Estados Unidos dio este martes otra vuelta de tuerca en su guerra contra la Corte Penal Internacional (CPI) al suspender la ayuda militar a 35 países que no aceptaron eximir a soldados estadounidenses de la jurisdicción de ese tribunal, creado para juzgar crímenes de lesa humanidad.
El cese de la asistencia militar afectará sobre todo a naciones de América Latina, el Caribe, Europa central y oriental y Africa subsahariana, la mayoría gobernadas por regímenes democráticos y firmes aliadas de Estados Unidos, alegaron activistas.
”La campaña estadounidense no logró minar el respaldo internacional a la CPI, pero consiguió que el gobierno se viera necio y mezquino”, estimó el director del Programa Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker, con sede en Nueva York.
”En momentos en que Estados Unidos pierde un respaldo internacional vital, esta suerte de ataque a algunas de las naciones más pobres del mundo sólo socavará nuestra seguridad a largo plazo”, apuntó la directora de programas de la Asociación Federalista Mundial, Heather Hamilton.
Funcionarios de Washington explicaron que el corte estaba previsto en la Ley de Protección de Miembros del Servicio Estadounidense (ASPA, por sus siglas en inglés) aprobada en 2002 por el Congreso legislativo con el propósito expreso de asegurar que la CPI no tuviera nunca jurisdicción sobre personal militar de ese país destinado en el exterior.
”Esto refleja que la prioridad de Estados Unidos es proteger a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer.
Washington espera ”continuar trabajando con los gobiernos para asegurar la ratificación de acuerdos bajo el artículo 98 (de la ASPA) que protejan al personal estadounidense (en el exterior) de cualquier arbitrariedad o persecución política por parte de la CPI”, apuntó por su parte el portavoz del Departamento (ministerio) de Defensa, Richard Boucher.
Según Boucher, la mayor parte de la asistencia militar prevista para el actual año fiscal ya fue asignada y el recorte sólo afecta a un monto de 47,6 millones de dólares en ayuda y entrenamiento.
La ASPA, que autoriza al presidente estadounidense a utilizar los medios necesarios para liberar a personal estadounidense eventualmente juzgado o arrestado por la CPI, obliga al gobierno a recortar la ayuda militar a todo estado que haya ratificado la creación de la corte, concebida para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio y que cumplió un año de vida este martes.
Las excepciones son las naciones miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o las especialmente designadas como aliadas extra-OTAN, entre ellas Argentina, Australia, Corea del Sur, Filipinas, Israel y Japón.
Además, el presidente está facultado a ”eximir” de esta sanción a otros países, cuando esté en juego el interés nacional.
La administración de George W. Bush estableció que los gobiernos que hubieran firmado con Estados Unidos un compromiso según el artículo 98, para no entregar ningún efectivo estadounidense a la custodia de la CPI contaban con garantía suficiente para eximirlos de la sanción.
El Protocolo de Roma, alcanzado en 1998 y ratificado por 90 países, entre ellos los aliados de la OTAN, estableció la CPI, con sede en La Haya, para juzgar crímenes de lesa humanidad, en caso de que los países involucrados no tuvieran capacidad o voluntad de llevar a cabo esos juicios en los ámbitos judiciales nacionales.
El ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) firmó el protocolo en diciembre de 2000, pocas semanas antes de la asunción de Bush, quien retiró la firma y abandonó todas las negociaciones sobre la CPI en mayo del año pasado.
Además, el actual gobierno logró que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas exceptuara por un año de la jurisdicción de la CPI a todos los ciudadanos estadounidenses, bajo amenaza de vetos de Washington a las prórrogas de misiones de paz del foro mundial.
Esa presión tuvo éxito en 2002, y a comienzos de este mes el Consejo extendió esa excepción por un año más.
Washington alega que los fiscales de la CPI tienen excesiva discrecionalidad, y podrían acusar por motivos políticos a militares y civiles estadounidenses.
