La celebración este martes del primer año de la Corte Penal Internacional y la extradición de un ex represor argentino de México a España, imputado de delitos contra la humanidad, marcaron en los últimos cuatro días dos hitos para la justicia internacional.
Ambos hechos, aplaudidos por grupos humanitarios, académicos y políticos, apuntalan la tesis de la llamada justicia universal, según la cual los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato político deben ser juzgados y sancionados sin que pueda evitarlo voluntad política o ley nacional alguna.
En esa línea, México extraditó el sábado a España al ex capitán de la armada argentina Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico o Marcelo, para que la Audiencia Nacional a instancias del juez Baltasar Garzón lo enjuicie por delitos contra la humanidad.
La extradición, que era esperada desde mediados de junio cuando la Corte Suprema autorizó el envío de Cavallo, representó un hecho inédito, pues es el primer militar latinoamericano procesado por un juez de un país distinto al encausado y tras ser llevado a prisión en un lugar donde no tenía problemas legales.
Cavallo, quien fue detenido en agosto de 2000 en México, donde se desempeñaba como un exitoso empresario, es acusado de haber torturado, asesinado y desaparecido a docenas de personas durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), su país de origen y donde fuera beneficiado por leyes de amnistía.
El ex militar se negó a declarar en España, en señal de no reconocerle jurisdicción, y permanecerá encarcelado hasta que el tribunal se expida sobre las acusaciones contenidas en su contra en la causa por delitos cometidos por las dictaduras del Cono Sur de América que lleva adelante Garzón.
Precisamente, la forma en que fue tratado Cavallo en México contrastó con la negativa del gobierno de Gran Bretaña de otorgar la extradición también a España y por la misma causa del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien se lo dejó volver a su país en marzo de 2000 aduciendo razones de salud.
”México dio ejemplo y apuntaló a la justicia universal, por lo que hoy es felicitado en todo el mundo”, dijo a IPS Alfonso García, portavoz en México de Amnistía Internacional, el grupo humanitario con sede en Londres.
Similar opinión expresó Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ”México mostró tener un poder judicial avanzado, que reconoce los principios internacionales de la justicia”, expresó a IPS.
No obstante las felicitaciones, tanto Pérez como Carmona demandaron al gobierno de Vicente Fox completar la tarea ratificando el llamado Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI).
La adhesión al estatuto firmado el 17 de julio de 1998 en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas realizada en la capital italiana ya fue completada por 90 países, pero no por México ni otros de singular peso internacional como China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia.
Que la CPI haya llegado a su primer aniversario trabajando y con una misión bien definida ”es otra victoria clara de la justicia universal”, sostuvo el portavoz de Amnistía Internacional.
La CPI, establecida desde el 1 de julio de 2002 en la Haya, es el primer tribunal de carácter permanente que puede juzgar delitos contra la humanidad, como los que presuntamente cometió Cavallo.
Pero el ex militar argentino no podría ser juzgado por la CPI, pues su alcance se limita a crímenes contra la humanidad cometidos después de su constitución como tribunal y en los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma.
Además, la CPI sólo puede actuar luego de que lo hagan las cortes locales y sólo si éstas decidieran, por voluntad propia o en atención a leyes que se lo impidan, no perseguir ni sancionar a individuos acusados de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad o genocidio.
El caso Cavallo es emblemático, ”pues demostró que con un poco de cooperación entre países se pueden aplicar principios de la justicia universal sin poner límites por tiempo ni pretextos como el de los delitos prescritos”, expresó el representante de Amnistía Internacional.
Gracias al acuerdo de extradición entre México y España, se pudo concretar el envío del ex militar al país europeo.
Sin embargo, con base a ese mismo acuerdo también han sido extraditados de México a España varios ciudadanos vascos, acusados en su país de terrorismo, un hecho cuestionado por grupos humanitarios mexicanos por enteder que se hizo de forma irregular y violando sus derechos.
”Lo importante es que Cavallo ya está siendo juzgado en España, lo que es un triunfo para todos, y que la CPI se levante contra los actuales violadores de derechos humanos”, expresó la portavoz la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Para Diego Beas, experto en derecho internacional de la mexicana Universidad Iberoamericana, la CPI aún con sus limitaciones representa uno de los proyectos ”más importantes que la voluntad política internacional ha logrado crear”.
Sus estatutos establecen que la intervención de la CPI debe ser solicitada por los países adherentes o por el fiscal de la corte. Pero además, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas puede pedir al CPI tratar el caso de algún país no adherente.
La CPI está integrada por 18 jueces de países diferentes y su fiscal general es el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, quienes ya están en pleno trabajo y según trascendió recibieron 400 querellas.
Pero la tarea de estos jueces no será nada fácil, pues Estados Unidos y otros países poderosos quedaron fuera del alcance del tribunal. Debido a ello, muchos posibles responsables de crímenes contra la humanidad, podrían quedar en la impunidad.
Washington, a contracorriente de la lucha para establecer la justicia universal, logró además que 40 países firmaran tratados bilaterales para impedir que ciudadanos estadounidenses puedan ser juzgados por la CPI. En América Latina lo han hecho Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
