Nuevos aires políticos favorecen en Argentina avances en salud sexual y reproductiva, pese a la férrea oposición de grupos religiosos ultraconservadores y hasta de una jueza que pretendió prohibir el uso de anticonceptivos.
El presidente Néstor Kirchner ratificó apenas asumió el cargo la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y avaló la política general al respecto encarada por el ministro de Salud, Ginés González García, uno de los sobrevivientes del gobierno interino anterior.
Este programa fue creado a partir de la aprobación en octubre de 2002 de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, reglamentada el 26 de mayo, un día después de que Kirchner se hiciera cargo del gobierno.
Sin embargo, especialistas y activistas de organizaciones de género mantienen la luz de alerta encendida por la oposición que subsiste en algunos círculos católicos, que no dudan en utilizar resquicios judiciales para tratar de detener los logros legislativos.
A pesar de la voluntad política del gobierno y del respaldo de muchas organizaciones de mujeres, sociales y médicas, ”existe una estrategia que se opone, por la vía judicial, a la aplicación de la ley”, explicó a IPS la coordinadora del Foro por los Derechos Reproductivos de la Argentina, Martha Rosenberg.
La activista hacía referencia así a la decisión de la jueza Cristina Garzón, de la central provincia de Córdoba, de aceptar el 22 de mayo un recurso de amparo presentado por la Fundación 25 de Marzo, para prohibir la fabricación y venta de anticonceptivos hormonales y de dispositivos intrauterinos (DIU) en todo el país.
Esta fundación es presidida por el sacerdote y abogado Fernando Altamira, quien pertenece a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una agrupación fundada por el fallecido obispo francés Marcel Lefebvre, excomulgado en 1988 por el papa Juan Pablo II debido a su negativa a aceptar las reformas del Concilio Vaticano II.
El dictamen de Garzón, que está en suspenso al haber sido apelado ante un tribunal superior, ”es decimonónico y clasista, pues pretende privar de un derecho a las mujeres más carenciadas del país”, afirmó Niza Solari, del Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM).
Por su parte, González García consideró que el recurso de amparo dispuesto por Grazón ”genera desamparo en la sociedad argentina, ya que nos remonta casi a un pasado de cavernas”.
”Hay extremistas de todo tipo, y esto no es más que un terrorismo judicial, ésta es una bomba social que vamos a desactivar”, aseguró.
La actitud de Altamira fue rechazada en particular por el arzobispado de Córdoba que, a través de un portavoz, sostuvo que el recurso de amparo era ”fundamentalista, hipócrita y terrorista”, porque apuntaba a defender un dogma sin tener en cuenta el impacto sobre las personas.
Así el ministro, en medio de la polémica desatada por Garzón, firmó el primer acuerdo de Argentina con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Fnuap), para promover el programa en el marco de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realzada en 1994 en El Cairo.
Para Nina Zamberlin, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), ”el programa beneficia en general a las mujeres que recurren a los centros de salud pública, es decir las de menores recursos”.
”A partir de su aplicación a nivel nacional y de la asignación de partidas presupuestarias específicas, las provincias dispondrán de insumos para garantizar el servicio en forma permanente”, comentó a IPS Zamberlin.
Entre los objetivos del nuevo Programa se encuentra el de ”alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”.
La norma fue sancionada con el propósito de disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes y contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, así como de patologías genitales y mamarias.
De este modo se trata también de bajar la cantidad de abortos, una práctica ilegal en Argentina y que es uno de los principales problemas de salud pública del país.
”Especialistas han estimado que se producen entre 335.000 y 400.000 abortos por año”, aunque otros ubican esa cifra ”entre 450.000 y 500.000”, según Cedes.
La mortalidad materna mostró una tendencia decreciente en los años 90 para ubicarse en 2001 en 43 por cada 100.000 nacidos vivos. Pero esa tasa nacional encubre fuertes diferencias entre las provincias de Argentina.
En la noroccidental provincial de Jujuy, una de las más pobres del país, se cuadruplica la mortalidad materna nacional, al llegar a 197 por cada 100.000 nacidos vivos, y en las nororientales Chaco y Formosa se triplica, mientras que en la ciudad de Buenos Aires sólo llega a nueve por 100.000.
Estadísticas del Ministerio de Salud Pública indican que las causas de mortalidad materna se distribuye en 53 por ciento por causas obstétricas directas, 31 por ciento por complicaciones de aborto y 16 por ciento por causas obstétricas indirectas.
”Tal vez a través de la mayor información y el acceso a los anticonceptivos puedan reducirse los daños causados por los abortos clandestinos y mal practicados”, destacó Solari.
Antes de la aprobación de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable menos de la mitad de las provincias argentinas contaban con programas de ese tipo. El parlamento de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma similar sólo en 2000.
Sin embargo, las autoridades de la capital argentinas implementan desde 1987 un programa de salud sexual a través de los hospitales generales, de niños y psiquiátricos.
Este plan incluye la ”provisión de información e insumos, tales como anticonceptivos hormonales, preservativos y DIU”, informó a IPS la jefa de la sección Adolescencia del estatal hospital Rivadavia, Eugenia Trumper.
Trumper evaluó de modo positivo el programa que se lleva adelante en Buenos Aires, porque ”contempla adecuadamente los derechos de salud reproductiva de la población”.
Mientras, Rosenberg, Solari, Trumper y Zamberlin coincidieron en la importancia de que se desarrollen campañas de información masiva y que se capaciten agentes sanitarios para trabajar con las comunidades más carenciadas.
El Programa pronto para poner en marcha será observado por los grupos no gubernamentales Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, Foro por los Derechos Reproductivos y la Red Nacional de Adolescentes por Salud Sexual y Reproductiva.
Ese trabajo de las organizaciones no gubernamentales cobra mayor importancia ante la dura embestida que recibe la iniciativa de partes de sectores ultraconservadores.
La propia jueza Garzón intentó en 1998 prohibir la píldora de anticoncepción de emergencia, conocida como ”del día después”, que ahora fue incorporada al programa nacional y es uno de los anticonceptivos aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Rosenberg sostuvo que quienes se oponen al programa ”embisten contra un derecho adquirido que la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable no hace más que extender a quienes por su vulnerabilidad no pueden ejercerlo, como son las mujeres pobres y adolescentes excluidas y excluidos de la educación”.
”Se trata de una campaña siniestra, sin bases científicas, que llevan adelante fundamentalistas que son incapaces de ver los intereses y las aspiraciones de las personas a las que dicen guiar”, sentenció.
