Casi 70.000 hectáreas de bosques ardieron en Portugal durante dos semanas, causando la peor tragedia ambiental de este país europeo desde mediados del siglo XX. El calor extremo, la imprevisión estatal y actos criminales formaron el cóctel incendiario.
Portugal es el país más dañado en la actual ola europea de incendios, por la proporción de la superficie quemada en el territorio nacional, de 89.000 kilómetros cuadrados.
Desde inicios de este año, el fuego dejó un saldo de 14 muertos y 67.000 hectáreas de bosques y 33.000 de zonas de pastoreo quemadas.
Pero más de la mitad de esta estadística fatal encaja en los grandes incendios que comenzaron el 29 de julio y que causaron perjuicios económicos de 500 millones de euros, unos 550 millones de dólares.
Las últimas dos víctimas mortales fueron encontradas en la madrugada del miércoles en un bosque en cenizas de la zona septentrional del país, carbonizadas dentro de un automóvil, como macabro símbolo de la magnitud de este drama humano, ecológico y económico.
El fuego también se cobró las vidas de dos ciudadanos chilenos, miembros de una brigada especial aerotransportada que se encontraban en el país para especializar a bomberos portugueses en el combate a incendios forestales.
Participaron en los operativos 4.000 bomberos y 2.000 soldados, unidos a las comunidades que perdieron buena parte de sus propiedades consumidas por el fuego, dijo a IPS este jueves Miguel da Cruz, vocero de la Dirección General Forestal (DGF).
Entre el 1 de enero y el 27 de julio, los incendios forestales habían quemado 26.372 hectáreas de bosques, en especial de pinos y eucaliptos. Casi 70.000 hectáreas restantes ardieron en tan sólo diez días, añadió Cruz.
El área quemada corresponde a ocho veces la superficie de Lisboa, dos veces la isla de Malta o 50.000 estadios de fútbol.
El fuego proliferó por las altas temperaturas, las mayores en casi 100 años. Las máximas, de 47,3 grados, se registraron en la localidad meridional de Ameralejo, y las mínimas, de 37,3, en las septentrionales Oporto y Viana do Castelo.
Los incendios destruyeron 700 kilómetros de la red eléctrica y 70 kilómetros de cable de fibra óptica, por lo cual 800.000 personas quedaron sin luz y 11.000 sin teléfonos.
El gobierno decretó el lunes el estado de calamidad pública y puso 50 millones de euros a disposición de los damnificados.
Esa medida obliga a la Unión Europea (UE) a prestar asistencia para mitigar el desastre, de acuerdo a los convenios comunitarios vigentes. Pero hasta el martes sólo Italia había acudido al pedido de socorro, con el envío de dos aviones.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, respondió el martes, anunciando el envío de dos helicópteros alemanes y cuatro aviones, dos de España y dos de Grecia.
Pero en los diez días que duró la tragedia, Portugal solo contó con la asistencia italiana y la de Marruecos, que la semana pasada despachó cinco aviones contra incendio.
Los llamados de Lisboa tampoco encontraron eco en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con aviones de gran porte para este tipo de operativos.
Hasta este jueves, la alianza atlántica no había contestado, y según dijo a IPS el político José Falcao, dirigente del opositor Bloque de Izquierda, si la OTAN envía aviones ahora, será para echar agua en las cenizas.
El aumento de los incendios en Portugal es resultado de la ausencia de una política de prevención, estimó la Asociación Nacional de Conservación de la Naturaleza, Quercus.
Según Quercus, esto ocurre por el abandono de los bosques y la falta de medidas de prevención.
En casi un tercio del territorio portugués existe un muy elevado riesgo de incendio, advirtió este jueves el presidente de la asociación ambientalista, Hélder Spínola.
Según datos de Quercus, el área forestal portuguesa constituye 38 por ciento del territorio nacional, genera 2.759 millones de euros en exportaciones y da empleo a 3,3 por ciento de la población activa del país.
Muchos portugueses señalan que detrás de gran parte de los incendios se esconden manos criminales movidas por grandes intereses económicos.
Este jueves fueron detenidos siete presuntos incendiarios, en una acción que el director de la Policía Judicial (PJ), Adelino Salvado, calificó de la mayor operación para captura de criminales.
Todas las estructuras de la PJ están empeñadas en esta actividad, sostuvo, añadiendo que ya fueron detenidos 33 supuestos responsables de comenzar focos ígneos.
Pero Salvado declinó confirmar acusaciones de las poblaciones afectadas contra empresas a las que responsabilizan de causar incendios con el propósito de aumentar sus lucros.
Mientras, analistas, ambientalistas y la prensa han comenzado a identificar a responsables del desastre.
El primero en la fila es el conservador primer ministro José Manuel Durao Barroso, seguido por el ministro del Interior, Antonio Figueiredo Lópes.
A inicios de este verano boreal, el gobierno anunció la reorganización de la Comisión Nacional Especializada de Fuegos Forestales (CNEFF).
Esa reorganización no es otra cosa que un eufemismo para la extinción, dijo este jueves a la prensa el ahora exonerado coordinador de la CNEFF, Francisco Rego, vicepresidente del Instituto Forestal Europeo.
El problema principal es la falta de planificación y de funcionarios calificados en prevención de incendios, explicó Rego, recordando que Durao Barroso ordenó la reducción de 25 por ciento del presupuesto para el servicio nacional de bomberos.
La prensa, incluidos los medios progubernamentales, también señala al gobierno conservador, al que ha acusado de privatizar servicios que deberían seguir siendo públicos.
Y por tanto, las sospechas recaen en las empresas privadas de aviación para combate de incendios forestales, que reemplazaron a las Fuerzas Armadas en esa función, pues la proliferación de incendios incrementa su actividad y sus ganancias.
Los intermediarios en la venta de maderas también son señalados, pues los propietarios de bosques quemados venden en su desesperación la leña a cualquier precio, pero éste no baja en el mercado.
Sin embargo, si hubiera detrás de los incendios un negocio jugoso, ese sería el de las empresas constructoras dedicadas a edificar barrios privados para vacaciones en regiones montañosas.
Aunque la ley estipula que no se puede construir en áreas quemadas durante los diez años siguientes al siniestro, la falta de datos actualizados en los sistemas informáticos del Estado hace relativamente fácil para los constructores eludir las normas y obtener los permisos municipales.
Pero aún no se han comprobado vínculos entre los presuntos autores materiales de los fuegos y esos posibles intereses económicos.
La mayoría de los incendiarios son personas mentalmente desequilibradas, según estudios psiquiátricos efectuados por la PJ en las cárceles y ahora difundidos.
Entre 75 incendiarios presos entrevistados para un estudio, comprobamos que en su gran mayoría son jóvenes con conflictos relacionados con impotencia sexual, explicó un médico de la policía.
