El papel como organizador de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CSMI) de un funcionario tunecino acusado de ser responsable de torturas agregó un motivo de controversia entre activistas y gobiernos participantes en la preparación de esa reunión, que comenzará en dos meses y medio.
Habib Ammar, ex ministro del Interior de Túnez, asistirá en Ginebra a la primera etapa de la CMSI, del 10 al 12 de diciembre, y está a cargo de preparar la segunda, que se prevé realizar en su país en noviembre de 2005.
Las autoridades de Suiza anunciaron este martes que no pondrán trabas al ingreso al país de Ammar, acusado ante la justicia suiza de ser responsable de la aplicación de torturas a detenidos por dos grupos no gubernamentales humanitarios, Trial (Juicio en inglés, y acrónimo en ese idioma de Persigue Siempre a la Impunidad) y la Organización Mundial contra la Tortura.
Las acusaciones contra Ammar se añaden a las críticas de organizaciones de la sociedad civil participantes en la preparación de la CMSI contra los documentos propuestos por gobiernos.
Las críticas bajaron de tono ante la posibilidad de que los textos se corrijan, pero Renate Bloem, presidenta de CONGO, la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales en Relación Consultiva con las Naciones Unidas, reconoció que en esos grupos persiste cierto grado de frustración por la orientación tecnocrática y orientada al mercado de los documentos.
De todos modos, nunca en la historia de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de la CMSI, los grupos de la sociedad civil habían tenido una oportunidad similar de mantener diálogo directo con los gobiernos, destacó Bloem, a cargo de la coordinación de esas organizaciones en las sesiones preparatorias de la cumbre que culminan este viernes.
Muchos activistas expresan, como Bloem, desencanto porque en los borradores de Declaración Final y Plan de Acción de la Cumbre que discuten los gobiernos están ausentes sus propuestas.
Sin embargo, no se muestran dispuestos por ahora a llegar a una confrontación, alentados porque portavoces gubernamentales aceptan que los borradores adolecen de carencias, dijo Sally Burch, de la agencia de noticias ecuatoriana Alai.
Los delegados gubernamentales que conducen las negociaciones reconocieron que esas propuestas tienen una orientación técnica exagerada, y aseguraron estar dispuestos a recibir contribuciones de la sociedad civil para otorgarle un contenido más social, señaló Burch este martes en una reunión con periodistas.
La activista transmitió confianza en que los temas que interesan a la sociedad civil volverán a figurar en los documentos al cabo de las sesiones de esta semana.
La cumbre se ocupará de la brecha digital (de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones) entre países ricos y pobres, y propondrá orientaciones para corregir esas diferencias.
Durante la presente reunión preparatoria, representantes de gobiernos, de empresas y de la sociedad civil discuten esas orientaciones, que quedarán reflejadas en los documentos finales.
Los grupos coordinados por Bloem demandan que esos documentos contengan mayores referencias a derechos humanos básicos reconocidos por la comunidad internacional, como los laborales (a menudo afectados por nuevas modalidades de trabajo mediante tecnologías de información y comunicaciones) y el derecho a la libertad de expresión.
La declaración y el plan de acción de la cumbre deben definir con claridad el papel de la sociedad civil en el gobierno de Internet, la red mundial de computadoras, puntualizó Burch.
Las referencias a la propiedad intelectual en los borradores manipulan la noción de un equilibrio justo, y ponen en peligro la innovación, el dominio público y los derechos de los ciudadanos, sostuvo.
Las organizaciones de la sociedad civil se proponen concluir la elaboración de una declaración propia para que sea distribuida en diciembre, en forma simultánea con los documentos que deberían aprobar los gobiernos.
Susanna George, de la organización filipina Isis, previó que desde ahora a diciembre será posible "lograr un poco más de coherencia" entre los grupos de la sociedad civil participantes en el proceso preparatorio de la CMSI.
Las únicas diferencias notorias en el sector se advirtieron en el juicio sobre los gobiernos que mostraron actitudes menos abiertas en ese proceso.
Robert Guerra, representante de grupos de Estados Unidos y Europa, dijo que algunos países crearon problemas en la etapa inicial y mencionó a China y Pakistán.
En cambio, Bloem prefirió resaltar que la sociedad civil participa en un espacio totalmente nuevo en el escenario multilateral, creado por los gobiernos y en especial por los responsables de la organización de la CMSI.
Todos estamos comprometidos de manera decidida con el éxito de la conferencia, aseguró.
"Nosotros hablamos con el conjunto de los gobiernos", y "no creo que alguien quiera hacer señalamientos" sobre problemas particulares con los de algunos países, sostuvo la coordinadora.
Sin embargo, el activista Ronald Kovem, representante de World Press Freedom (Libertad de Prensa Mundial, en inglés), sostuvo que varios gobiernos presentan obstáculos durante el proceso preparatorio, y mencionó a Pakistán, China, Irán, Egipto, Cuba y Rusia, en ese orden.
Koven se refirió también a la detención de periodistas en Túnez, y señaló que constituye un problema de libertad de prensa.
