Cinco meses después del fin de la guerra en Iraq, casi todo el elenco de gobierno de Estados Unidos está a la defensiva, acusado de incompetencia, corrupción, engaño y hasta de traición. El presidente George W. Bush no está libre de cargos.
Los índices de aprobación de Bush han caído al mínimo histórico desde el inicio de su periodo en enero de 2001, arrastrado por figuras poderosas como el vicepresidente Dick Cheney, el secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, y la consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice.
La credibilidad del gobierno se erosionó en tantos frentes que los periodistas tienen dificultades para elegir sobre qué van a escribir cada día.
El Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía general) anunció este martes que lanzará, a pedido de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una investigación formal por la identificación de una agente encubierta por parte de anónimos altos funcionarios de de la Casa Blanca.
Se trata apenas del último de una serie de escándalos que, al parecer, dominarán la agenda de los medios de comunicación en las próximas semanas y meses.
A Bush y a su política hacia Iraq se les atribuye ahora la violación, mediante el engaño, la corrupción, la incompetencia y la traición, de todos los principios comprendidos en la fórmula buen gobierno. De lo único que no se les acusa es, quizás, de prácticar sexo extramarital en la Sala Oval de la Casa Blanca.
Muchas de esas acusaciones pasaron en las últimas semanas de los medios de comunicación denominados alternativos a los masivos y de organizaciones de la sociedad civil a los pasillos y comités del Congreso legislativo, lo cual deja en evidencia la gravedad de la situación que afronta Bush.
ENGAÑO
El gobierno aseguró que Iraq poseía programas de desarrollo de armas de destrucción masiva. El vicepresidente Dick Cheney aseguró que el depuesto régimen de Saddam Hussein procuraba fabricar armas nucleares.
Pero esas afirmaciones fueron totalmente desacreditadas. Al parecer, Iraq nunca logró reconstituir su programa armamentista tras la guerra del Golfo de 1991.
El inspector de armas estadounidense David Kay y sus 1.400 subordinados fracasaron en estos cuatro meses de intensa búsqueda de armas. Eso abrió un gran agujero en la credibilidad del gobierno.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano y ex funcionario de la CIA Porter Gross, y la principal delegada del opositor Partido Demócrata en el grupo, Jan Harmon, afirmaron carecer de datos fehacientes para asegurar que los arsenales iraquíes representaban una amenaza.
Parece, y odio tener que decir eso, que los iraquíes decían, en buena medida, la verdad, dijo el experto en armas Joseph Cirincione, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. El corolario de esta afirmación —que Estados Unidos no decía la verdad— es un punto fuerte de los precandidatos demócratas a la presidencia.
VENALIDAD Y CORRUPCION
Los legisladores muestran cada vez más incomodidad ante las evidencias de que allegados políticos y empresariales de Bush y de Cheney han lucrado con la guerra de Iraq y con la reconstrucción del país árabe.
Las quejas que resonaron en el Congreso ya tuvieron como consecuencia la rescición de un gigantesco contrato adjudicado directamente —sin licitación— a Halliburton, la empresa constructora que presidió Cheney antes de convertirse en vicepresidente y en la que mantiene intereses personales.
Día a día crece la evidencia de que los grandes contribuyentes de la campaña electoral de Bush y sus aliados procuran hacer grandes negocios conla reconstrucción de Iraq.
Al tratar los contratos como premios a ser entregados a sus amigos, los funcionarios del gobierno retrasan la recuperación de Iraq, con consecuencias potencialmente catastróficas, advirtió el economista Paul Krugman este martes en su columna del diario The New York Times.
Krugman acusó a los empresarios que se adjudicaron los contratos de lucrar con la guerra.
The New York Times reveló este jueves que un grupo de empresarios vinculados con Bush, con su familia y con otros altos funcionarios —incluido el gerente de su campaña electoral— instalaron una firma que asesora a firmas deseosas de hacer negocios en Iraq.
A su vez, Rumfeld pidió al Comando de Operaciones Especiales en Florida que le reservaran 40 millones de dólares que eventualmente utilizaría. El desvío, revelado por un diario del sudoriental estado de Florida, nunca fue elevado al Congreso y ahora es objeto de auditoría.
El diario The Washington Post calificó la investigación este martes de explosiva.
INCOMPETENCIA
Las evidencias sobre incompetencia del gobierno son flagrantes tanto en lo que refiere a la planificación de la invasión antes del 20 de marzo como al periodo de posguerra.
Esta visión predomina hoy en Washington, en especial desde que Bush pidió al Congreso 87.000 millones de dólares destinados a gastos en Iraq y en Afganistán para el año próximo, con lo cual admitió implícitamente que las cosas no marchaban de acuerdo con lo previsto.
Los planificadores del Pentágono no sólo fracasaron al no avizorar una dura resistencia armada que ha matado al menos a un soldado estadounidense cada 36 horas desde el fin formal de la invasión el 1 de mayo. También subestimaron la debilidad de la infraestructura iraquí, y ahora deberán gastar en ella más de lo previsto.
Para colmo, las empresas a cargo de la reconstrucción importaron equipos muy caros que no son compatibles con los sistemas existentes en Iraq, y ahora buscan piezas más antiguas para poner servicios básicos en funcionamiento.
El gobierno insiste en que no necesita más que los actuales 130.000 soldados estadounidenses hoy desplegados en Iraq, pero altos militares advierten que no podrán comenzar a controlar el flujo de combatientes a través de las fronteras.
Para peor, no han podido hasta ahora asegurar depósitos donde descansan deenas de miles de toneladas de armas y municiones, según advirtió este martes The New York Times.
TRAICION
El fantasma de la traición está presente en el aparente involucramiento de dos altos funcionarios de la Casa Blanca en la filtración a la prensa del nombre de una agente encubierta de la CIA.
La agente está casada con el diplomático retirado Joseph Wilson, que desacreditó la afirmación de Bush ante el Congreso de que Iraq había tratado de comprar uranio en Níger. Meses después se supo que el dato divulgado por Bush era falso.
Poco después de la aparición de una columna de Wilson en la prensa, al menos seis periodistas, entre ellos el columnista derechista Robert Novak, identificaron como agente a la esposa de Wilson, sobre la base de declaraciones de dos altos funcionarios de la Casa Blanca.
Se trató, al parecer, de un intento de desacreditar a Wilson. Pero el ex diplomático advirtió que también fue una forma de decirle que pagaría el costo por acusar al gobierno.
Una ley de 1982 establece que la identificación de un agente de la CIA es un delito castigable con hasta 10 años de prisión. La agencia invocó la ley ante el Departamento de Justicia, que inició una investigación este martes.
Los demócratas exigen que la investigación esté a cargo de un fiscal independiente, dado que Ashcroft fue designado por Bush. Pero ya se sabe que los dos altos funcionarios de la Casa Blanca aún anónimos desataron con su imprudencia un escándalo que todavía no detonó en toda su magnitud. (
