Los países con estrategias propias para enfrentar la degradación de las tierras podrán acceder a corto plazo a recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, según se resolvió en la reunión internacional realizada en la capital cubana.
En principio se asignó 500 millones de dólares para financiar en los próximos tres años proyectos relacionados con la lucha contra la desertificación, ya sea con aportes directos o mediante sinergia (interacción) con otras instituciones.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) fue aprobado como mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en el marco de la VI Conferencia de las Partes, que finalizó en las últimas horas del viernes en La Habana.
La falta de recursos para enfrentar esos fenómenos, señalados como causa y efecto de la pobreza en que viven millones de personas en el mundo, fue asunto recurrente entre los delegados de los 184 países que asistieron a la reunión.
Es una base significativa, que puede facilitar fondos a países que ya están listos y han establecido sus Programas de Acción Nacional (PAN), dijo el secretario de la Convención, Hama Arba Diallo, tras admitir que se necesitarían mucho más recursos para enfrentar la desertificación en el planeta.
Ahí es donde juegan un papel entidades como el Banco Mundial y los organismos financieros regionales, que deberían ayudarnos conjuntamente con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otras instituciones técnicas, indicó.
Diallo opinó que se trata sólo del inicio del proceso. Pero es nuestra obligación continuar mostrando que esos recursos se van a utilizar en forma tal que permitan demostrar que podemos alcanzar resultados con los recursos que han sido puestos a disposición de los países, dijo.
Según documentos de la Convención, 60 países tienen su PAN oficialmente aprobado, 29 de los cuales son de Africa, 17 de Asia, siete de América Latina y siete más de otras regiones, que incluyen Europa central y oriental.
Entre otras decisiones, la Conferencia recomendó estimular la movilización de recursos sobre la base de las necesidades nacionales y locales y ampliar las oportunidades económicas y comerciales en zonas de tierras secas.
La cita inició sus sesiones el 25 de agosto y contó con la presencia de 12 jefes de Estado y de gobierno y 9 líderes parlamentarios de diferentes países, cifra considerada récord en relación con las citas anteriores.
También estuvieron representadas 31 instituciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales de 76 naciones y casi 100 ministros y viceministros.
La desertificación y la sequía son fenómenos crecientes que afectan directamente a la sexta parte de la población mundial y a 70 por ciento de todas las tierras secas en más de 100 países, señalaron los gobernantes presentes en la reunión.
Al término de deliberaciones de los gobernantes realizadas el lunes y el martes, éstos se comprometieron a dirigir todos sus esfuerzos hacia la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria.
A su vez, los parlamentarios se pronunciaron a favor de la reducción del actual sistema de subvención de la producción y las exportaciones agrícolas, así como de eliminar las barreras a la importación de alimentos provenientes de países en desarrollo.
El crecimiento no puede constituir un objetivo ni una justificación para la degradación ambiental y, por tanto, debe venir acompañado de políticas sociales que garanticen una redistribución equitativa de la riqueza, advirtieron.
La desertificación es un proceso gradual de pérdida de productividad del suelo y de reducción de la cubierta vegetal, debido a la actividad humana y a variaciones climáticas, como sequías prolongadas e inundaciones.
Datos de la ONU indican que dos terceras partes del continente africano son desiertos o tierras secas, lo mismo que una cuarta parte de los suelos de América Latina y el Caribe.
El fenómeno también impacta a Estados Unidos y a naciones europeas como España, y amenaza la subsistencia de más de 1.000 millones de personas que dependen de la tierra y suelen ser los habitantes más pobres del planeta.
En tanto, los suministros mundiales de agua potable han disminuido en casi dos tercios desde 1950 y cada año 12 millones de personas mueren debido a la escasez de agua o por beber agua contaminada.
La convención contra la desertificación, en vigor desde 1996, fue señalada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del año pasado, como un instrumento clave para erradicar la pobreza en las regiones áridas rurales.
