El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles, con la abstención de Estados Unidos, un crédito de 135 millones de dólares para el controvertido gasoducto peruano de Camisea, de cuya construcción ya se completó 60 por ciento.
El complejo Camisea, cuyo costo total es estimado por organizaciones de la sociedad civil estadounidense en 3.200 millones de dólares, transportará gas natural desde la Amazonia a Lima y a un puerto en el océano Pacífico, cerca de una reserva marina protegida.
La decisión de la Junta del BID contó con el voto de 45 miembros. Los ambientalistas cifraban sobre la delegación estadounidense sus esperanzas en que al menos se determinaran mayores controles al proyecto.
La votación se registró una semana después de que la junta del gubernamental Banco de Comercio Exterior de Estados Unidos (EximBank) se negara, por dos votos contra uno, a financiar el proyecto por cuestionamientos en materia ambiental.
Organizaciones de la sociedad civil criticaron a Estados Unidos por abstenerse en la junta del BID en lugar de votar en contra, una actitud que puede haber convencido a otros países de dar un voto afirmativo.
El gobierno de George W. Bush no logró demostrar coraje moral, dijo Nadia Díaz, del Instituto de Estudios Políticos (IPS) con sede en Washington, organización que se opone al proyecto.
Camisea viola las normas ambientales internacionales y la ley estadounidense, dijo el activista Jon Sohn, de la organización Amigos de la Tierra, para quien las empresas que participaron en el proyecto deberían ser llamados a la responsabilidad.
Perú ejerció fuerte presión para la aprobación del proyecto y aplaudió la votación. Completar las obras significa uno por ciento de aumento anual del producto interno bruto nacional mientras dure el complejo Camisea, dijo el embajador peruano en Estados Unidos, Roberto Danino.
Esto significa energía limpia y barata y autosuficiencia en materia energética para los consumidores peruanos, según Danino, para quien el gas natural es menos contaminante que la gasolina y el diesel, de los que depende la economía del país latinoamericano.
El gobierno de Alejandro Toledo y el BID instalaron salvaguardias sin precedentes para minimizar los daños ambientales en áreas delicadas de los Andes y en la ruta del gasoducto.
La votación de este miércoles se había retrasado más de un mes a instancias de Washington, que estuvo sometido a presiones contradictorias de organizaciones ambientalistas, legisladores, funcionarios de Perú, del BID y del propio gobierno estadounidense.
La compañía estadounidense Hunt Oil, del meridional estado de Texas, lidera junto con la argentina PlusPetrol el consorcio constructor de Camisea. También participan la empresa belga Tractebel, la sudcoreana SK y la peruana Graña y Montero.
El jefe ejecutivo de Hunt Oil, Ray L. Hunt, uno de los principales recaudadores de fondos de la campaña presidencial de Bush, también integra la junta de la firma Halliburton, que, al parecer, firmará un contrato por la construcción de la planta licuefactora de gas en el Pacífico con miras al embarque y exportación.
Halliburton era presidida hasta 1999 por el hoy vicepresidente estadounidense Dick Cheney.
A comienzos de este año, el Tesoro estadounidense informó que el involucramiento del BID en Camisea enviaría la señal de que promotores de proyectos pobremente planificados podrían solicitar crédito ante instituciones financieras internacionales demasiado tarde en el proceso como para admitir cambios.
El proyecto Camisea procura desarrollar la extracción de combusibles fósiles en lo más profundo de la selva amazónica peruana.
Camisea es el principal proyecto de infraestructura y de desarrollo de Perú. Consiste en dos gasoductos de 1.150 y 520 kilómetros desde un gran campo gasífero en la Amazonia peruana hasta Lima y otros puntos de la costa sobre el océano Pacífico, a través de los bosques andinos.
El proyecto incluye la construcción de plantas licuefactoras de gas natural, una de ellas junto a la Reserva Nacional de Paracas, única área marina protegida de Perú y uno de los principales ecosistemas de América, con animales muy raros como tortugas marinas verdes, pingüinos Humboldt y otras aves marinas.
Por otra parte, son impredecibles las consecuencias del proyecto en comunidades indígenas como las que viven en la Reserva Nahua-Kugapkakori, varios cientos de los cuales evitan o rechazan el contacto con personas ajenas a la zona y carecen de inmunidad a enfermedades comunes.
Casi 75 por ciento de las extracciones de gas dirigidas a Camisea se ubican en la Reserva Nahua-Kugapkakori.
Casi la mitad de la población de la comunidad nahua murió en los años 80 de enfermedades que hasta entonces desconocían. La compañía británico-holandesa Shell comenzó entonces a explorar la reserva en busca de gas y petróleo.
El año pasado, dirigentes de comunidades indígenas adjuntas a la reserva informaron sobre un gran descenso en los cardúmenes en los ríos, arroyos y lagos locales, debido a la gran erosión del suelo. Eso redundó en desnutrición, según funcionarios y activistas.
Varios senadores estadounidenses, organizaciones de la sociedad civil peruana y la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) se han opuesto al proyecto por entender que el impacto ambiental y social se evaluó de manera incompleta.
