La lucha por el poder que polariza todos los ámbitos en Venezuela se reanudó esta semana, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia amenazó con designar a un nuevo Consejo Electoral, en ejercicio de una atribución que la Constitución asigna a la Asamblea Nacional.
El Tribunal Supremo afirmó el lunes que el parlamento incurre en ”omisión constitucional” al no designar a los cinco miembros del Consejo, y le advirtió que se hará cargo de hacerlo, antes del 24 de este mes, si la Asamblea no cumple su obligación antes del 14 de este mes.
El Consejo designado por el Poder Judicial sería provisorio, pero podría ejercer todas sus facultades, incluso legislativas, afirmaron los integrantes del Tribunal.
La directiva de la Asamblea Nacional, en manos de partidarios del presidente Hugo Chávez, consideró ”jurídica y políticamente inaceptable” que otro poder se ocupe de sus funciones, y convocó a sesiones con el huidizo objetivo de elegir al árbitro electoral.
La designación de los cinco integrantes del Consejo Electoral no ha sido posible porque requiere el voto de dos tercios de la Asamblea, o sea de 110 de sus 165 diputados, y tanto los 84 oficialistas como los 78 opositores votan en bloques contrapuestos incluso sobre los asuntos más nimios.
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Hay tres parlamentarios no alineados.
El Tribunal Supremo tiene 20 integrantes, y estudios de sus sentencias en el último año indican paridad de apoyo para las tesis oficialistas y opositoras.
Ninguno de los bloques parlamentarios está dispuesto a aceptar que simpatizantes de sus rivales sean mayoría en el Consejo Electoral, y tanto dirigentes políticos como analistas coinciden en que ninguno de los contrincantes dará su brazo a torcer en los próximos días.
El telón de fondo es que el Consejo Electoral estaría a cargo de un posible referendo, a fines de este año o comienzos de 2004, en el que los venezolanos revoquen o ratifiquen el mandato sexenal del presidente Hugo Chávez (2000-2006).
El Consejo que está en funciones es también provisional, y no está habilitado para conducir comicios
La oposición ha presionado desde fines de 2001 para que Chávez deje el poder, con protestas callejeras y huelgas, incluida una de dos meses desde diciembre de 2002, y apoyó un efímero golpe de Estado en abril del año pasado. Ahora espera lograr su objetivo mediante el referendo.
”Está claro que la atribución de designar al Consejo Electoral es del parlamento. Pero si no cumple con ese deber, nos quedamos sin poder electoral. Si la Asamblea Nacional no lava, lo menos que puede hacer es prestar la batea (la tina)”, alegó el analista Teodoro Petkoff, crítico del gobierno desde su vespertino caraqueño Tal Cual.
Para el diputado oficialista Calixto Ortega ”aún no puede hablarse de usurpación de funciones, porque lo que hay es un propósito” del Poder Judicial, pero ”sería un muy peligroso precedente, pues bajo ese criterio (la omisión) el Tribunal Supremo puede legislar”.
Según un comunicado leído por el presidente de la Asamblea, Francisco Ameliach, ”resultaría una desfiguración jurídica y política inaceptable que en nombre de supuestos correctivos a vacíos constitucionales se deteriore el principio de legalidad del Estado”.
La Asamblea ”no aceptará cualquier forma de intromisión, presión o interferencia que pretenda legitimar campañas de promoción de un conflicto de poderes”, ni tampoco decisiones que ”desfigurarían la Constitución y las leyes”, subrayó Ameliach, director general del Movimiento Quinta República, el partido de Chávez.
Si el parlamento, aunque sólo sea con mayoría simple, se enfrenta al Poder Judicial, Chávez tendría munición política para combatir el referendo, que no desea y cuya búsqueda, según han dicho numerosas veces el presidente y sus subalternos, debe quedar exclusivamente a cargo de la oposición.
En Venezuela hay cinco poderes públicos: los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Poder Electoral, dirigido por el Consejo, y el Poder Ciudadano, establecido por la reforma constitucional que Chávez impulsó en 1999.
La posibilidad de revocar mediante referendo el mandato presidencial y cualquier otro de carácter electivo surgió en la misma reforma, como un mecanismo de democracia participativa.
Ese tipo de referendo debe realizarse si lo solicitan por lo menos 20 por ciento de los habilitados para votar padrón electoral, y la revocación del mandato requiere un porcentaje de los electores mayor que el que llevó a su cargo a la autoridad impugnada.
Como Venezuela tiene unos 12 millones de electores inscritos, para que haya referendo hace falta la voluntad expresa de unos 2,4 millones. La oposición asegura que no sólo tiene esa cantidad de firmas en su poder, sino que puede recogerlas de nuevo bajo cualquier formato en cuestión de días.
Mientras tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo inició consultas con partidos políticos, personalidades destacadas, organizaciones no gubernamentales, el Poder Ciudadano y universidades para escoger el nuevo Consejo Electoral provisorio.
La directiva del parlamento se propone, por su parte, impulsar un proyecto de ley que elevaría de 20 a 32 el número de magistrados que integran el Tribunal Supremo, a fin de romper la aparente paridad actual entre oficialistas y opositores.
El politólogo Carlos Blanco, opositor, sostuvo que Chávez y magistrados de la Sala Constitucional han tejido un pacto para que el máximo organismo judicial designe al Consejo Electoral, a cambio de que no se objete la ampliación del Tribunal Supremo.
De ese modo, según Blanco, el Tribunal Supremo podría detener el proceso del referendo, con independencia de lo que decida el Consejo Electoral.
”Si el referendo es bloqueado, puede esperarse que las Fuerzas Armadas jueguen un papel significativo en los acontecimientos subsiguientes”, advirtió en un foro en Washington el general retirado John Thompson, ex jefe de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos y ex presidente de la Junta Interamericana de Defensa.
