La justicia de Argentina ordenó la detención de 45 militares y un civil requeridos por el juez español Baltasar Garzón, quien los juzga en Madrid por crímenes de terrorismo, genocidio y torturas cometidos en la última dictadura (1976-1983).
Fuentes gubernamentales se manifestaron a favor de que esos crímenes fueran juzgados por tribunales argentinos, para lo cual la Corte Suprema de Justicia debería declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar este jueves al pedido de ”detención preventiva a los fines de la extradición” de los 46 argentinos a los que Garzón procesó por la muerte o desaparición, durante el régimen militar, de 600 ciudadanos españoles.
El pedido de Garzón llegó a la oficina local de Interpol (policía internacional) el miércoles por la noche, según fuentes judiciales.
Es la cuarta solicitud de detención librada por Garzón a Buenos Aires desde 1999. La lista original incluía a dos militares golpistas que fallecieron, el ex mandatario Leopoldo Galtieri y el marino Francis Whamond.
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Entre los requeridos se encuentran los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Omar Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, Jorge Anaya, Rubén Franco y Arturo Lami Dozo.
También el general retirado e intendente electo de la septentrional ciudad de Tucumán, Antonio Bussi, y un civil, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa.
Algunos de los requeridos están detenidos en Argentina, acusados de secuestrar hijos de mujeres asesinadas o desaparecidas durante la dictadura.
Pero como la mayoría tiene más de 70 años gozan del beneficio del arresto domiciliario.
Desde Estados Unidos, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Néstor Kirchner aseguró que ”ése es un tema exclusivo de la justicia” y que su gobierno no interferirá con la labor de los tribunales.
Canicoba Corral sostuvo que dispuso arrestos preventivos, para verificar la identidad de las personas requeridas y responder a Garzón, quien tendrá luego 30 días para enviar el pedido de extradición, redactado de acuerdo con las normas internacionales vigentes.
El juez destacó que estas detenciones constituyen ”una medida casi automática, un trámite previo al pedido formal de extradición”.
Canicoba Corral indicó que después del arresto preventivo se abrirá la instancia del juicio por la extradición, aunque aclaró que ”eso se resolverá caso por caso”.
En el país sigue vigente el decreto 1581, firmado en 2001 por el ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), que establece el rechazo automático de los pedidos de extradición de militares juzgados en el exterior por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983.
Según el decreto —que Kirchner prometió derogar—, la cancillería ”rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”, fundándose en el ”principio de territorialidad”.
Al respecto, Canicoba Corral explicó que la norma permite que se avance en los trámites de arresto, aunque ”las solicitudes de extradición sean rechazadas” más tarde.
”En el arresto provisorio no se aplica el principio de territorialidad. Basta la orden de detención, el delito y el monto de la pena”, sostuvo el magistrado.
En los ”últimos 50 días no se ha modificado la situación jurídica interna”, dijo a IPS la copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Graciela Rosemblum.
”Sigue vigente el decreto 1581 y la Corte todavía no se ha expedido sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, agregó.
Según la activista, ”el gobierno no ha tomado ninguna medida real sobre el tema de las extradiciones y se ha movido en la línea de la Tercera Vía, en el estilo del (primer ministro británico) Tony Blair: que sí, que no…”, opinó.
Además, ”el trámite del juicio de extradición lleva varios meses, porque después de lo que resuelva el juez hay apelaciones a la Corte Suprema y, en última instancia, es el Poder Ejecutivo el que decide, porque la ley faculta al gobierno a decidir si entrega o no a los militares”, abundó Canicoba Corral.
No obstante, Buenos Aires insiste en que será el Poder Judicial el que defina la suerte de los militares requeridos por terceros países por crímenes contra ciudadanos de esos estados.
El 10 de junio la Corte Suprema de Justicia de México concedió a España la extradición del represor argentino Ricardo Cavallo, quien era requerido por Garzón por los delitos de genocidio, tortura, secuestro y desaparición forzada de personas en Argentina durante la dictadura.
Cavallo fue el primer militar extraditado por otro país a un tercero, para ser juzgado por crímenes cometidos en Argentina. El Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores no realizaron gestiones ante México ni España en relación con este caso.
La decisión de Canicoba Corral podría tener efecto en otros países, como Alemania, Francia, Italia y Suecia, cuyos tribunales juzgan a militares argentinos que durante la represión ilegal de opositores cometieron crímenes contra ciudadanos de esas naciones.
Francia y Suecia han requerido con insistencia al ex marino Alfredo Astiz por los asesinatos de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, respectivamente.
Alemania ha solicitado la extradición de los generales retirados Guillermo Suárez Mason y Juan Bautista Sasiain y del coronel retirado Pedro Durán Sáenz, por el secuestro y asesinato de la socióloga alemana Elisabeth Kassemann.
En tanto Italia reclama a Suárez Mason y al general retirado Santiago Riveros por el homicidio de seis ciudadanos de ese país y la apropiación del nieto de la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien nació cuando su madre estaba secuestrada por los militares.
