Estados Unidos contradice a los restantes 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, al negarse a someter eventuales ataques contra trabajadores del foro mundial a la flamante Corte Penal Internacional (CPI) para crímenes de guerra y genocidio.
La votación del proyecto de resolución, presentado por México y copatrocinado por Alemania, Bulgaria, Francia, Rusia y Siria, estaba prevista para este lunes, pero Estados Unidos pidió una postergación.
La iniciativa indica que los 191 países de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) deberían adoptar leyes sobre garantías de seguridad para los trabajadores del foro mundial, y califica los futuros ataques contra ellos de crímenes de guerra.
Los defensores de la CPI afirman que la intención de Washington es ejercer presión sobre el resto del Consejo de Seguridad.
El secretario de Estado (canciller) estadounidense Colin Powell pidió a México que borrara del proyecto la atribución de los ataques contra trabajadores de la ONU a la jurisdiccción de la CPI, según un informe periodístico.
Estados Unidos coincide con la necesidad de proteger a los funcionarios de la ONU, afirmó este lunes el portavoz del Departamento de Estado (cancilería), Philip Reeker. Pero nos preocupa parte del lenguaje del proyecto mexicano, particularmente las referencias a la CPI, agregó.
El órgano judicial internacional está en funciones desde marzo. Washington se opuso a su creación y se ha negado a ratificar el Estatuto de Roma, que lo constituyó, porque teme que soldados y altos funcionarios estadounidenses sean llevados ante el tribunal por crímenes cometidos en conflictos militares.
Dado que Estados Unidos no es parte del tratado, los militares estadounidenses participantes en la guerra contra Iraq iniciada el 20 de marzo y concluida el 1 de mayo no podrán ser acusados de crímenes de guerra ante la CPI.
El Estatuto de Roma considera los ataques contra trabajadores humanitarios como crímenes de guerra, sin importar la oposición ideológica de la administración de (el presidente estadounidense George W.) Bush, dijo este lunes el activista Bill Pace, de la Coalición por la CPI.
El tratado internacional contiene elementos disuasivos así como de protección para quienes asumen la tarea de asegurar la paz, como los funcionarios de la ONU muertos en Bagdad la semana pasada en un atentado con coche-bomba, sostuvo Pace.
Por su parte, David Donat-Cattin, del Programa de Derecho Internacional de la organización Parlamentarios para la Acción Mundial, dijo: La oposición de Estados Unidos a una resolución que proteja a los trabajadores humanitarios es inaceptable, en especial considerando la gravedad de los crímenes de guerra de la semana pasada en Bagdad.
La detonación del coche bomba en el hotel Canal de Bagdad, donde tenía sus oficinas la representación de la ONU en Iraq, mató a 24 personas, entre ellas varios altos funcionarios del foro mundial a cargo del programa humanitario.
Uno de ellos era el subsecretario general del foro mundial, alto comisionado para los Derechos Humanos y representante especial de la Secretaría General para Iraq, Sergio Vieira de Mello.
Después del atentado, la oposición de Estados Unidos a la propuesta de resolución es desgraciada, dijo el director del Programa de Justicia Internacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker.
El gobierno de Bush no debería dejar que su cruzada contra la CPI ponga en peligro los esfuerzos para proteger a los trabajadores humanitarios, sostuvo Dicker.
El proyecto mexicano expresaría, de ser aprobado, el compromiso del Consejo de Seguridad con la protección del personal humanitario, añadió.
HRW sostuvo en una declaración emitida este lunes que las cláusulas de la resolución cuestionadas por Estados Unidos se limitan a estipular que los ataques contra personal humanitario y de las fuerzas de mantenimiento de la paz son un crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma.
La oposición de Estados Unidos a la iniciativa mexicana refleja una objeción totalmente irracional a la CPI, agregó la organización con sede en Nueva York.
En los últimos meses, el gobierno de Bush continuó socavando la autoridad de la CPI mediante sus intervenciones en el Consejo de Seguridad, entre ellas su propuesta —luego aceptada— de que las fuerzas internacionales de paz en Liberia tuvieran inmunidad ante el órgano judicial.
Esta disposición socava el Estatuto de Roma y otros aspectos importantes del derecho internacional. Los miembros del Consejo de Seguridad fueron obligados a elegir entre desplegar fuerzas de mantenimiento de paz en Liberia y sostener principios establecidos de derecho, indicó HRW.
