En lucha por una mezcla de marxismo y nacionalismo secular, el grupo Euskadi Ta Azkatasuna (Patria Vasca y Libertad) ha asesinado a casi 1.000 personas. Quienes lo critican o se niegan a pagar sus impuestos revolucionarios afrontan acoso, secuestros e incluso la muerte.
La campaña de terror en pro de la independencia para siete provincias vascas (tres que forman la región autonómica País Vasco, Navarra y tres provincias francesas) se reaviva tradicionalmente en el verano europeo y se traslada a los centros turísticos de España.
En julio, ETA colocó un coche-bomba en el aeropuerto de la septentrional Santander, que no causó heridos, y otros dos explosivos en Alicante y Benidorm, en el sur, que provocaron una decena de heridos.
ETA planeaba atentados similares en la meridional Málaga. El año pasado, un coche-bomba mató a una niña de seis años y a un hombre de 57, y causó 34 heridos en Alicante. Varios coches-bomba fueron colocados en Marbella, Fuengirola y Málaga, en el sur, y en Zaragoza y Santander, al norte.
Su campaña continúa a pesar de que el País Vasco disfruta de gran autonomía, mayor en algunos aspectos que la de los estados de Alemania o de Estados Unidos.
Los vascos tienen su propia policía, recaudan sus impuestos y pagan por los servicios del gobierno central, hablan y enseñan libremente su lengua, el euskera, tienen un parlamento y un primer ministro, y controlan la educación, la justicia y la salud.
La ETA sigue adelante pese a que, tras los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, la línea dura partidaria de la represión primero ha ganado adeptos dentro y fuera de España, de que se han desarticulado decenas de comandos y de que fue capturado el líder histórico Iñaki de Rentería.
El grupo está en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con la organización palestina Hamas y la red Al Qaeda. Sus cuentas bancarias en el extranjero han sido congeladas.
¿Qué mantiene viva a la organización en una situación aparentemente tan hostil?
Un grupo de estudiantes de izquierda, disconformes con la moderación del Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundó ETA en 1959, en plena dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Su primera acción militar fue, en 1961, un atentado infructuoso contra un tren militar que transportaba veteranos de guerra.
La policía respondió con represión. Muchos vascos se exiliaron, mientras otros se unieron a la lucha armada. Las muertes, los agravios, las brutalidades de la guerra civil española (1936-1939) no se habían terminado.
Cuando, en 1971, ETA hizo saltar por los cielos a Luis Carrero Blanco —elegido como sucesor de Franco— muchos, vascos y españoles, respiraron con alivio.
En aquellos años, miles de nacionalistas de izquierda fueron torturados por el régimen de Franco, explica Joseba Zulaika, experto de la estadounidense Universidad de Nevada.
Una vez que (la violencia) está dentro del cuerpo, no se va. (Los que apoyan a ETA) son incapaces de criticarla porque representa la respuesta militar vasca al fascismo español, incluso veintiocho años después de la muerte de Franco, opina.
Para Zulaika, ETA sufre de nostalgia de Franco. Sólo eso explica por qué el número de asesinatos se ha incrementado exponencialmente después de la transición a la democracia en España.
No existe un verdadero conflicto entre España y el País Vasco, afirma por su parte Jaime Mayor Oreja, que comandó la política antiterrorista como ministro de Interior del actual gobierno de José María Aznar, sino una pugna entre vascos debido a las interpretaciones diferentes de nuestra historia.
La guerra sucia que se emprendió durante la transición democrática, en la década de los 70, con las acciones de los Batallones Vascoespañoles y Triple A (metamorfoseados en los 80 en los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL), es otra razón histórica del terror en el País Vasco.
Los Batallones mataron a 29 personas y los GAL a 28. Algunos de los asesinados ni siquiera tenían que ver con ETA.
Para la mayoría, sin embargo, el paso del tiempo dejó atrás muchas de las causas de lucha de ETA. Según Manuel Huertas, secretario general del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Guipúzcoa, hoy ETA se esconde detrás de la bandera del independentismo, sin ideología ni principios reales.
No es más que una organización mafiosa, dice Huertas, incluido en una lista de objetivos militares del grupo.
Una sucesión de cismas y muertes ha destilado lo que ETA es hoy: una organización que pasó de matar a policías y militares a matar civiles, inclusive vascos. Lo llaman la socialización del sufrimiento.
La idea es presionar a diversos grupos sociales para obligarlos a forzar al gobierno a negociar. Pero no de cualquier forma. Gudariak dira, ez terroristak (son guerreros, no terroristas), grita un graffiti en un muro de la playa de Zarautz.
Los que apoyan a ETA distinguen entre el asesinato de objetivos concretos, incluso si hay daños colaterales, y las masacres indiscriminadas. Por eso rechazan las comparaciones con los ataques suicidas a las torres gemelas de Nueva York.
El primer caso es un acto de guerra, arguyen, mientras el segundo es terrorismo. Aunque ha puesto bombas en lugares públicos – como la que mató a 21 personas en un supermercado en 1987-, ETA siempre avisa primero para permitir su evacuación, alegan. Si mueren personas, la culpa es de la policía.
