La Junta de Gobernadores del Banco Mundial no tiene problemas en realizar su reunión anual en Emiratos Arabes Unidos, país conocido por explotar el trabajo infantil migrante, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El Banco Mundial, institución que se precia de combatir el trabajo infantil en los países pobres, realizará su reunión conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este martes y miércoles en Dubai, ciudad considerada el centro comercial y financiero de Emiratos Arabes Unidos.
Miles de niños son traficados a Emiratos, donde los usan como mendigos y jinetes en carreras de camellos, dijo a IPS desde Dubai el activista Rory Mungoven, de HRW.
Los 1,7 millones de trabajadores inmigrantes de Emiratos constituyen 90 por ciento de la población del país, y en su mayoría proceden de países en desarrollo como India, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Egipto, Bangladesh, Jordania, Nepal y Filipinas.
Dubai fue también sede, la semana pasada, de la reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo.
Mungoven dijo a IPS que los trabajadores inmigrantes trabajan en condiciones de mucha explotación en Arabia Saudita y, en general, en el Golfo, y que con frecuencia no están en condiciones de quejarse ni de buscar compensación.
Se les impide formar sindicatos, y muchas veces terminan como rehenes de empleadores abusivos que confiscan sus pasaportes y sus visas de salida, agregó.
Los trabajadores inmigrantes que pretenden huir de sus terribles condiciones laborales o cuyos empleadores rompen la ley terminan en un estatus ilegal, perseguidos por el gobierno, sostuvo Mungoven.
El Banco Mundial sabe que los migrantes son clave para el desarrollo económico, pero no prestan atención al lado oscuro del asunto. El Banco debería ser líder en los esfuerzos internacionales para protegerlos de la explotación y del abuso, afirmó.
La economía de todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) depende fuertemente de casi 10 millones de extranjeros.
Entre los seis países figuran los mayores productores de petróleo del mundo. Emiratos tuvo el año pasado un ingreso por habitante superior a 20.000 dólares, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este país, una federación de siete emiratos —Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah y Umm al-Qaiwain—, es la tercera economía del mundo árabe detrás de Arabia Saudita y Egipto. El petróleo representa 30 por ciento del producto interno bruto y 75 por ciento de los ingresos.
Los países del Golfo no dependen del Banco Mundial para obtener dinero. Pero son contribuyentes importantes al Banco, y están buscando un mayor reconocimiento internacional por sus esfuerzos en materia de desarrollo, como queda en evidencia en la reunión de Dubai, dijo Mungoven.
El Banco podría apelar a la presión moral en nombre de los países más pobres de Asia meridional y de Africa septentrional de donde proceden los inmigrantes, de modo de convertir éste en un problema de todos los miembros de la institución multilateral, agregó.
HRW pidió, en una carta dirigida al presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, que la organización se convierta en la fuerza motora de una convención de la ONU dirigida a proteger a 175 millones de trabajadores inmigrantes en el mundo, en especial en el Golfo.
La convención, que entró en vigencia el 1 de julio luego de 13 años de haber sido aprobada por la Asamblea General, fue ratificada por solo 22 países, ninguno de ellos del Golfo.
Casi 60 por ciento de los inmigrantes del mundo viven en Europa o América del Norte. El resto residen en países del Golfo, en Japón o en Australia, entre otros.
Ninguno de los países ratificantes —entre ellos Bolivia, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, Marruecos, México, Senegal, Sri Lanka, Uganda, Uruguay— son receptores de inmigrantes, sino, por el contrario, emisores.
La convención tiene el propósito de proteger a trabajadores inmigrantes al reconocerles libertades fundamentales como las de sindicalización, expresión y credo, el derecho al debido proceso y a la equidad con los nacionales en materia de derechos sociales y económicos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) calculó que una de cada 35 personasd del mundo es inmigrante, lo que representa 175 millones de personas.
