Créditos para millones de pobres y estímulos al empleo de jóvenes en Brasil, anunciados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podrían encaminar un desarrollo menos desigual, aunque sin tener impacto económico inmediato.
La concentración del debate en cuestiones macroeconómicas, como cambiarias y tasas de interés del Banco Central, ha desviado la atención de iniciativas destinadas a pequeños negocios, campesinos, empresarios informales y jóvenes, que crean capital social, dijo a IPS Ladislau Dowbor, profesor de la Universidad Católica de Sao Paulo.
Lula afronta duras críticas de la izquierda y de la derecha por haber adoptado políticas económicas que mantuvieron las orientaciones acordadas por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional o que las acentuaron, como el aumento de la tasa básica de interés y la merma del gasto público.
Además, el gobierno de Lula impulsa una reforma de la previsión social más radical que la propuesta por su antecesor, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, quitándoles a los funcionarios públicos varios derechos tradicionales, como la jubilación con el mismo valor que el sueldo ganado en actividad.
Ese planteo despertó la ira del sector más izquierdista del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Por su parte, la oposición conservadora ataca a Lula por lo que señala como incoherencia al practicar políticas que antes condenaba y contra las cuales apoyó su victoriosa campaña electoral el año pasado.
El resultado de ese rumbo económico fue el estancamiento en el primer semestre del año y de su gobierno, con la industria en recesión y el desempleo que alcanzó en mayo a un nivel sin precedentes de 12,8 por ciento de la población económicamente activa.
El gobierno había pronosticado para este mes un vuelco de esa tendencia, por lo cual comenzaría lo que llamó espectáculo del crecimiento.
Pero el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, más moderado, evaluó que la economía brasileña se apresta a crecer, con la reducción de la tasa de interés del Banco Central y la inflación bajo control.
Paralelamente, se adoptan medidas consideradas de carácter social por apuntar a la ampliación del mercado de consumo de masa, que a la larga redinamizará la economía, según Dowbor.
Brasil tiene la ventaja de contar con 100 millones de subconsumidores cuya inclusión puede expandir el mercado interno, sostuvo.
El conjunto de iniciativas que anunció el gobierno de Lula en las últimas semanas convergen gradualmente en ese sentido, además de combatir las enormes desigualdades sociales de Brasil.
Algunas de las medidas amplían los recursos para el microcrédito y simplifican el acceso a cuentas y financiación bancarias, en especial en instituciones estatales, teniendo como meta incorporar a 25 millones de personas a esos servicios.
Los bancos privados recibieron estímulos para ofrecer microcrédito con tasa de interés de dos por ciento, la mitad de la vigente en los pocos bancos y otras entidades que ya prestan pequeñas sumas, de hasta 5.000 dólares, a pequeños negocios en general informales.
El gobierno aumentó este año el monto del crédito subsidiado a la pequeña agricultura de base familiar a 5.400 millones de reales (unos 1.900 millones de dólares), 28,5 por ciento más que el total prestado en 2002. Se calculan en 4,2 millones los establecimientos agrícolas familiares en Brasil.
En tanto, el programa Primer Empleo, anunciado por Lula el 30 de junio, pretende crear 260.000 empleos para personas de 16 a 24 años y beneficiar a 600.000 con cursos de profesionalización y ayuda para montar sus propias empresas o cooperativas, en este y el próximo año.
El plan establece asistencia especial del gobierno de 200 reales (unos 70 dólares) a pequeñas empresas y la mitad para las grandes que ofrezcan tales empleos.
La justificativa del proyecto es social. Los jóvenes son mayoría entre los presos del país y padecen el doble del índice de desempleo nacional. Por no tener experiencia laboral, enfrentan mayores dificultades para ser contratados.
Este subsidio cuesta menos para la sociedad que tener a esos jóvenes como delincuentes en las calles o en la cárcel, apuntó Lula al anunciar el programa.
El Ministerio del Trabajo creó en junio la Secretaría de Economía Solidaria con el fin de impulsar cooperativas, recuperar empresas en quiebra para que sean autogestionadas por sus trabajadores, abrir mercados de trueque que dispensan el dinero y otras actividades para fomentar empleo y renta.
Todo eso no tiene relevancia económica, critican muchos economistas. El microcrédito es un instrumento de política social más que de política económica, escribió el 28 de junio Fernando Cardim, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el diario Folha de Sao Paulo.
Las fuentes de ingreso que crea el microcrédito son casi nada ante el gran desempleo provocado por la política recesiva del gobierno, de altas tasas de interés y recorte fiscal extremado, argumentó.
El secretario de Economía Solidaria, Paul Singer, discrepó y cree que el crédito para los pobres, que realmente lo necesitan, estimula la economía, al agregar consumo, producción e impuestos.
En Argentina, que tiene una gran economía solidaria, el colapso de diciembre de 2001 fue sobrellevado en parte gracias a los clubes de trueque que involucran a cerca de siete millones de personas, evaluó Singer.
No se puede pretender resultados rápidos de las acciones anunciadas Lula, que incluyen el programa Hambre Cero de ayuda a familias muy pobres, según Dowbor.
El ritmo en administración pública es lento y depende de la capacidad de organización social, de articular varias instancias de gobierno, crear nuevos instrumentos, explicó el experto en economía social, que integra las dos áreas.
