Mírelo. No entiendo por qué lo castigan así, dijo la pakistaní Rukhsana Saeed. Un niño lloraba en su regazo, con un biberón en las pequeñas manos. Ella también lloraba. Su marido está en Pakistán, tras la expulsión de Estados Unidos.
Mohammed Saeed llegó a esta tierra de oportunidades antes que su esposa e hijos. La familia se reunió años después. Pero volvieron a separarse en marzo, cuando las autoridades ordenaron la inmediata deportación de Mohammed Saeed por tener documentación falsa.
Registraron nuestro apartamento en la mañana. Mi marido me despertó. Estaba llorando. Me dijo: 'Por favor, protégeme. Me están llevando a la cárcel', dijo, sin dejar de llorar.
'¿Cómo podría protegerte?', le dije. Solo lloré y lloré. Los niños también lloraban, pero igual se lo llevaron, recordó.
Mohammed Saeed no es un criminal ni tiene vínculos con organizaciones terroristas. Es, simplemente, uno de los millones de inmigrantes económicos que llegan a Estados Unidos soñando con la prosperidad y con un futuro decente para sus hijos. Así lo afirman sus vecinos y abogados.
Sentada en un apartamento que activistas por los derechos de los inmigrantes han convertido en lo que denominan una clínica legal, ubicada en un vecindario de clase trabajadora en Nueva York, Rukhsana Saeed admitió que su marido vivía con documentos falsos. Pero, agregó, trabajaba duro, y es un buen padre.
Activistas de derechos humanos afirman que Saeed, de 43 años, estuvo detenido más de un mes antes de su deportación a Pakistán. Los oficiales migratorios habían desenterrado su archivo, que juntaba polvo desde hacía 10 años. Cuando estuvo entre rejas, no se le permitió hablar por teléfono con su esposa.
Esto es una clara violación de la Constitución de Estados Unidos, una discriminación contra inmigrantes árabes y musulmanes que no tienen nada que ver con los atentados del 11 de septiembre de 2001, dijo Bobby Khan, del Proyecto Coney Island, que brinda asesoramiento legal a familias de inmigrantes detenidos o en proceso de deportación.
El Departamento de Seguridad Interna ha convocado desde el año pasado a hombres adultos de 24 países árabes y musulmanes (y de Corea del Norte) para registrar sus huellas digitales y fotografías y para interrogarlos.
Quienes no concurrieran deberían afrontar deportación o acusación penal, advirtieron las autoridades. Los convocados proceden de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Pakistán y Siria.
Miles de personas fueron detenidas, y muchas de ellas mantenidas en celdas superpobladas. También hubo casos de presos a los que se negó alimentos, sueño y medicinas. Entre los detenidos hubo gran cantidad de extranjeros que habían solicitado visa pero esperaban la respuesta de las autoridades.
Muchos de ellos habían apelado a la cláusula de 'abrigo seguro', programa diseñado para reunir a las familias que había contado con el fuerte apoyo del presidente George W. Bush, dijo un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la más antigua organización de derechos civiles de Estados Unidos.
Funcionarios de migraciones calcularon que más de 13.000 hombres (16 por ciento de los cuales fueron convocados a llenar el registro especial) son pasibles de deportación, pero apenas un puñado fueron vinculados con el terrorismo, admitieron.
El aumento dramático de las deportaciones es un efecto secundario del programa de registro, no uno de sus objetivos, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Interior Bill Srassberger en julio al diario The Washington Post.
Siempre que los funcionarios de migraciones entren en contacto con alguien que ingresó ilegalmente en el país, tienen la responsabilidad de iniciar los procedimientos de deportación, advirtió Srassberger.
Este proceso es una trampa para los inmigrantes, advirtieron activistas. Esto está causando mucho temor y aprensión, una sensación de sitio, dijo el portavoz del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas Ibrahim Hooper.
Me temo que me deportarán en octubre. He esperado el permiso de empleo los últimos dos años, pero hasta ahora no hubo ni una palabra del Departamento de Trabajo. No sé qué hacer, dijo la pakistaní Mian Ahmed, de 48 años, trabajadora en un almacén del área metropolitana de Nueva York.
Sentado junto a Rukhsana Saeed está un joven pakistaní tan frustrado y temeroso como ella. Tiene 26 años y reside en Estados Unidos desde hace 18, si bien su autorización está pendiente desde los últimos años 80. Ahora recibió la orden de deportación.
Unas 13.000 personas de países árabes y musulmanes eran deportados cada año hasta el 11 de septiembre de 2001, y el ritmo se duplicó desde entonces, según cifras oficiales. El diario The Philadelphia Inquirer indicó que más de 5.000 pakistaníes huyeron de Estados Unidos a Canadá desde los atentados.
Khan dijo que su grupo entró en contacto con familiares de unos 300 detenidos y de más de 200 deportados. Muchos de ellos cayeron en la trampa de las autoridades migratorias, que no les informaron adecuadamente sobre los procedimientos, indicó.
Rukhsana Saeed dijo que le resulta cada vez más difícil alimentar y vestir a sus hijos desde la deportación de su esposo. Dos de los niños, que asisten a una escuela pública local, aún preguntan cuándo regresará su padre. No sé qué decirles. Solo les hice promesas falsas, afirmó.
El casero de Saeed le entregó la orden de desalojo. Ella y sus hijos viven en un apartamento de una habitación, y no ha podido pagar el alquiler. Tampoco tuvo posibilidades de llamar a su esposo en Pakistán. Tengo que elegir entre una llamada de larga distancia y el alimento de los niños.
Rukhsana Saeed no ve futuro para sus hijos en Pakistán. El menor es ciudadano estadounidense. Hay pobreza, armas y violencia religiosa en la ciudad de donde vengo. Solo sueño, solo pido a Dios que un día Saeed regrese con nosotros. No entiendo por qué nos separaron.
