Las migraciones de trabajadores siguen en aumento, como la dureza de las condiciones que las acompañan, pero un tratado para defender los derechos de los migrantes, que entró en vigencia este martes, llena de esperanzas a activistas.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares reconoce los derechos a la asociación y a la sindicalización, a la libertad de expresión y de credo, al debido proceso y al tratamiento equitativo en materia de derechos económicos y sociales.
Sin embargo, esa convención sólo obliga por ahora a los 22 Estados que la han ratificado, y los activistas reconocen que entre ellos no hay ninguno de los grandes países receptores de inmigrantes.
Los países que ratificaron el tratado son Azerbaiján, Belice, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Malí, México, Marruecos, Filipinas, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tayikistán, Uganda y Uruguay.
Lo firmaron pero aún no lo ratificaron Bangladesh, Burkina Faso, Chile, Comoras, Guinea-Bissau, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Turquía y Togo.
La lista de Estados renuentes incluye a Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, donde viven 60 por ciento de los 175 millones de migrantes del mundo, recordó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
Tampoco han firmado ni ratificado el instrumento otros importantes receptores de migrantes como Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Israel, Japón, Jordania y Kuwait.
”Hasta ahora, ningún país industrializado ratificó la Convención, a pesar de la importante contribución de los trabajadores migrantes a sus economías. Algunos países han sido reticentes en unirse a la convención por temor a que deban reconocer demasiados derechos a los inmigrantes indocumentados”, dijo a IPS el activista Rory Mungoven.
Pero la convención no busca quitar obstáculos al ingreso de inmigrantes irregulares, sino que ”sean tratados de pleno acuerdo con la ley y no sometidos a abuso”, enfatizó Mungoven, de la organización no gubernamentales (ONG) humanitaria Human Rights Watch.
Muchos países receptores de inmigrantes afirman que no tienen necesidad de ratificar el tratado, porque sus propias leyes ya brindan garantías por lo menos equivalentes a las previstas por la convención, dijo a IPS Robert Paiva, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El temor al terrorismo y a la inseguridad económica alienta ataques contra migrantes y otros extranjeros en muchos países, y eso hace la protección más necesaria que nunca, opinó Mungoven.
Muchos gobiernos, incluidos los de Australia y España, adoptan medidas para reducir la inmigración ilegal en el marco de la campaña internacional contra el terrorismo, agregó.
En Estados Unidos, cientos de no ciudadanos, la mayoría árabes y sudasiáticos, fueron detenidos por los servicios de inmigración, con frecuencia arbitrariamente, en el marco de las investigaciones oficiales de los atentados de septiembre de 2001, dijo Mungoven.
El embajador mexicano Gustavo Albin, cuyo país impulsó en 1979 la redacción de la Convención, opinó que ahora corresponde redoblar esfuerzos para avanzar hacia la vigencia mundial del tratado, y para que los países que lo ratificaron adapten a él sus legislaciones.
El número de migrantes en el mundo se duplicó de 1975 a 2000, y es probable que se duplique otra vez en el próximo cuarto de siglo, señaló el director ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Kari Tapiola.
Los trabajos que suelen encomendarse a inmigrantes son los llamados ”3D”, por las iniciales en inglés de sucios, exigentes y peligrosos.
La mayoría de los empleadores no respetan los derechos humanos y legales básicos de la mayoría de los trabajadores inmigrantes, y los obligan a trabajar en condiciones de hacinamiento, en extensas jornadas y con bajos salarios, según ONG humanitarias.
Al mismo tiempo, las noticias cotidianas dan cuenta de muertes en las fronteras o ahogados en el mar de personas que intentaban la migración irregular, observó la ONG Derechos de los Migrantes Internacional, que tiene sede en Ginebra.
En vez de comprender las causas de esas muertes, los Estados, y en particular los ricos del Norte industrializado, responden con políticas más estrictas contra la inmigración y controles fronterizos que sólo conducen a más decesos y peligros para los migrantes, afirmó.
Una coalición de 290 ONG, internacionales y nacionales de distintos países, expuso que de manera simultánea y creciente los migrantes son víctimas de racismo, discriminación, abusos y ataques violentos.
Por ese motivo ”damos la bienvenida a la entrada en vigor de la convención, aunque llevó 13 años lograrla”, dijo la declaración firmada, entre otras ONG, por Amnistía Internacional, Anti-Slavery International, Caritas, Comisión de Iglesias para las Migraciones en Europa, Diciembre 18, Emaús Internacional y la CIOSL.
El Alto Comisionado interino de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharan, exhortó a recordar las contribuciones valiosas e importantes de los migrantes a sus países de origen y de destino, en los planos económico, social y cultural.
El valor total de las remesas enviadas por inmigrantes a sus familias en el país de origen aumentó de 49.000 millones de dólares en 1988 a un estimado preliminar de 150.000 millones el año pasado, indicó el Banco Mundial.
Tapiola subrayó la creciente demanda de trabajo, no sólo en Europa y América del Norte, sino también en países que se industrializan de Africa, Asia y América Latina.
Pocos gobernantes europeos pueden cuestionar hoy que la realidad demográfica de la mayoría de sus países los obliga a traer fuerza de trabajo de otras naciones, para sostener los niveles de productividad, observó el funcionario de la OIT.
También citó estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que advierten sobre las consecuencias que tendría para algunos países de Europa y Asia impedir el ingreso de más inmigrantes.
Las poblaciones nativas de esos países tendrían que trabajar hasta los 77 años si se adoptara tal medida, dijo Tapiola.
El proceso de mundialización ha acentuado el fenómeno de las migraciones, reflexionó la secretaria general adjunta de la CIOSL, Mamounata Cisse.
Una de cada 35 personas son inmigrantes, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Pero la globalización, que derribó barreras a los traslados de capitales, tecnología e incluso empresas enteras, olvidó a los trabajadores, y mantiene las trabas a su libertad fundamental de desplazamiento, protestó Cisse.
La convención fue aprobada por la asamblea general de la ONU el 18 de diciembre de 1990. Su entrada en vigor fue saludada por representantes de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, reunidas en Ginebra.
El director general de la OIM, Brunson McKinley, afirmó que los migrantes irregulares, como se denomina a quienes carecen de visas o de documentos de residencia, superan en número a los regulares.
Pero los irregulares son los más vulnerables a la explotación por empleados inescrupulosos, traficantes de personas y otros que aprovechan su indefensión, añadió.
* Con aportes de Thalif Deen (Nueva York)
