La promesa del gobierno de Nicaragua de entregar 3.409 hectáreas a campesinos sin tierra dentro de 45 días es el primer logro de la ”marcha de los hambrientos”, iniciada hace 10 días por unos 5.000 habitantes del central departamento de Matagalpa.
Los campesinos, que están estacionados ahora en el kilómetro 97 de la ruta Interamericana, comenzaron su caminata a Managua ante el incumplimiento del gobierno del acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2002, en el que se comprometió a otorgar predios de cultivos, crear empleo y reforzar servicios de salud y educación.
En Matagalpa, con 6.800 kilómetros cuadrados y ubicado a 130 kilómetros al norte de Managua, predominaron las grandes haciendas productoras de café hasta hace unos cinco años, cuando la persistente caída de los precios internacionales del grano hirió de muerte al sector.
Tras una primera negativa, el gobierno de Enrique Bolaños accedió negociar con los campesinos en lucha, para lo cual designó a los viceministros Alfonso Sandino, de Gobernación, y Margarita Gurdián, de Salud, al ministro de Agricultura, José Augusto Navarro, y al director del Instituto del Desarrollo Rural, Sergio Narváez.
Entre los garantes de los avances logrados y los que se consigan en estas conversaciones figuran las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de Nicaragua (Cenidh) y Procuraduría de Derechos Humanos, además de la Iglesia Católica a través del arzobispo de Matagalpa, Leopoldo Brenes.
”Para los campesinos es una victoria enorme haber logrado que el gobierno de Bolaños accediera a negociar, porque existía una negativa completa a escuchar nuestras peticiones”, dijo a IPS Alfonso Espinoza, coordinador de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), uno de los grupos que participan en las conversaciones.
Los campesinos piden, además, la cesión de tierras de la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap) para desarrollar sus culivos, así como mejoras en salud, vivienda, educación, empleo, alimentación y reactivación de la producción en el departamento de Matagalpa.
Sandino y Guardián declararon en Las Tunas, en el kilómetro 97 de la carretera Interamericana donde se negocia, que el gobierno tiene una ”clara voluntad de evitar que los campesinos continúen con su marcha a la capital y que se buscarán las condiciones para que las conversaciones deparen beneficios para ambas partes”.
”Legalizar las tierras en poder de la Cornap será muy espinoso, pero confiamos en alcanzar este acuerdo, que beneficiará a las restantes 2.500 familias que conforman la marcha”, puntualizó Espinoza.
En la movilización participan mujeres, niños y ancianos, quienes se encuentran ubicados en campamentos a uno y otro lado de la ruta Interamericana, cuyo tránsito podría ser bloqueado en caso de que las negociaciones se estanquen en los próximos días, advirtió el dirigente agrario.
En una marcha similar realizada el año pasado murieron nueve niños y siete adultos, pero esta vez todavía no se reportaron muertos ni heridos, resaltó.
”A pesar del primer acuerdo, hemos notado poca capacidad del gobierno para tomar decisiones y las ambigüedades en que incurre son para empantanar los alcances de los pactos”, afirmó.
Espinoza precisó que en Matagalpa, donde las haciendas cafetaleras se declararon en quiebra hace cinco años, quedó en un ”abandono total por parte del Estado, que descuidó el apoyo a la agricultura, la educación, la salud, la vivienda y el crédito”.
En medio de la incertidumbre por el incumplimiento estatal del año pasado, los campesinos tienen la esperanza de que las actuales tratativas produzcan mejoras sustanciales en miles de familias que resultaron afectadas por la caída internacional de los precios del café.
Los participantes en la ”marcha de los hambrientos” proceden principalmente de los municipios de La Dalia, San Ramón, Matagalpa y Rancho Grande.
La falta de empleo obligó, según cifras del ATC, a que entre 50 y 60 por ciento de las familias de Matagalpa emigraran a otros departamentos y a distintos países de América Central, en especial a Costa Rica, donde oficialmente residen 332.000 nicaragüenses, según el censo de 2000.
Para Edmundo Gutiérrez, garante en las negociaciones por parte del no gubernamental Cenidh, el primer acuerdo se dio de una ”fruto del consenso, lo cual es una muestra de la voluntad que tienen las partes para negociar”.
Consideró, sin embargo, que las negociaciones en torno a las propiedades que cederá la Cornap y la creación de empleos serán delicadas, por lo cual el gobierno pidió la incorporación de representantes del Banco Central, que administra las haciendas declaradas en bancarrota.
Los empleos que se generarán, si se alcanzan los acuerdos, serán en el ámbito comunitario, como arreglo de caminos y limpieza de zonas agrícolas, agregó Gutiérrez, quien calculó que cada nicaragüense que desempeñe este tipo de labores obtendrá el equivalente a 1,57 dólares por día.
Datos de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca) indican Nicaragua registra el salario mínimo más bajo de la región, con 33 dólares mensuales, mientras que Costa Rica posee el más alto, con 175 dólares.
También precisa que 39 por ciento de los casi 5,8 millones de nicaragüense carece de agua potable, lo que da una idea de las condiciones sociales en que sobreviven miles de pobladores de este país.
Estudios del Programa Mundial de Alimentos (PIMA) de la Organización de las Naciones Unidas indicaron que 45 por ciento de los niños de Nicaragua que viven en zonas rurales padecen de desnutrición crónica.
En este sentido, la asesora jurídica del Cenidh, Anielka Pacheco, relató a IPS que en la marcha de los hambrientos de 2002 ese centro le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para 56 niños que estaban en riesgo de muerte por la desnutrición aguda que padecían.
