Muchos inmigrantes que buscan en España una mejor vida deben transitar por un infierno, del que algunos no logran salir, para luego sólo quedar al margen de la sociedad, salvo algunos casos que logran finalmente conquistar el cielo.
La cantidad de personas muertas al intentar cruzar el mar Mediterráneo en frágiles embarcaciones desde el norte de Africa hasta la costa española sigue en rápido aumento, al pasar de 39 en 2002 a 91 en lo que va del año.
Pero muchos de aquellos que consiguen llegar tampoco pasan de la playa, como ocurrió a fines de agosto con unos 250 inmigrantes sin documentación detenidos en la localidad de Tarifa, en el extremo sur de España, un hecho que provocó el colapso del centro de refugiados temporales del lugar.
Otros 300 afrontaron igual destino en las costas de las islas Canarias ubicadas frente al noroccidental reino africano de Marruecos.
En contraposición a ese difícil camino —cuando no trágico— para llegar a España, una vez en este país existen lugares donde los inmigrantes se animan a decir que alcanzaron el lugar soñado, como es el caso de la localidad de Talayuela, en la occidental provincia de Cáceres, lindante con Portugal.
Talayuela es una localidad extremeña donde 40 por ciento de sus 11.000 habitantes son extranjeros, al menos de 20 países distintos, que alberga a parejas integradas por nacionalidades diferentes y que sus hijos concurren a escuelas públicas, las cuales brindan enseñanza bilingüe para quienes no hablan español.
El futuro de la población inmigrante está en las escuelas, apuntó el director del colegio público de Talayuela, Manuel Vivas.
Ese centro escolar finalizó el último curso con una matrícula de 650 niños, muchos hijos de inmigrantes marroquíes.
En situación parecida se encuentran otras poblaciones de las comunidades de Extremadura, Aragón y Galicia.
Muy lejos, en cambio, es el panorama que predomina hoy en España en general respecto de los inmigrantes.
Un ejemplo de ello es Madrid, donde sólo 250.000 de los más de 600.000 extranjeros que residen allí cuentan con permiso legal para hacerlo, según el Ministerio del Interior.
En esta capital española hay 16 centros de refugio temporal, pero con una capacidad de 15 plazas cada uno y con un límite máximo de tres meses de permanencia.
Muchos inmigrantes, en especial los recién llegados, viven en condiciones difíciles, admitió a IPS Claudia, una mujer brasileña diplomada de maestra que se desempeña como empleada doméstica y que llegó al país vía Francia.
El periplo europeo de Claudia en busca de un porvenir decente para ella y si joven hija había comenzado en Gran Bretaña, de donde fue deportada a Francia.
¿Para qué arriesgó lo poco que tiene?, preguntó IPS. Para conseguir trabajo y ayudar al desarrollo de su hija, que tiene 16 años y que permanece en su ciudad natal del meridional estado brasileño de Paraná, junto a su abuela.
Claudia, quién pidió no hacer constar su identidad completa, dijo a IPS que, mientras busca otra ocupación acorde con su formación, trabaja en labores del hogar y convive en una habitación de 10 metros cuadrados con amigos en la misma situación, tres mujeres y un hombre.
Su ejemplo demuestra que no es fácil la travesía para quienes llegan de América Latina.
Sin embargo, peor es aún para aquellos que intentan arribar a España desde la costa africana en pateras, las embarcaciones de bajo calado llamadas así por ser similares a las utilizadas para cazar patos en los lagos de poca profundidad.
Los inmigrantes que recurren a este camino están expuestos al vuelco de la embarcación en medio del mar Mediterráneo o el océano Atlántico, con la segura muerte de sus ocupantes.
Existen pateras grandes, como la de 16 metros cuadrados que fuera interceptada en julio en Tarifa, o simples neumáticos de automóviles, como el que utilizó un inmigrante magrebí.
A pesar de este esfuerzo, este inmigrante vio frustrada su pretensión de vivir en España, pues fue detenido por la policía y alojado en uno de los centros especiales mientras se realizó el trámite que lo devolvió a su país de origen.
Una investigación realizada por periodistas del matutino español El Mundo en las costas marroquíes reveló que grupos de jóvenes se dedican a la tarea de fabricar estas embarcaciones de modo artesanal.
Para ello, una vez que obtienen los materiales, ocupan un lugar en las sierras, lo disimulan con tabiques de ramas de árboles y las construyen en pocos días.
Pero construir una patera con capacidad para 30 personas les puede llevar unos 30 días. Una vez lista, la venden a mafias que organiza el viaje y que dura a lo máximo una hora entre ambas costas mediterráneas.
Cada inmigrante abona aproximadamente unos 15.000 euros (13.500 dólares) y la ganancia neta para el organizador es de 40.000 euros (35.000 dólares).
Este viaje tiene de pasajeros también a mujeres embarazadas, en la mayoría de los casos próximas a dar a luz, pues prefieren hacerlo así para que su hijo nazca en España y así evitar su repatriación y la del bebé.
En los dos últimos años fueron detenidas apenas llegar a tierra española unas 200 mujeres embarazadas o con bebés recién nacidos.
Una de las tareas de apoyo a los inmigrantes es desarrollada por el Movimiento por la Paz, la Democracia y la Libertad (MPDL), presidido por Francisca Sauquillo, una activa luchadora contra la dictadura franquista conocida también como Paquita y que hoy es diputada del Parlamento Europeo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La sede del MPDL fue allanada por la policía el 26 de agosto, en busca de presuntas actividades ilegales para la radicación de inmigrantes.
Fuentes policiales señalaron que actuaron por denuncias que indicaban que esa organización no gubernamental otorga contratos de trabajo inexistentes para que sus titulares puedan gestionar la legalización de su residencia en España.
Esteban Navarro, coordinador de Acción Social del MPDL, dijo a IPS que esa organización asesora a extranjeros, los ayuda a preparar su documentación y a alojarse mientras esperan respuestas, pero que en ningún caso otorgan, entregan ni tramitan contratos de trabajo ni ningún otro tipo de documentos.
Lo que hay es un interés político en desacreditar a las organizaciones no gubernamentales más críticas con la política migratoria del gobierno, concluyó Navarro. En el Ministerio del Interior se negaron a responder a IPS respecto de este caso.