El temor a ser el principal blanco de fiscales con intenciones políticas se debe en parte a que Estados Unidos tiene desplegados 150.000 soldados en Iraq, otros 9.000 en Afganistán, y decenas de miles más en gran cantidad de países de Asia central.
Pero ese temor es exagerado en opinión de organizaciones humanitarias como HRW y la Comisión de Abogados por los Derechos Humanos, y de gobiernos europeos, incluyendo al de Gran Bretaña, firme aliado de Washington.
”Los expertos estadounidenses saben que las excepciones dispuestas por el Consejo de Seguridad no tienen justificación, y que la probabilidad de que un soldado estadounidense en misión de mantenimiento de paz sea juzgado por la CPI es casi cero”, afirmó el presidente de la Coalición por la CPI, que reúne a más de 2.000 ONG de numerosos países.
Sin embargo, Washington dio alta prioridad diplomática a las negociaciones vinculadas con el artículo 98, y ya ha convencido según funcionarios estadounidenses a 51 gobiernos, incluyendo a siete que han solicitado que los acuerdos en la materia se mantengan secretos.
Entre los países firmantes del Protocolo de Roma y de acuerdos públicos con Estados Unidos en el marco del artículo 98 están Afganistán, Albania, Bahrein, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Djibouti, Egipto, Filipinas, Gabón, Ghana, Honduras, Islas Marshall, Israel, Macedonia, Madagascar, Mauricio, Mongolia, Naurú, Nicaragua, Panamá y República Democrática del Congo.
También República Dominicana, Rumania, Seychelles, Sierra Leona, Tajikistán, Timor Oriental, Togo, Uganda y Uzbekistán.
Bush visitará en su gira por Africa de la semana próxima Botswana, Nigeria y Senegal, y eso ha causado especulaciones sobre presuntos acuerdos aún reservados de esos países con Washington.
Entre los 35 países que firmaron el protocolo pero se rehusaron a realizar acuerdos con Estados Unidos en el marco del artículo 98 están naciones de importancia clave en América del Sur como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
También Belice y Costa Rica en América Central, Uruguay en América del Sur, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Serbia en Europa, Benin, Lesotho, Malawi, Malí, Namibia, Níger, República Centroafricana, Sudáfrica, Tanzania y Zambia en Africa, Fiji y Samoa en el Pacífico Sur, y naciones insulares anglohablantes del Caribe.
De esos países, los andinos y europeos son los mayores receptores de asistencia militar estadounidense, aunque en el caso de los andinos, al igual que en el de los caribeños, la mayor parte la ayuda se realiza en el marco de programas antidrogas y no será interrumpida, según Boucher.
Por otra parte, muchos de los países europeos a los cuales se cortará la asistencia militar volverán a recibirla pronto, cuando se formalice su previsto ingreso a la OTAN.
Algunas de las naciones africanas afectadas han participado en actividades de entrenamiento militar estadounidense para fuerzas de mantenimiento de la paz, y no está claro qué ocurrirá en el futuro con esos programas.
Washington convenció a países que no firmaron el protocolo de realizar acuerdos bilaterales en el marco del artículo 98. En esa situación están Azerbaiján, Bhután, El Salvador, India, Maldivas, Mauritania, Micronesia, Nepal, Ruanda, Sri Lanka, Tailandia, Tonga, Túnez y Tuvalu.
Varias ONG deploraron la presión de Estados Unidos sobre países pequeños, pobres y a menudo democráticos.
”La mayoría de las partes de la CPI son democracias cuyo compromiso con el imperio de la ley es relativamente fuerte”, apuntó el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, en una carta abierta al secretario de Estado (canciller) Colin Powell dada a conocer este martes.
Roth afirmó en esa carta que un alto diplomático de Estados Unidos informó a ministros de Relaciones Exteriores del Caribe que perderían beneficios de asistencia tras huracanes, de odontología rural y programas veterinarios, si no firmaban acuerdos en el marco del artículo 98.
