La española Asociación de Jueces para la Democracia reclama un pacto de Estado para afrontar el maltrato familiar, que aumentó 29 por ciento el año pasado, dijo a IPS el portavoz de la organización, Juan Luis Rascón.
La memoria anual del Fiscal del Estado, publicada este miércoles y en la que consta el aumento de casos de violencia familiar en 2002, y el expediente ”por falta muy grave” abierto a un juez que desoyó las denuncias de una mujer finalmente asesinada a martillazos por su ex marido, ponen el asunto en primer plano.
Ana María Fábregas presentó entre el 30 de junio de 2002 y el 3 de junio de este año 11 denuncias contra su ex marido, Pedro Martínez Bustos, por malos tratos físicos y psíquicos, agresión sexual, amenazas, quebrantamiento de la orden judicial de alejamiento de ella y coacciones.
Pero el juez Gonzalo de Dios, responsable del juzgado número 3 de la nororiental ciudad de Barcelona, nunca llamó a Fábregas a declarar ni adoptó medidas para investigar sus denuncias.
Al contrario, el 3 de junio dejó en libertad al denunciado tras recibir su declaración, y una semana después éste mató a su ex esposa.
En Cataluña, cuya capital es Barcelona, el maltrato familiar se duplicó en un año, informó este miércoles la Fiscalía de esa Comunidad Autónoma, una de las 17 que integran España.
El fiscal jefe, José María Mena, señaló que es difícil explicar el crecimiento de 810 procesos judiciales a 1.617, aunque seguramente influye el hecho de que las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar los delitos.
El expediente abierto a De Dios es correcto, porque ”permitirá aclarar si fue un fallo del juez sumario o del sistema” el que dio lugar al asesinato de Fábregas, opinó el juez Rascón.
Explicó que los fallos más habituales son los del sistema jurídico y social, que no está debidamente preparado para tratar estos asuntos de violencia doméstica.
Rascón añadió que para reformar ese sistema es preciso constituir una mesa de trabajo en la que confluyan organismos gubernamentales, judiciales, parlamentarios y de la sociedad civil.
Es necesario que se trabaje en conjunto día a día ”para combatir las muertes anunciadas”, porque es significativo que abunden los casos de mujeres asesinadas después de denunciar reiteradamente que están sometidas a maltrato por su pareja, apuntó.
El jurista señaló que también hay fallos individuales, de jueces o de fiscales y que éstos se deben combatir disciplinariamente para que todos los magistrados cumplan con su deber.
No obstante, ”esto está mejorando, pues el Consejo General del Poder Judicial está empezando a cumplir con su tarea de fiscalización”, concluyó.
Pero la Junta de Jueces de Barcelona no comparte el apoyo de Rascón a la apertura del expediente y expresó su apoyo a De Dios, pues, según dice en un comunicado, el fiscal del juzgado tampoco detectó ninguna irregularidad en el proceso.
La Junta argumenta, asimismo, que los jueces ”son sólo un eslabón” en la lucha contra la violencia de género, a la que aseguran ”combaten a diario”.
Para luchar contra el aumento de la violencia doméstica, registrado por la Fiscalía General del Estado, se han puesto en práctica dos medidas, una de las cuales involucra a seis grandes ciudades, que son Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca, y la otra a la comunidad del País Vasco.
La primera se denomina Orden de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica, fue aprobada por unanimidad por el parlamento español y entró en vigor el 2 de agosto.
En ella se dispone que el juez resuelva en un plazo de 72 horas las medidas cautelares de protección a la víctima que efectúe una denuncia. Desde entonces, los magistrados de esas ciudades concedieron 70 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.
En un mes se recibieron 104 solicitudes en Madrid, 37 en Sevilla, 29 en Palma de Mallorca, 27 en Bilbao, 26 en Barcelona y 23 en Zaragoza.
La segunda medida fue acordada el año pasado en el País Vasco entre su gobierno autónomo, el Consejo de la Abogacía y el Consejo Médico.
Esas tres instituciones vascas constituyeron una comisión para articular un plan de seguridad de las mujeres víctimas del maltrato doméstico, que incluye un sistema de protección policial, judicial y social.
Un portavoz de esa comisión coincidió con Jueces para la Democracia en que no hay soluciones aisladas, sino que se requiere un tratamiento global del problema.
Monserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica, una de las principales impulsoras de la Orden de Protección, sostuvo que en los últimos años se profundizó el divorcio entre la ley y lo que la sociedad espera de ella, pues ”las leyes no responden a las necesidades de una persona que denuncia malos tratos”.
Por esa razón, confía en que la aplicación de la nueva orden ayudará a corregir el desfase, pero todavía se debe avanzar para que las agresiones no sean consideradas faltas sino delitos y que se garantiza el alejamiento de los agresores.
Por su parte, Carmen Laviña, portavoz de la Federación de Mujeres Progresistas, destacó el caso de una mujer que denunció a su marido, a quien el juez dictó orden de alejamiento del hogar, y, sin embargo se lo encuentra todos los días frente a su casa.
El hombre se acerca, la amenaza y de nada le sirve salir corriendo para denunciarlo a la policía, porque cuando llegan los agentes su ex esposo ya se ha retirado.
Estos casos se repiten y explican que en lo que va de año medio centenar de mujeres murieron en España víctimas de los ataques de su pareja o de su ex pareja.
Sara Vicente, de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, dijo a IPS que la falta de operatividad de la justicia es ”increíble” y que el Consejo General del Poder Judicial ”debe acelerar los procesos” y ”exigir a los jueces que actúen”.
