Los 10 millones de indígenas mexicanos siguen pobres y discriminados luego de tres años de gobierno de Vicente Fox, cuyas políticas hacia ellos son sólo asistenciales, dijo este miércoles un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, demandó al Estado definir una política integral hacia los nativos que vaya más allá del "discurso", al terminar una visita oficial a México de 17 días.
México es la nación de América Latina con más indígenas, y los pueblos originarios registran paupérrimos índices de desarrollo humano, hecho que Fox prometió cambiar de raíz cuando asumió la Presidencia en diciembre de 2000.
El mandatario presentó en marzo de 2002 el programa "Hacia una nueva relación", que según aseguró, sacaría a las etnias de su postración social, con políticas que superarían el paternalismo.
Pero la efectividad de ese programa está en entredicho, y Stavenhagen sostuvo que las políticas sociales para los nativos aún son de corte asistencial.
No obstante, Fox afirmó este miércoles, con base en estudios oficiales, que de 2000 a 2002, y gracias a la política social de su gobierno, la proporción de personas en condiciones de pobreza alimentaria disminuyó de 24,2 a 20,3 por ciento de la población.
El presidente destacó que las privaciones remediadas por esa política social existen sobre todo en zonas rurales, donde se concentran los indígenas.
Además, aseguró que el número de mexicanos con recursos insuficientes "para el desarrollo de sus capacidades y poder para superar la pobreza", se redujo en el mismo periodo de 31,9 a 26,5 por ciento.
"Nuestra política social ha dejado atrás el paternalismo y el clientelismo, y opera hoy bajo la fórmula de la corresponsabilidad", proclamó Fox.
De los 100 millones de habitantes de México, más de la mitad viven en la pobreza, y en ese grupo están casi todos los nativos.
Esa realidad existe pese a los postulados de la revolución agrarista de comienzos del siglo XX, a partir de la cual los habitantes del campo, y entre ellos los indígenas, fueron reivindicados como puntal del orgullo nacional, y se lanzaron para ellos costosos planes de desarrollo social.
Stavenhagen advirtió que si la situación continúa como hasta hoy, aumentará el riesgo de que se presenten brotes de violencia, como ya ocurrió con el surgimiento en 1994 del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), integrado mayoritariamente por indígenas.
El funcionario del foro mundial presentará el año próximo un informe de su visita a México ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la que podrían surgir recomendaciones y demandas a los actores políticos del país.
Pero el relator constató una realidad a la que los actores políticos ya están acostumbrados: "tener a todo un grupo social al margen del desarrollo del país y bajo total discriminación", dijo a IPS Luis Hernández, miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que reúne a simpatizantes del EZLN.
Según datos oficiales, de los cerca de 10 millones de indígenas que viven en México, no completaron la enseñanza primaria 75 por ciento, el doble del promedio general del país, y son analfabetos 44,7 por ciento, cuatro veces más que el promedio nacional.
La mortalidad infantil entre los pueblos nativos es 48,3 por cada mil nacidos vivos, frente a 28,2 por mil de promedio nacional, y la deficiencia en talla por edad en los niños indígenas es 73,2 por ciento, 22,7 por ciento más que el promedio del país.
Además, casi 60 por ciento de las viviendas indígenas carecen de agua potable, frente a 15,7 por ciento en todo el país.
"Está a la vista que indígenas y campesinos siguen igual o peor que antes", sostuvo Hernández, poniendo en duda las cifras presentadas por Fox sobre la reducción de la pobreza en zonas rurales.
La situación de los indígenas es en general crítica, apuntó Stavenhagen, quien manifestó especial preocupación en relación con la existencia de múltiples conflictos por tierras entre los grupos indígenas mexicanos, que podrían derivar en hechos violentos.
El gobierno de Fox reconoce que hay en la actualidad 14 "focos rojos" (críticos) de disputas por tierras en el país, especialmente por definición de límites. Todos corresponden a zonas indígenas.
Otro tema que preocupa a Stavenhagen es el "fracaso" de las reformas constitucionales sobre derechos de los pueblos indígenas que aprobaron en 2001 los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Esas reformas fueron sancionadas luego de que la comandancia del EZLN visitó la capital para pedir su aprobación, pero las modificaciones que les introdujo el parlamento dejaron insatisfechos al grupo insurgente y a las organizaciones de nativos.
Entre las normas aprobadas en aquella ocasión están las que reconocen derechos de autonomía y autodeterminación a los pueblos nativos, pero con límites basados en los "intereses del Estado".
El EZLN suspendió toda posibilidad de negociación con el gobierno sobre el asunto, pues evaluó que la reforma burlaba los llamados acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, firmados en 1996 por el grupo armado y el entonces presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).
Los integrantes del EZLN son menos de 10.000, la mayoría de ellos desarmados, y se mantienen en zonas selváticas del meridional estado de Chiapas, sin atacar ni ser atacados, gracias a una ley de pacificación vigente desde 1994.
Hernández estimó que gran parte de los mexicanos esperan que tras la visita y el informe del relator de la ONU, el gobierno y el resto de los actores políticos tomen en serio la necesidad de establecer una política integral hacia los nativos.
Hasta ahora, los indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres de México, y Fox no ha cumplido la promesa, similar a las de sus antecesores, de sacarlos del rezago. (FIN/IPS/dc/mp/hd pr/03)
