La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú entregó su voluminoso informe final al presidente Alejandro Toledo, donde resume y analiza las causas de la violencia política de los últimos 20 años del siglo pasado en este país.
El documento acusa a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y a su líder Abimael Guzmán de ser los principales violadores de derechos humanos, y estima que 69.280 personas murieron o ”desaparecieron” en el periodo 1980-2000, víctimas de la insurgencia o de la represión estatal. Tres de cada cuatro eran quechua-hablantes.
El informe también endilga responsabilidad política a los ex presidentes Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985- 1990), y responsabilidad penal a Alberto Fujimori (1990-2000), quien permanece en Japón, fuera del alcance de la justicia peruana.
”Las dos décadas finales del siglo XX son —es forzoso decirlo sin rodeos— una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos, de lo que debemos dejar de ser. Habla de nuestras tareas, esta historia comienza hoy, señor presidente”, dijo este jueves emocionado el presidente de la CVR, Salomón Lerner.
Tras leer un compendio del trabajo de la CVR en los últimos 22 meses, Lerner entregó a Toledo los nueve tomos y anexos que constituyen el reporte final.
Horas más tarde, Lerner y los otros once comisionados hicieron una entrega similar a los presidentes del Hugo Silvina, del Poder Judicial, y Henry Pease, del Congreso legislativo.
Este documento pone fin a dos años de investigaciones, en las que se reunieron más de 16.000 testimonios recogidos desde 530 lugares remotos de Perú.
Respecto de las dimensiones del conflicto interno, la estimación de víctimas de la CVR supera hasta en tres veces la cifra manejada hasta ahora en el país.
Este saldo es mayor a las estimaciones independientes de 30.000 muertes o desapariciones perpetradas por la dictadura militar de Argentina entre 1976 y 1983, y es el segundo más grave de América Latina detrás de las 200.000 víctimas de la represión a la insurgencia guatemalteca (1960-1996).
La mayoría de esas víctimas vivía en zonas rurales (79 por ciento), tres de cada cuatro eran quechua-hablantes, y 68 por ciento contaban con educación primaria completa o incompleta.
Asimismo, la CVR constató que en el sudoccidental departamento andino de Ayacucho —donde se inició la guerra— se concentró 40 por ciento de los muertos y desaparecidos, proporción que sube a 85 por ciento si se suman los casos registrados en los centrales Huánuco y San Martín, y en Huancavelica y Apurímac, en el sur.
Según la CVR, el principal responsable de las muertes y desapariciones es Sendero Luminoso, al que adjudica 54 por ciento las víctimas, señalando que se trata de un caso excepcional entre los grupos insurgentes de América Latina.
Sendero ”desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaban controlar”, dice el informe.
En opinión de la CVR, ello se debe al carácter fundamentalista del proyecto de Sendero, que ”desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos”.
Una mención aparte merece el recluido líder senderista Abimael Guzmán, acusado de practicar y llevar al extremo el culto a la personalidad.
También le endilga el ”menosprecio por sus propios militantes, a quienes se les inducía a matar y morir de la manera más cruel y sanguinaria, mientras que sus dirigentes máximos, especialmente Abimael Guzmán Reynoso, permanecían en Lima, exentos de riesgos físicos y privaciones”, sostiene el documento.
En cambio, el también guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue responsable de apenas 1,5 por ciento del total de muertes y desapariciones, según las evidencias presentadas por la CVR.
No obstante, el MRTA incurrió en ”actos criminales, asesinatos, toma de rehenes y a la práctica sistemática del secuestro”, asevera.
En tercer lugar, el informe se ocupa de la responsabilidad de los gobiernos democráticos de Belaúnde y García y del dictatorial de Fujimori, quien, electo democráticamente, condujo un autogolpe de Estado en abril de 1992.
Si bien el informe reconoce el mantenimiento de las formas democráticas hasta esa fecha, sostiene que quienes gobernaron ”carecieron de la comprensión necesaria y del manejo adecuado del conflicto armado”.
También afirma que en esos gobiernos se produjo una subordinación de hecho de las autoridades civiles a la estrategia antisubversiva de las fuerzas de seguridad.
La CVR estima que los gobiernos de Belaúnde y García son responsables pues erraron al no aplicar una estrategia integral, y permitieron que en ciertos momentos y zonas del conflicto la violación de derechos humanos se volviera una práctica sistemática de las Fuerzas Armadas y no excesos de algunos de sus miembros,
Un dato adicional: apenas en dos años, entre 1983 y 1984, mientras gobernaba Belaúnde, se cometieron la mayor cantidad de las muertes anualizadas de todo el conflicto, 19.468 víctimas, es decir 28 por ciento del total.
En el caso de García, del centroizquierdista APRA y hoy principal líder opositor, el informe indica que en un principio intentó reorientar la lucha contrainsurgente aplicando sanciones a jefes militares responsables de masacres.
Pero la ”matanza de los penales (reclusos, perpetrada los días 18 y 19 de junio de 1986) en los centros penitenciarios de Lurigancho y El Frontón, marcó un punto de quiebre en el esfuerzo del gobierno del APRA por imponer desde el poder civil un nuevo esquema de respeto de los derechos humanos por las fuerzas del orden”, asevera el documento.
El informe es mucho más crítico con el gobierno de Fujimori. El golpe de Estado de 1992 significó el ”colapso del Estado de derecho”, indica.
El texto señala la aparición de un escuadrón de la muerte, conocido como el grupo Colina, vinculado al ex asesor y ex jefe de los servicios secretos de Fujimori, Vladimiro Montesinos, juzgado por decenas de cargos.
Dicho grupo es responsable de ”asesinatos, desapariciones forzadas y masacres con crueldad y ensañamiento”, afirma el reporte.
Y añade que ”hay indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas” por el grupo Colina.
Respecto del accionar de las Fuerzas Armadas, a las que acusa de 31 por ciento de las muertes, la CVR concluye que ”aplicaron una estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer a Sendero Luminoso”.
En una segunda etapa, ”esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de derechos humanos”.
Para la CVR, en algunos momentos del conflicto no se trató sólo de excesos individuales, sino de ”prácticas generalizadas y /o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos”.
Será el Poder Judicial el encargado de establecer el grado exacto de responsabilidad penal de los oficiales involucrados y que dirigieron la estrategia antisubversiva en cada una de las zonas declaradas en emergencia, afirma la Comisión de la Verdad.
Los nombres de unos 120 militares y civiles que, según la CVR, incurrieron en tales crímenes, serán entregados en un sobre cerrado a la Fiscalía de la Nación para que proceda de acuerdo a ley.
Según lo programado, los 12 integrantes de la CVR se trasladarán a la ciudad andina de Ayacucho, epicentro del drama descrito en el extenso informe, para realizar una simbólica ceremonia.
Lerner leerá un mensaje con las principales conclusiones y recomendaciones del documento y se descubrirá una placa en memoria de los muertos y desaparecidos en Perú en las últimas dos décadas.
