La soja transgénica afronta nuevos contratiempos en Brasil, con centenares de camiones impedidos de llevar ese cargamento a puertos para exportación y la falta de autorización del uso del herbicida indispensable para preservar ese cultivo.
Los camiones están paralizados en las fronteras de Paraná, debido a que el gobierno de ese meridional estado prohibió la presencia en su territorio de soja sin comprobación de que no es genéticamente modificada. La medida se basó en una legislación nacional que exige tal certificación para la cosecha actual.
Además la decisión de hacer de Paraná un área libre de transgénicos fue profundizada por su Asamblea Legislativa, que aprobó el 14 de este mes una ley que veda hasta 2006 la siembra, comercialización e industrialización de ese tipo de soja.
La medida afecta las exportaciones brasileñas, ya que gran parte de la soja del centro-oeste del país es embarcada en los puertos paranaenses de Paranaguá y Antonina. Tampoco se descarta que surjan problemas con Paraguay, que depende de estos puertos para exportar su producción agrícola.
La disposición de Paraná crea un conflicto legal, ya que el gobierno nacional autorizó la producción de soja transgénica en todo el país, por una legislación excepcional exclusiva a la siembra recién iniciada y su comercialización hasta el final de 2004.
El permiso, vigente desde el 25 de septiembre, formalizó un hecho consumado, provocando protestas de ambientalistas y del propio Ministerio de Medio Ambiente.
Es que los agricultores del también meridional estado brasileño de Río Grande del Sur se disponían a sembrar de cualquier forma semillas transgénicas que tenían almacenadas, producto del contrabando desde Argentina y siembras ilegales en Brasil desde 1997.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva buscó de ese modo evitar la configuración de una ”desobediencia civil”, admitió el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues.
Pero una acción judicial del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) contra el gobierno desnudó una falla en ese ”premio a la ilegalidad”. El herbicida glifosato, vital para estos cultivos, no tiene registro autorizando para su aplicación en partes aéreas, es decir hojas y ramas, de la soja.
La ventaja de la soja genéticamente modificada de la empresa estadounidense Monsanto, motivo de toda la confusión, es justamente ser resistente al glifosato, cuyas aplicaciones aéreas eliminan las hierbas sin hacer daño a la oleaginosa.
El Comité Técnico de Asesoría para Agrotóxicos, compuesto de expertos de los Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, confirmó que el glifosato sigue prohibido, por insuficiencia de datos sobre efectos en la salud humana. Su uso puede ser penalizado con multas y detención del responsable.
La amenaza no preocupa a la Federación de la Agricultura de Río Grande del Sur (Farsul), que asegura que 80 por ciento del total de soja cultivada en el estado es genéticamente modificada. La producción en esa zona alcanzó este año a 9,6 millones de toneladas, 18,5 por ciento del total nacional.
”Esto será resuelto por una enmienda” que se agregará a la medida que autorizó la siembra transgénica, dijo a IPS Jorge Rodrigues, presidente de la Comisión de Granos de la Farsul.
La autorización se concedió por una ”Medida Provisional”, nueva denominación en Brasil del decreto-ley presidencial, sujeto a la aprobación parlamentaria en 60 días para convertirse en ley, con los cambios que le impongan los legisladores.
El glifosato ya ”es usado en gran escala en Brasil hace más de 20 años” y ”no tiene sentido” impedir su empleo, incluso porque liberar la siembra de la soja transgénica significa ”aprobar la tecnología que incluye el herbicida”, argumentó Rodrigues.
En su opinión, es ”pérdida de tiempo discutir cuestiones ya resueltas”, dejando entendido que de una manera u otra los agricultores usarán el glifosato, ”que no es prohibido, sino que le falta el registro para uso específico” en las partes aéreas de la soja, aún en evaluación.
Sobre la decisión del gobierno de Paraná, Rodrigues cree que será ”un gran problema para las exportaciones”, no para Río Grande del Sur que tiene su propio puerto (Río Grande), sino para otros estados, como en el centroccidental Mato Grosso, mayor productor actual de soja en Brasil.
Paraná prohibió la soja transgénica, pero también tiene cultivos clandestinos, aunque limitados a cuatro o cinco por ciento del total, calcula la Federación de Agricultores del estado (Faepr). Pero esa participación puede crecer con semillas contrabandeadas de Argentina y Río Grande del Sur.
La organización representativa de los hacendados se opone a la prohibición, por considerarla ”inoportuna” y contraria a los mismos objetivos de la medida, señaló a IPS Carlos Augusto Albuquerque, asesor de la presidencia de la Federación.
”¿Ante la prohibición, donde se oculta la soja transgénica?, se preguntó. En el medio del producto convencional, provocando una mezcla”, respondió el mismo experto. Es mejor liberar la siembra de forma regulada, para que se pueda separar los dos tipos de granos, argumentó.
La separación controlada es ”la vía para salvar la soja convencional” y asi asegurar los mercados que la prefieren, como Europa y Japón, que absorben 70 por ciento de las exportaciones brasileñas, acotó.
Además de la ventaja de no sufrir restricciones en ningún mercado, la soja convencional está registrando en Paraná una productividad superior al de la transgénica de Río Grande del Sur, destacó Albuquerque.
A su vez, Santa Catarina, estado ubicado entre Paraná y Río Grande del Sur, también prohibió el cultivo de transgénicos por una ley estadual, pero su producción de soja es muy pequeña.
La esperanza de todos es que un proyecto de ley, que el gobierno de Lula debe proponer al Congreso en los próximos días, ponga fin a este enredo, pese a la imposible conciliación entre los que defienden la liberación, como los grandes agricultores, y el movimiento de ambientalistas que quiere ”un Brasil libre de transgénicos”.
