Bolivia se prepara para discutir su dilema económico y político más importante: vender o no el gas natural de su subsuelo y, si decide hacerlo, elegir un puerto chileno o peruano.
Más que nunca antes, Bolivia está en condiciones de convertirse en uno de los centros energéticos de América. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tomará decisiones firmes en ese sentido, sin importar el costo político que puedan implicar, dijo el canciller Carlos Saavedra.
Hoy tenemos el mercado gasífero de (la meridional ciudad brasileña de) Sao Paulo, le vendemos gas a Argentina, tenemos la oportunidad de exportarlo al mercado de Estados Unidos, al sur de Perú y a todo Chile. Tenemos que hacerlo, afirmó el ministro en declaraciones al diario La Razón, de La Paz.
El gobierno se propone no sólo exportar gas, sino aprovechar esta oportunidad histórica para devolver a Bolivia su salida marítima —perdida en 1879— a través de un enclave en un puerto del océano Pacífico, donde instalar además las plantas de licuefacción de gas natural.
Pero el camino no parece fácil. La explotación y venta de este recurso natural se han convertido en un asunto tan polémico que el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), principal partido opositor liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, ha hecho del rechazo al plan su principal bandera política.
Morales se opone a la exportación de gas natural en las actuales condiciones pues, señala, antes se deben modificar las leyes de hidrocarburos, de modo que el Estado boliviano perciba 50 y no 18 por ciento de impuestos, como actualmente, de las compañías petroleras que lo explotan.
Bolivia es considerado uno de los mayores reservorios energéticos del continente, con 1,5 trillones de metros cúbicos de reservas gasíferas, entre conocidas y estimadas.
El país podría ganar el mercado energético del occidental estado estadounidense de California y parte de México.
Esta es la iniciativa del consorcio Pacific LNG, conformado por las transnacionales Repsol, de España, British Gas, de Gran Bretaña y la estadounidense Panamerican Gas —que explota el gas natural boliviano— y de Sempra Energy, potencial compradora que controla el mercado californiano.
El proyecto de exportación consiste en comprimir el gas mediante su transformación en gas natural licuado (GNL), transportarlo congelado por mar hasta la costa occidental de Estados Unidos, donde se descomprimiría para devolverle su volumen original.
Sempra Energy y Pacific LNG tienen previsto firmar antes de fin de año el contrato de compra-venta del recurso. Entonces será el turno del gobierno, que deberá convencer al país sobre la necesidad de este proyecto, y elegir el puerto marítimo hasta donde se tenderán los gasoductos.
La Paz se fijó un plazo no mayor a 90 días a partir de la firma del contrato. Y entonces Sánchez de Lozada se encontrará con el mayor desafío de su mandato (2002-2007).
La mayoría de los bolivianos se opone, por razones históricas, a beneficiar a Chile de modo alguno, por ejemplo con el tendido de gasoductos y la instalación de plantas para la licuefacción de gas en uno de sus puertos.
Bolivia perdió su territorio del litoral y con él su salida al mar en la guerra del Pacífico de 1879, cuando su alianza con Perú fue derrotada por Chile.
Desde entonces, muchos esfuerzos diplomáticos bolivianos para encontrar con Chile una solución al enclaustramiento de este país fracasaron por la resistencia chilena a revisar el Tratado Trinacional de 1904, que dio por concluida la disputa y estableció las fronteras actuales.
Chile cuenta con un poderoso aliado, el consorcio Pacific LNG han expresado reiteradamente que si el gas no sale por ese país no habrá proyecto, y descarta de plano la elección de un puerto peruano, la alternativa que maneja Bolivia.
Las compañías alegan que sólo Chile ofrece condiciones de estabilidad política y seguridad jurídica para un millonario proyecto que sólo por concepto de impuestos y utilidades dejará a Bolivia entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en 20 años, unos 250 millones anuales.
Chile sería también consumidor del gas boliviano, aprovechando los gasoductos que se extenderían hasta ese país.
A la mayoritaria corriente de opinión contraria a la elección del puerto chileno, se suma la acción política del MAS, que ha declarado la guerra del gas a Sánchez de Lozada para evitar un trazado que favorezca a Chile.
¿Cómo podríamos confiar en Chile si hemos tenido tantos problemas históricos con ese país?, dijo el jueves el líder de la oposición política boliviana.
Paradójicamente, similar opinión tiene el vicepresidente Carlos Mesa, quien señaló el martes a alumnos de un colegio de La Paz que no confía en el gobierno de Chile, aunque reconoce que no se puede ignorar la larga historia de intercambio comercial de Bolivia con ese país.
Mientras tanto, el gobierno asegura que la elección del puerto es de su atribución.
Cuando Sempra Energy y Pacific LNG nos demuestren que han firmado el contrato de compra-venta, nosotros les daremos el puerto en Chile o en Perú. El gobierno boliviano va a elegir el puerto. Esa es nuestra responsabilidad, reiteró el canciller Saavedra.
Cuando llegue ese momento Bolivia tendrá la oportunidad de negociar con ambos países en busca de mejores condiciones para gravitar sobre el Pacífico de una manera clara y contundente, añadió el ministro.
El gobierno de Jorge Quiroga (2001-2002) avanzó en negociaciones con Chile y se sabe que existió un preacuerdo para firmar un tratado que establecía un enclave boliviano por 99 años en el septentrional puerto chileno de Patillos, con una superficie no conocida de hectáreas donde regirían leyes laborales e impositivas bolivianas.
Fuentes diplomáticas bolivianas dijeron a IPS que la gestión de Sánchez de Lozada mejorará esas condiciones para Bolivia, negociando simultáneamente con ambos países, en busca de que compitan por una mejor oferta. (
