Ferreira, del centroderechista Movimiento Patria Querida.
Pero estudios efectuados entre el 11 y el 18 de julio en suelos y aguas subterráneas de Asunción por parte de consultores brasileños contratados por la Organización Panamericana de la Salud detectaron índices muy bajos de contaminación, y ninguna muerte de animales domésticos y de aves, la primera señal clara de alarma.
Asimismo, ninguna de las más de 1.100 personas atendidas en los hospitales del Ministerio de Salud presentó cuadro severo de intoxicación.
El director del Centro Nacional de Toxicología, Evelio Cardozo, afirmó a IPS que, si efectivamente había en el depósito los químicos declarados por el Ministerio de Agricultura, el impacto "debió ser mucho mayor, incluyendo la muerte de muchos de los vecinos afectados directamente".
Pero un nuevo frente se abre y que puede llegar a transformarse en un foco de agitación social.
"Más allá de que es evidente que no se quemó todo lo que se dice que había en el depósito, sí hay un impacto ambiental y se tiene la responsabilidad de atender médicamente a los involucrados", advirtió Ferreira.
La legisladora indicó que en los tres barrios afectados se individualizó a 120 embarazadas y más de 2.000 familias "que están abandonadas a su suerte y sin cobertura médica", puntualizó.
"Los vecinos no creen que no les va a pasar nada, como se les dice ahora. Estiman que tienen que salir de sus viviendas, muchas de ellas precarias, y si no reciben asistencia del Estado amenazan con salir a tomar propiedades públicas improductivas", observó la legisladora.
