Miles de víctimas de la tortura durante la dictadura en Chile esperan que por fin justicia de la propuesta que presentará este mes el gobierno para dar una solución integral a los conflictos pendientes por violaciones de los derechos humanos.
Próximo a cumplir tres décadas del cruento golpe militar que dio inicio a casi 17 años de régimen dictatorial del general Augusto Pinochet, los torturados no han recibido aún reparación alguna, al contrario de los familiares de desaparecidos y de prisioneros políticos asesinados por la represión.
Los afectados por los crueles maltratos esperan de parte del Estado reparaciones políticas, morales y económicas, así como sistemas de asistencia permanente en el tratamiento de las secuelas físicas, psicológicas y sociales, dijo a IPS Hervi Lara, del Comité Ejecutivo de la Comisión Etica contra la Tortura.
La Comisión demandó poner fin a la impunidad en que permanecen esas violaciones de los derechos básicos, llevando ante la justicia a los torturadores y sus gestores intelectuales, junto con la aprobación de normas antitortura y el diseño de políticas de prevención y erradicación de esa práctica inhumana en el país.
Estos planteamientos, formulados directamente al presidente Ricardo Lagos, fueron refrendados en una declaración emitida el 27 de junio, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido por la Organización de las Naciones Unidas.
La propuesta gubernamental sobre derechos humanos deberá establecer nuevas formas de indemnización, así como de asistencia en educación y salud para los familiares de unos 3.000 asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar, iniciada el 11 de septiembre de 1973 y finalizada el 11 de marzo de 1990.
A la vez, se espera que Lagos proponga al Congreso legislativo nuevas fórmulas legales para que los tribunales puedan ubicar los restos de un millar de desaparecidos y sancionar de manera expedita a los autores de las desapariciones, para cerrar unos 300 procesos judiciales que involucran sobre todo a militares.
Las violaciones de derechos humanos representan ”una herida no cerrada” para la transición chilena y el propósito de Lagos es generar ahora una solución, con base en una secuencia que comienza en la verdad, sigue con la justicia, continúa con la reparación y busca luego la reconciliación.
Así lo describió el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Vidal, quien señaló que el paso final es el ”nunca más”, en el sentido de un compromiso de toda la sociedad de resguardar la democracia e impedir que se repitan las condiciones que llevaron al dramático quiebre institucional de 1973.
El gobierno ha realizado reuniones con dirigentes de partidos políticos y organizaciones humanitarias y de víctimas de la represión, incluyendo a los torturados, a los efectos de elaborar la propuesta final que enviará este mes al parlamento.
Cálculos de la Comisión Etica contra la Tortura indican que unos 500.000 chilenos fueron objeto de maltratos en diversos grados por parte de los cuerpos represivos y de seguridad de la dictadura, en un fenómeno asociado a la masividad del exilio, ya que muchos de ellos optaron luego por refugiarse en otros países.
El diputado socialista Carlos Montes, que apoya las demandas de la comisión, dijo a IPS que la cantidad de personas que deberían ser objeto de reparaciones puede ir de 30.000 hasta 150.000, según los criterios que se empleen en su calificación.
La propuesta al gobierno es que cree una Comisión de Reparación, ”conformada por personas de distintas vertientes doctrinarias, de reconocida solvencia moral y de un profundo compromiso con los derechos humanos”, que tenga como primera labor registrar oficialmente a los chilenos torturados entre 1973 y 1990.
A partir de ese registro, se podrá determinar quiénes padecen secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de los tormentos padecidos y garantizarles tanto la asistencia médica como beneficios de carácter previsional, laboral y de acceso a la vivienda y la educación.
El diputado Montes señaló que ”lo mínimo” es incorporar a estas personas al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), una iniciativa gubernamental de asistencia sanitaria que garantiza la cobertura médica y la gratuidad de los medicamentos a sus beneficiarios.
Un segundo aspecto es la reparación política y moral. ”El Estado chileno tiene que hacer un reconocimiento público de toda la gente que sufrió los apremios ilegítimos de un gobierno inconstitucional, instalado por la fuerza”, dijo a IPS Juan Fuentes, dirigente de la Corporación de Retornados y miembro también de la Comisión Etica contra la Tortura.
Esa reparación debe incluir la restitución de todos los derechos civiles y políticos de víctimas de la tortura, que en numerosos casos quedaron prontuariados en la policía, perdieron sus trabajos o debieron abandonar el país, como consecuencia de ”delitos” confesados bajo golpizas, descargas eléctricas u otros maltratos.
”Todos los que sufrieron las consecuencias de la barbarie que se desató con la dictadura tienen que recibir una reparación, que no es principalmente reparación material sino que, como dicen ellos, un reconocimiento”, comentó a IPS el sacerdote Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago.
”Si esas personas sufrieron tortura es porque estaban comprometidas con la lucha del pueblo por recuperar la democracia. Por lo tanto, son dignos de ensalzar, como diríamos en términos bíblicos, su compromiso, su valor y su testimonio”, añadió.
”La tortura es una cosa irracional y que nunca más debería estar presente, pero lamentablemente todavía hay violencias y apremios”, concluyó el representante de la Iglesia Católica.