Su apoyo básico proviene de jóvenes de la kale borroka (violencia callejera), que cada vez se distancian más de los fundadores y líderes ideológicos, nacidos poco después de la victoria franquista en la guerra civil.
Las autoridades calculan que ETA tiene unos 200 miembros activos, articulados en comandos, y otros 2.500 seguidores que los apoyan con el suministro de alimentos, refugio e infraestructura.
Las actividades se financian a través de las aportaciones de sus seguidores, extorsión, secuestros y atracos armados.
El brazo político de ETA consigue tradicionalmente 15 por ciento de los votos, pero Euskal Herritarrok perdió 50 por ciento de su apoyo electoral en 2001. El partido se dividió y de allí surgió Batasuna (Unido, en lengua vasca).
Pero éste fue luego proscripto por el juez Baltasar Garzón, que lo considera parte de la red terrorista.
Y aunque el parlamento vasco rechazó el fallo, las formaciones herederas de Batasuna no pudieron participar en las elecciones municipales del 25 de mayo, lo que llevó al dirigente del gobernante PNV, Xavier Arzálluz, a quejarse de que no ha habido sufragio universal.
ETA ejerce una influencia desproporcionada en la política española.
Tras cada asesinato, cientos de miles de personas se echan a las calles para protestar. La cuestión vasca es hoy el asunto más importante de la política española, admite el presidente Aznar.
Los principales partidos, el gobernante y conservador Partido Popular (PP) y el socialista PSOE, se niegan a negociar con ETA a menos que renuncie a la violencia. Miembros de esos partidos, divididos en otras regiones, se sienten más cerca en el País Vasco, donde todos están amenazados por ETA.
Ambos defienden la Constitución española, que proclama la indivisibilidad del Estado. Mientras la carta magna fue apoyada mayoritariamente por los españoles en 1978, sólo 30 por ciento de los vascos la aprobó.
Pero según la última encuesta Euskobarómetro —realizada en mayo por la Universidad del País Vasco— 35 por ciento de los votantes adhiere al federalismo, 32 por ciento está conforme con la autonomía y 30 por ciento aspira a la independencia.
El nacionalismo ha redefinido la configuración política de los partidos en el País Vasco, hasta el punto que derecha o izquierda no significan lo mismo que otros lugares.
Tras las elecciones de 2001, el triunfante PNV, de tendencia demócrata-cristiana y con 43 por ciento de los votos, formó gobierno con el Partido Comunista, fuerza que lidera la Izquierda Unida.
En busca de solucionar un problema que no sólo ha costado muchas vidas, sino también 10 por ciento del Producto Interno Bruto del País Vasco, políticos de todos los colores intentan responder al mismo obstinado dilema: ¿Qué debe venir antes, la paz o la autodeterminación?
Para los no nacionalistas, la paz es una condición previa a cualquier diálogo y el gobierno vasco no hace lo suficiente en el frente antiterrorista. El hecho de que parte de sus objetivos políticos coincida con los de ETA, aunque desde una perspectiva pacífica y legal, lo paraliza.
En cambio los nacionalistas advierten la existencia de un conflicto político subyacente en la sociedad vasca: su insatisfecha aspiración independentista. Y mientras no se resuelva, los asesinos tendrán argumentos para matar.
Así las cosas, el primer ministro vasco Juan José Ibarretxe anunció en julio una propuesta para convertir a Euskadi en una comunidad libremente asociada a España.
Esta se propondrá en septiembre al parlamento vasco. Si se aprueba por mayoría absoluta, comenzará un proceso de negociación con Madrid. Si fracasa el diálogo, el gobierno vasco someterá la propuesta a consulta popular.
Aunque la administración de Aznar rechaza la iniciativa, en el País Vasco las cosas se ven de otra forma. El mayor obstáculo para convocar a un referendo es que no se produciría en situación de libertad.
Los representantes no nacionalistas son intimidados por ETA. En el País Vasco más de 5.500 guardias se dedican a escoltar a personas amenazadas.
De los 1.000 cargos políticos que reciben protección por amenazas, la mayoría son del PSOE y del PP, partidos que representan 40 por ciento del electorado.
El director del Euskobarómetro, José Llera, denunció una campaña de linchamiento orquestada con fines políticos por el nacionalismo radical, por la que dejaría su cargo.
El sacerdote católico de la localidad vizcaína de Maruru, Jaime Larrinaga, quien celebraba misa escoltado, decidió abandonar su parroquia cuando su nombre apareció en documentos requisados a ETA y tras criticar la postura nacionalista de la iglesia vasca.
El PSOE y el PP hallaron muy difícil armar sus listas para las elecciones municipales, por falta de voluntarios suficientes.
Según el filósofo Fernando Savater, 10 por ciento de una población que no llega a tres millones —incluido él mismo— salió del País Vasco en los últimos años, un fenómeno que algunos llaman limpieza ideológica.
Así, el referendo sobre el plan Ibarretxe no se produciría en condiciones de igualdad, alegan los no nacionalistas. ¿Cómo podemos hablar? No podemos articular con pistolas en la boca, afirma el socialista Huertas.
* Miren Gutiérrez es editora jefa de IPS.
