El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió airoso de su principal desafío parlamentario este miércoles al aprobarse en Diputados el texto básico de la reforma previsional, pero sin despejar incertidumbres que afectan la economía.
El oficialismo anticipó un día la votación del proyecto, que busca reducir el déficit del sistema de jubilaciones y pensiones del sector estatal, para evitar la presión de la protesta de empleados públicos organizada este miércoles en el paseo frente al Congreso, que según la policía reunió casi 50.000 personas.
Algunos de esos manifestantes intentaron invadir el edificio del Congreso Nacional legislativo en Brasilia, rompiendo paredes de vidrio, en incidentes que dejaron como saldo cuatro personas heridas.
La vida política del país se agitó desde el 8 de julio, cuando comenzó la huelga en algunos sectores estatales en contra del proyecto del gobierno y se realizaron actos donde se han insultado a parlamentarios y ministros. Desde el martes se intensificaron los tumultos en la capital brasileña.
La reforma previsional enfrenta la violenta oposición de los trabajadores estatales por restringir varios de sus derechos vigentes.
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Pero el proyecto de ley aún puede sufrir modificaciones propuestas por algunos legisladores y tendrá que pasar por una nueva votación en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado.
Ese proceso puede prolongarse hasta octubre, debido a que se trata de una enmienda constitucional que requiere para su aprobación superar cuatro instancias, dos vueltas en la cámara baja con el voto favorable de 60 por ciento de los 513 diputados y otras dos en el Senado con el apoyo de igual porcentaje de sus 81 miembros.
Además, si la Cámara de Senadores modifica puntos importantes, el proyecto volvería a manos de los diputados, retardando aún más el desenlace.
La primera votación en la Cámara de Diputados, en la primera hora de este miércoles, registro 358 votos a favor, 50 más que el mínimo necesario, y 126 en contra. Antes de ello pasaron 14 horas de debates e intensas negociaciones entre líderes parlamentarios, ministros y el propio Lula.
El principal objetivo de la enmienda a la ley fundamental es extinguir el régimen que asegura al sector una jubilación con el salario integral de la carrera y que accede incluso a los aumentos que obtengan sus colegas en actividad.
Esos son privilegios únicos en el mundo, según el ministro de la Previsión Social, Ricardo Berzoini.
La propuesta indica que los actuales funcionarios mantendrán tales beneficios sólo si se jubilan tras cumplir 55 años las mujeres y 60 los hombres.
Hasta ahora la edad mínima para pedir el retiro es de 48 años para las mujeres y de 53 para los hombres. Además se les exige 20 años de trabajo en el sector estatal y 10 años en el puesto en que se jubilarán.
Los funcionarios contratados en el futuro tendrán, como los trabajadores del sector privado, una jubilación limitada al máximo de 2.400 reales (unos 800 dólares). Para poder aumentar ese monto jubilatorio futuro deberán contribuir cuando están en actividad a un fondo de pensión.
Las medidas planteadas por el gobierno de Lula buscan reducir el desequilibrio en las cuentas públicas, causado principalmente por los gastos previsionales, según economistas que consideran la reforma del sector indispensable para rescatar la confianza y abrir paso al crecimiento de la economía brasileña.
El Ministerio de Previsión Social asegura que el déficit del sistema alcanzó ya a 56.000 millones de reales (18.600 millones de dólares), 70 por ciento de ello es responsabilidad de los 3,2 millones de jubilados estatales y el resto de 17,5 millones de retirados del sector privado.
El proyecto inicial del gobierno, presentado el 30 de abril, obtuvo el apoyo de 78 por ciento de los consultados en una encuesta realizada en mayo y representaría un ahorro suficiente para alentar la economía, según representantes del mercado financiero y empresarios.
Sin embargo, las concesiones del gobierno ante presiones principalmente del Poder Judicial frustraron a inversionistas y empresarios. Los cambios acordados entre líderes parlamentarios redujeron el ahorro pretendido y obligarán a otra reforma dentro de una docena de años, sostuvieron analistas.
Las incertidumbres fueron agravadas por noticias sobre la recuperación de la economía estadounidense que atrae inversiones financieros en desmedro del mundo en desarrollo.
En los últimos días la moneda nacional se devaluó cerca de tres por ciento y el llamado riesgo país, que es la posibiliad del cese de pago según la percepción de los inversionistas, se elevó de unos 700 a casi 900 puntos básicos, indicando mayores costos financieros para un país carente de capitales.
Pero la reforma previsional, tal como fue aprobada en esta primera vuelta en la Cámara de Diputados, aun representa un avance importante, según el economista Raul Velloso, experto en cuentas públicas. Aunque advirtió que nuevas concesiones podrán echar a perder sus objetivos fiscales.
La amenaza ahora son las 13 enmiendas propuestas que pueden alterar el texto básico aprobado en Diputados. Una de ellas suprime la contribución previsional que pasaría a ser cobrada por los funcionarios públicos jubilados. Eso anularía gran parte de los resultados pretendidos.
También se propuso cancelar la reducción de las pensiones pagadas a esposas e hijos de empleados públicos muertos. Actualmente ellos heredan la totalidad del sueldo del fallecido, pero el proyecto aprobado limita ese derecho a 2.400 reales (800 dólares) mensuales, imponiendo una reducción de 50 por ciento en lo que supere esa suma.
Además, varios puntos de la reforma dependen de un fallo posterior de la Suprema Corte de Justicia en caso de que alguien cuestione su constitucionalidad.
El hecho de que es una medida que también limita los sueldos de los jueces y, por consiguiente, sufre el rechazo declarado del Poder Judicial, hace temer un futuro conflicto entre poderes de la República, añadieron expertos.
