La nueva ley que resultará del acuerdo entre el gobierno centroderechista del Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantendrá la discriminación a los inmigrantes, según organizaciones sociales.
El proyecto de ley de segura aprobación parlamentaria gracias a ese acuerdo político permitirá a extranjeros gestionar ante los consulados españoles en sus países de origen un visado de permanencia en España de tres meses, que posibilitará la búsqueda de trabajo, señalaron este viernes portavoces de ambos partidos.
Por eso entienden que alivia la situación de los futuros inmigrantes, ya que hasta ahora el visado se debe gestionar antes de viajar a España y sólo después de obtener un contrato de trabajo, que debe ser convalidado por el Ministerio de Trabajo, algo difícil de lograr desde el exterior.
El consenso entre los dos mayores partidos españoles, concretado el jueves por la noche, apunta a un nuevo cambio de la ley de extranjería aprobada el 22 de diciembre de 1999 y cuya tercera reforma fuera promulgada por el Consejo de Ministros el 23 de mayo.
En ese momento entraron en vigor cláusulas que potenciaron los procedimientos de control y expulsión de inmigrantes sin documentos para residir en España, como la exigencia a las líneas aéreas de entregar a las autoridades datos de las personas que llegan al país y la cantidad de pasajes de regreso no utilizados.
Esto se debe a que, según informó en ese momento el ministro del Interior, Angel Acebes, el problema más acuciante de la inmigración son los accesos con apariencia de legalidad.
Izquierda Unida, la coalición opositora basada en el Partido Comunista y tercera fuerza electoral, y las organizaciones humanitarias criticaron con dureza el acuerdo entre el partido del jefe del gobierno español, José María Aznar, y el PSOE.
El diputado Felipe Alcaraz, portavoz parlamentario de IU, dijo que la reforma en curso es la más involucionista y reaccionaria presentada hasta ahora.
También las organizaciones no gubernamentales SOS Racismo, el ecuatoriano Rumiñahui y Asociación pro Derechos Humanos cuestionaron la decisión y apuntaron que los socialistas son cómplices del discurso y la política xenófoba impuesta por el PP, contribuyendo a respaldar un racismo institucional.
Sin embargo, todos los obstáculos legales que se imponen no frenan la afluencia de inmigrantes a España. Esta semana la policía interceptó en las costas un promedio de 200 personas por día, casi todos procedentes de Africa subsahariana.
En particular, este viernes fueron detenidas 121 personas, entre ellas tres mujeres y un menor de 18 años, cuando desembarcaban en las costas de Islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental de Africa.
En junio de 2003, la Unión Europea (UE), de la cual forma parte España, aprobó un nuevo paquete de medidas para reforzar el control de las fronteras del bloque e impulsar la creación de una policía a tal fin y un departamento único que coordine los trabajos.
En esa línea se ubicó el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, al afirmar tras lograr el acuerdo que ese partido quiere trabajar con intensidad para frenar la marea de inmigración ilegal que asola a España.
Pero la Unión General de Trabajadores (UGT), afín al socialismo, y la Confederación de Comisiones Obreras (CCOO), procomunista, también manifestaron este viernes sus críticas al acuerdo alcanzado tras agrios debates entre gobierno y oposición.
Ambas centrales sindicales, las mayores de España, consideraron que se han efectuado avances, como esos tres meses de gracia, pero que éstos aún son minoritarios.
Critican en especial el capítulo que autorizará al Ministerio del Interior a acceder a los datos del padrón de los municipios, donde se puede inscribir toda persona que reside en España y contar con asistencia médica pública, aunque no seguridad social.
Con esos datos en su poder el Ministerio podría encontrar, detener y expulsar a quienes carezcan de visado. También cuestionaron que se obligue a las compañías aéreas a informar a esa cartera acerca de las personas que no hayan hecho uso de su billete de regreso antes de que éste venciera.
UGT indicó en un comunicado que es insuficiente para responder a las necesidades que hoy tiene planteadas la sociedad española, de la que forman parte los extranjeros no comunitarios (de fuera de la Unión Europea).
Madrid es uno de los centros de mayor atracción para los inmigrantes, que suman unos 200.000 sin documentos (a los que el gobierno califica de ilegales) y que por ello trabajan sin contar con seguridad social ni contratos.
Uno de esos extranjeros, que dijo llamarse Ahmed, comentó a IPS que llegó nadando a Melilla, enclave español en la costa africana del mar Mediterráneo. Desde allí se trasladó oculto en un barco de carga hasta España, para después trasladarse por tierra hasta Madrid, donde trabaja de peón en la construcción.
Esto me permite vivir y mandar mensualmente dinero para que viva mi familia en Marruecos, añadió.
Una historia similar relató a IPS Julián, oriundo de Rumania, quien llegó en junio a España para probar suerte en mercado laboral.
Tras deambular por distintas ciudades trabajando una semana sí y otra no, cobrando jornales de menor cuantía hasta que decidió regresar a su país, porque al menos estará junto a su familia.
En igual situación viven centenares de miles de personas en España. Muchas de ellas lograron traer a sus familias y finalmente integrarse, pero otras viven pendientes del soñado contrato de trabajo para normalizar su situación y acceder a un empleo digno y bien remunerado.
Un efecto positivo, según un informe presentado esta semana por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es que por primera vez en 15 años crece la cifra de alumnos escolarizados en primaria y secundaria y que ello se debe a la inmigración.
Este año habrá 100.000 alumnos extranjeros más que en el periodo 2002-2003 y llegará a totalizar 400.000.
En relación con esa presencia, la Cruz Roja organizó esta semana un festival de música, arte y debate en la sudoriental ciudad española de Vera.
Bajo el lema Tenemos un futuro que compartir, nos necesitamos, esa organización ofrece en el recinto ferial de El Palmeral, Vera, información sobre sus programas y en la que asociaciones de inmigrantes exponen artesanía y objetos típicos de su identidad cultural.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, Mustafá el Merabet, dijo a IPS que tiene esperanza de que el acuerdo sirva para normalizar el discurso político en materia de inmigración, después de años de enfrentamientos y desacuerdos.
Además del acuerdo con el PSOE para aprobar esta reforma, el gobierno de Aznar apoya el planteo en la Unión Europea (UE) de establecer una cuotas de inmigración común.
Así lo expresaron los ministros Angel Acebes, de Interior, y José María Michavila, de Justicia, en la reunión iniciada este viernes en Roma para considerar la cuestión de la inmigración con sus pares de los otros 14 países del bloque.
Desde 400 kilómetros al noreste de Madrid, el Colegio de Abogados de Zaragoza precisó que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Un derecho que España y los demás miembros de la UE limitan.
